#InPerfecciones
Sin duda, la administración pública ha contribuido en el nacimiento, evolución y consolidación del Estado mexicano.
Alejandro Animas Vargas / @alexanimas
animasalejandro@gmail.com
En días pasados se dio la noticia de que la Cámara de Diputados había aprobado la desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), para transferir sus funciones al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Más allá de lo que se pueda opinar al respecto sobre las implicaciones que en materia de medición traerá consigo esta modificación,lo anterior nos lleva a reflexionar que la administración pública siempre está en constante cambio.
En México, la administración pública ha desempeñado un papel fundamental en distintas etapas históricas, desde la construcción del Estado independiente, pasando por su consolidación tras la Revolución Mexicana, hasta los procesos de modernización y reforma actuales. En 1821, la nación enfrentó el reto de organizar un Estado soberano en un territorio extenso y diverso, marcado por profundas desigualdades regionales y por constantes luchas entre proyectos imperialistas y republicanos, centralistas y federalistas, lo que acarreó continuas reformas y contrarreformas legales.
A pesar de sus limitaciones, poco a poco se fueron sentando bases importantes como la creación de secretarías de Estado y la promulgación de leyes orgánicas para estructurar el poder ejecutivo. Esta administración pública emergente fue un intento por dotar formalidad y continuidad a la acción gubernamental, aunque su efectividad se vio reducida por las inestabilidades políticas y los conflictos internos.
En los primeros 70 años de vida independiente, podemos identificar siete grandes momentos. El primero de ellos deriva de los Tratados de Córdoba, el Reglamento Provisional para el Gobierno Interior y Exterior de las Secretarías de Estado y del Despacho Universal de 1822 donde se menciona que habrán cuatro ministerios: Relaciones Exteriores e Interiores; Justicia y Negocios Eclesiásticos; Hacienda, y; Guerra y Marina. Recordemos que estamos hablando del Imperio de Iturbide y que la estructura propuesta no era más que una copia de la organización existente durante los últimos años de virreinato, misma que se mantuvo en la Constitución de 1824, cambiando solamente la denominación de ministros a secretarios para auxiliar al Presidente en el despacho de los negocios de gobierno. El México independiente y soberano nace repitiendo la organización burocrática del primer imperio.
En 1836 se promulgan las Bases y Leyes Constitucionales de la República Mexicana, las denominadas 7 Leyes del gobierno centralista, que sustituían a la Constitución de 1824. Se retoma el concepto de ministros, manteniendo los mismos cuatro, pero dividiendo los asuntos internos de los de relaciones exteriores, y eliminando el referente a justicia, quedando de la siguiente manera: del Interior; de Relaciones Exteriores; de Hacienda, y; de Guerra y Marina.
Para 1843 Antonio López de Santa Anna publica las Bases de Organización de la República, también conocidas como Bases Orgánicas, las cuales fueron un conjunto de leyes que dieron sustento a la vida pública tras la caída del régimen centralista. Se mantiene la figura de ministerios, dividida en cuatro, pero con diferente organización: Relaciones Exteriores, Gobernación y Policía; Justicia, Negocios Eclesiásticos, Instrucción Pública e Industria; Hacienda; Guerra y Marina. Aquí se vuelven a juntar en un solo ministerio las funciones de política interior y exterior, y se retoma un ministerio de justicia, agregándole lo religioso, lo educativo y lo industrial.
En 1852, salen las Bases para la Administración de la República, un conjunto de leyes que establecían un sistema centralista y que pasaba de los tradicionales 4 ministerios a 5 secretarías: Relaciones Exteriores; Relaciones Interiores, Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública; Fomento, Colonización, Industria y Comercio; Guerra y Marina, y; Hacienda. Ahora separan lo referente a política exterior de lo interior sumándole a esta última la parte de justicia. La nueva secretaría se enfocaría a lo económico.
En el Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana de 1856, nuevamente pasaron a ser ministerios, se simplificaban los nombres y aumentaban a seis: Relaciones Exteriores, Gobernación; Justicia; Fomento; Guerra, y; Hacienda. En esta ocasión lo destacable es la separación gobernación de justicia.
1861 fue un año atípico porque en febrero se publica el Decreto sobre los ramos de la Administración Pública para su despacho, señalando seis Secretarías de Estado: Relaciones Exteriores; Gobernación; Justicia e Instrucción Pública; Fomento; Hacienda y Crédito Público, y; Guerra y Marina. Las circunstancias del país obligaron a una rápida reorganización con el fin de ahorrar recursos, reduciendo en abril de ese año, el número de secretarías a 4: Relaciones Exteriores y Gobernación; Justicia, Fomento e Instrucción Pública; Hacienda y Crédito Público, y Guerra y Marina.
La organización administrativa y legal del país terminaría por estabilizarse en 1891 cuando se publica el Decreto que establece el modo como deben distribuirse los negocios entre las Secretarías de Estado (conocida como Ley de Secretarías), las cuales se distribuían en: Relaciones Exteriores; Gobernación; Justicia e Instrucción Pública; Fomento; Hacienda, Crédito Público y Comercio; Guerra y Marina; Comunicaciones y Obras Públicas. A las anteriores se les añadiría, la de Instrucción Pública y Bellas Artes, en 1905, lo que vendría a ser la primera modificación a la administración pública en el siglo.
Como pudimos ver, a lo largo del siglo XIX, tres secretarías o ministerios se mantuvieron, Relaciones Exteriores, Hacienda y Guerra y Marina, porque daban respuesta a tres problemas básicos para la sobrevivencia de la naciente república: el reconocimiento internacional, la recolección de impuestos y el pago de bienes y servicios, y la defensa de la patria. Otras más entraban y salían del organigrama oficial. El país empezó con cuatro y terminó con ocho secretarías, señal de un largo proceso de adaptación a la realidad nacional e incluso a una visión del país, como lo fue la secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, que apuntaba al primer centenario de la independencia. Sin duda, la administración pública ha contribuido en el nacimiento, evolución y consolidación del Estado mexicano, con la construcción institucional, que sin estar exenta de tensiones, han acompañado su desarrollo. En otra entrega veremos la evolución postrevolucionaria.
