#InPerfecciones
Los sistemas electorales más allá de establecer las reglas del juego, inciden directamente en la composición de los poderes ejecutivo y legislativo al establecer quienes han de jugar.
Alejandro Animas Vargas / @alexanimas
animasalejandro@gmail.com
La reciente instalación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral marca el inicio de un periodo comprendido entre septiembre y diciembre, durante el cual se desarrollarán foros, estudios, debates y diversos eventos orientados a analizar la necesidad de una nueva reforma electoral. Se prevé que esta Comisión presente formalmente la propuesta correspondiente en enero de 2026.
Entre los elementos más destacados de las diferentes propuestas presidenciales se encuentran: la reducción del aparato institucional del Instituto Nacional Electoral (INE) y la elección de los miembros del consejo General por voto popular en lugar de designación por el Congreso; la disminución del financiamiento público tanto a los partidos políticos como al INE; la eliminación de la representación proporcional para diputados y senadores, así como la desaparición de los senadores de primera minoría; la supresión de organismos electorales locales; y eliminar el fuero a los legisladores.
Como podemos ver, estos temas reflejan las prioridades del poder ejecutivo, y en caso de aprobarse en los términos propuestos (algo que me atrevo a pronosticar que así será), los impactos serían diferenciados, siendo lo más preocupante, que la desaparición de legisladores por representación proporcional alteraría de manera significativa la correlación de fuerzas políticas en el país, algo no observado desde 1977. A continuación, se presenta una visión general de la evolución del marco electoral mexicano.
En 1976, el sistema político mexicano contaba con solo cuatro partidos: PAN, PRI, PPS y PARM. Durante ese año, las elecciones presidenciales tuvieron un único candidato postulado por la alianza PRI-PPS-PARM, ya que el PAN, la única oposición real, no presentó candidato debido a conflictos internos. En aquel contexto, la presidencia ejercía un control absoluto sobre las autoridades electorales, la movilización de recursos y personas, el manejo de programas gubernamentales clientelares, el financiamiento de campañas y, en caso necesario, la realización de fraudes, haciendo prácticamente imposible que la oposición ganara un distrito de mayoría. La Cámara de Diputados en 1976 estaba integrada por 237 miembros, de los cuales 41 eran “diputados de partido” (una mecanismo limitado de acceso a la oposición a la Cámara de Diputados) y 196 de mayoría relativa, con solo un diputado de oposición. En el Senado, de 62 representantes, 61 eran del PRI y otro era del PPS, en coalición con el PRI.
Ante este panorama, el entonces presidente José López Portillo reconoció la necesidad de abrir espacios para la oposición en la Cámara de Diputados, lo que derivó en una reforma legal. Así, se aprueba la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales que creaba un sistema mixto de representación: se definieron 300 diputados de mayoría relativa y se añadieron 100 por representación proporcional, solamente para de los partidos de oposición, que serían distribuidos según el porcentaje de votos obtenido. Posteriormente, en 1986, se incrementó el número de diputados de representación proporcional a 200, permitiendo también el acceso del partido mayoritario, el PRI en esa época.
De manera similar, las controvertidas elecciones presidenciales de 1988, que no dejó contentos a ganadores ni a perdedores, llevó a una nueva reforma electoral para legitimar los procesos electorales, que culminó con la aprobación del Código Federal de Procedimientos e Instituciones Electorales en 1990 y la creación del Instituto Federal Electoral, cuyo Consejo General estaría integrado por representantes del gobierno federal, diputados, senadores, partidos políticos y 6 consejeros magistrados aprobados por mayoría calificada de los diputados a propuesta del presidente de la república. Este proceso inició la ciudadanización del IFE.
En 1993 se dio otra reforma que impactaba en la representación, ahora en el Senado de la República para aumentar su número de 64 a 128 legisladores, 3 por mayoría y 1 a la primera minoría en cada entidad federativa; en 1996 el modelo cambió a 2 senadores por mayoría, 1 a la primera minoría y los 32 restantes por representación proporcional. Esto permitió la presencia de partidos de oposición en el Senado, representando la pluralidad política nacional, aunque también generó cuestionamientos sobre la equidad de senadores por entidad federativa.
Los sistemas electorales más allá de establecer las reglas del juego, inciden directamente en la composición de los poderes ejecutivo y legislativo al establecer quienes han de jugar, es decir, establecen el cómo y a quiénes puede elegir la ciudadanía. Los sistemas electorales tienen dos mecanismos generales con sus distintas variantes.
Mientras la elección por mayoría tiende a favorecer la estabilidad gubernamental, pero al tener un solo ganador y muchos perdedores, pueden excluir a las minorías. Por otro lado, la elección proporcional refleja de mejor manera la voluntad de los ciudadanos ya que los cargos se distribuyen conforme al porcentaje de votos, pero pueden llevar a situaciones de inestabilidad. No existe un modelo universalmente aplicable, y en ambos casos requieren implementarse en contextos democráticos robustos.
Las reformas electorales históricamente han buscado fortalecer la legitimidad, incrementar la participación opositora, reflejar el pluralismo social, ciudadanizar al organismo encargado de organizar y vigilar las elecciones, y mejorar la fiscalización y equidad en el acceso a recursos y medios. El énfasis actual parece centrarse en la reducción de costos asociados a los procesos electorales y a los partidos políticos, sin embargo, la actual coyuntura evidencia que la centralidad del debate no es la austeridad sino que es una disputa por el poder político, porque mecanismos para hacer ahorros sin tocar la pluralidad hay muchos, empezando por cancelar todos los apoyos para las fracciones parlamentarias, gastos para oficinas de representación de legisladores y muchas otras.
Dadas las circunstancias de control sobre recursos, movilización y autoridades por parte del grupo en el poder, una contienda electoral donde solo existan elecciones por mayoría, presenta desigualdades notables para la oposición reduciendo sus probabilidades de éxito. Por decirlo en términos populares “la cancha no estaría pareja”. En ausencia de figuras de representación proporcional, existe el riesgo de regresar a los tiempos del partido hegemónico, lo que suscita interrogantes acerca de la concentración de poder y la vigencia del pluralismo democrático.
Jonathan Wolf señala en su libro Filosofía Política. Una introducción, que “el poder político incluye el derecho de dar órdenes a otras personas y de castigarlas cuando desobedezcan, ¿quién debería tener un poder así?”. Retomando sus palabras podemos preguntarnos si queremos regresar a los tiempos de predominio unipartidista en el Congreso.
