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México, que tanto ha llorado por sus hijos migrantes, también tiene en sus tierras a miles de personas que huyen del hambre, de la violencia, del colapso político de sus países.
Miguel Angel Millán Cancino / @MiAngel_Millan
miangel.millan@inperfecto.com.mx
En las últimas semanas, los ojos del mundo han estado puestos en las protestas de migrantes mexicanos en Estados Unidos. Hemos visto, con rabia e indignación, cómo los marines de Trump han reprimido con brutalidad a quienes exigen respeto a sus derechos humanos, a su dignidad, a su existencia.
Pero hay otra cara del exilio, otra cara de la desesperación que se vive no al norte, sino al sur del muro. Porque México, que tanto ha llorado por sus hijos migrantes, también tiene en sus tierras a miles de personas que huyen del hambre, de la violencia, del colapso político de sus países. Y el trato que reciben en este país que presume de hospitalidad es, en demasiados casos, una vergüenza nacional.
Sí, México es también un infierno para los migrantes. Y esto hay que decirlo con todas sus letras.
¿Quiénes son estos migrantes?
Son hombres, mujeres, adolescentes, niñas y niños provenientes de Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Haití, Venezuela, Colombia, incluso de países africanos como Camerún, Angola o Senegal. Huyen de contextos de guerra, de regímenes autoritarios, de crisis climáticas, de pandillas, de pobreza extrema. No están aquí porque quieren, están aquí porque no tienen otra opción.
Según datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, tan solo en 2024 se registraron más de 782,000 eventos de personas extranjeras en situación migratoria irregular en México, una cifra récord que supera ampliamente los registros de años anteriores. La mayoría son de Centroamérica, pero también hay presencia creciente de migrantes haitianos y venezolanos, quienes enfrentan obstáculos adicionales como la discriminación por el color de piel y las barreras lingüísticas.
¿Qué hace México con ellos?
Lo que hace es inhumano. Lo que hace es ilegal. Lo que hace es indignante.
Desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y ahora con la continuidad de Claudia Sheinbaum, la política migratoria mexicana ha estado subordinada a los intereses de Estados Unidos. En 2019, México aceptó convertirse en el “tercer país seguro” de facto, militarizando su frontera sur con la Guardia Nacional, firmando acuerdos para retener a los migrantes en su territorio y ampliando el uso de estaciones migratorias como centros de detención.
Durante el actual gobierno de Sheinbaum, que apenas comienza pero ya da señales claras de continuidad, en tan solo los primeros seis meses de transición se han deportado a más de 98,000 personas, según cifras del Instituto Nacional de Migración (INM). Y lo más grave: México está deportando incluso a países en crisis humanitaria, contraviniendo acuerdos internacionales como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.
¿Y qué ocurre mientras esperan en territorio mexicano?
Lo que ocurre es violencia. Extorsión. Desapariciones. Esclavitud. Trata.
Organizaciones como el albergue “La 72” en Tenosique, Tabasco, o “Casa del Migrante” en Saltillo, reportan que hasta 7 de cada 10 migrantes que cruzan México han sido víctimas de algún tipo de violencia física, sexual o psicológica. El crimen organizado controla rutas migratorias completas, cobrando derecho de paso, secuestrando, asesinando.
Y el Estado mexicano, en lugar de protegerlos, ha criminalizado a quienes los defienden. El caso de las detenciones arbitrarias de activistas, como lo que sucedió con Irineo Mujica, o el hostigamiento contra refugios y albergues, es una mancha más a la supuesta política “humanitaria” de este país.
Una hipocresía institucionalizada
Mientras Claudia Sheinbaum se llena la boca hablando de derechos humanos y de justicia social, el Instituto Nacional de Migración sigue operando como una maquinaria opaca, corrupta y sin control judicial efectivo. En 2023, el INM fue acusado de múltiples actos de corrupción vinculados a las estaciones migratorias, incluyendo sobornos, maltrato, negligencia médica e incluso muertes.
¿Ya se nos olvidó el incendio en Ciudad Juárez en marzo de 2023, donde 40 migrantes murieron calcinados mientras agentes del INM los dejaban encerrados bajo llave? ¿Ya perdonamos ese crimen de Estado? ¿Dónde están las consecuencias? ¿Dónde están los responsables?
Ni uno solo ha sido condenado. La impunidad en México también aplica para los crímenes contra migrantes.
México, espejo roto de América Latina
Nos duele cuando tratan mal a los nuestros en el extranjero. Y con razón. Pero también hay que asumir la responsabilidad de cómo tratamos a los otros. A los que no tienen documentos. A los que hablan con acento distinto. A los que vienen en sandalias con los pies rotos, con los hijos en brazos, huyendo del infierno que nadie quiso ver.
Hoy en las calles de Tapachula, Ciudad Hidalgo, Tenosique, Coatzacoalcos o Piedras Negras, hay miles de hermanos latinoamericanos varados, sin ayuda, sin techo, sin protección. Muchos durmiendo en la calle. Muchos engañados por agentes migratorios, asaltados por la Guardia Nacional, extorsionados por policías estatales o municipales.
¿Y el pueblo mexicano? En muchos casos, también se ha vuelto cómplice.
El racismo no es solo cosa de gringos
Las expresiones de racismo y xenofobia hacia migrantes haitianos o centroamericanos en México se han multiplicado. En redes sociales, en la calle, en los trámites. Hay quienes los llaman “plaga”, “invasores”, “apestosos”. Se les niega el empleo, se les cobra el doble por rentar una habitación, se les niega atención médica. Y muchas veces, ni siquiera se les cree cuando denuncian violaciones a sus derechos.
La discriminación estructural que sufrimos como país se reproduce con violencia contra quienes están en situación aún más vulnerable. Y eso no se puede permitir.
La dignidad no tiene nacionalidad
Esta editorial no es solo una denuncia. Es un grito de solidaridad.
Porque el migrante centroamericano que duerme hoy en una banqueta en Chiapas también está huyendo de un narcoestado. Porque la madre haitiana que cruza México a pie con sus tres hijos también quiere un futuro sin violencia. Porque el joven venezolano que duerme en la central de autobuses también tiene derecho a soñar.
Y México tiene la obligación moral, histórica y legal de protegerlos. No como limosneros. No como favor. Sino como política de Estado y mandato humanitario.
¿Qué sigue?
Exigimos al gobierno de Claudia Sheinbaum:
El cese inmediato de las deportaciones masivas.
El desmantelamiento de estaciones migratorias que operan como cárceles clandestinas.
Que se garantice el acceso a refugios, atención médica, legal y psicológica para las personas en tránsito.
Que se castigue, de verdad, a los funcionarios del INM responsables de violaciones a derechos humanos.
Y sobre todo: que se escuche a los migrantes. Que se les reconozca. Que se les trate con la dignidad que cualquier ser humano merece.
Porque ellos también son víctimas del sistema. Porque ellos también son nuestros hermanos. Porque su dolor, aunque lo oculten tras una sonrisa cansada, es también nuestra responsabilidad.
La historia nos juzgará. Y lo hará por cómo tratamos a los más vulnerables. No hay medias tintas.
Hoy, como medio de comunicación, como ciudadanos, como seres humanos, alzamos la voz por ellos.
Y no vamos a callarnos.




