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“El presupuesto 2026: más deuda, menos futuro; un festín para el oficialismo pagado con la billetera de los mexicanos.”
Eder Mendoza / @ai.edcissce
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Cada septiembre, el gobierno federal presenta su Paquete Económico como si fuera una hoja de ruta hacia el progreso. El de 2026 no es la excepción: promete disciplina fiscal, bienestar social y estabilidad macroeconómica. El discurso es seductor, pero detrás de las cifras relucientes se esconden señales de alarma. Lo que debería ser una herramienta de planeación nacional termina pareciendo un manual de supervivencia política.
El primer punto incómodo es la deuda. El saldo histórico de las obligaciones públicas se acerca ya al 52% del PIB. Dicho en sencillo: cada peso recaudado tiene un destino preferente en los pagos de intereses y no en escuelas, hospitales o seguridad. El oficialismo lo presenta como inversión en futuro, pero en realidad es una transferencia generacional: los ciudadanos de mañana pagarán el costo de las decisiones cómodas de hoy.
El déficit proyectado es otro espejismo. Se presume una ligera reducción, pero no proviene de medidas estructurales ni de eficiencia en el gasto. Se sostiene en supuestos optimistas: mayor crecimiento, más recaudación, precios internacionales del petróleo favorables. Si esas apuestas fallan —y la experiencia demuestra que suelen fallar— el boquete fiscal crecerá como una grieta en un muro ya debilitado.
Más revelador aún es el reparto del gasto. Dependencias esenciales como educación, seguridad o salud reciben recursos insuficientes, mientras que Pemex y la CFE son tratados como consentidos del presupuesto. Se les asignan miles de millones sin acompañarlos de una transformación seria en su operación. Es dinero para tapar huecos, no para construir futuro. Una inyección política más que económica, porque mantenerlas en pie se ha vuelto un símbolo ideológico indispensable para el oficialismo.
Los programas sociales, por su parte, crecen en montos, pero no en calidad. No se cuestiona su importancia como mecanismo de apoyo a millones de familias, pero la ausencia de criterios claros de evaluación abre la puerta al clientelismo. El riesgo es que, lejos de convertirse en políticas de Estado, sigan siendo políticas de coyuntura: útiles para garantizar lealtades, pero frágiles en su sostenibilidad.
Y aquí conviene detenerse en el contraste histórico del endeudamiento. Con Calderón, la deuda pública pasó de 28 a 35% del PIB; con Peña Nieto escaló de 35 a 43%. Bajo Morena, inició en 43% y ya roza el 52%. En números absolutos, la deuda ha crecido de 10.5 a más de 17 billones de pesos, el salto más grande en términos nominales en la historia reciente. Aunque el porcentaje del PIB no haya subido tanto como en sexenios previos, el peso que representa sobre las finanzas nacionales es mucho más grave porque se parte de una base ya inflada. En otras palabras: el margen de maniobra se agotó, y cada peso adicional de deuda es más costoso que nunca.
El gran ausente del presupuesto 2026 es la visión de largo plazo. No hay una reforma fiscal que amplíe la base tributaria, no hay incentivos sólidos para la inversión privada, no hay estrategia clara para reducir la dependencia del petróleo o mejorar la eficiencia del gasto. En su lugar hay parches, hay discursos, hay apuestas de corto plazo.
El oficialismo insiste en que este presupuesto refleja su compromiso con “los de abajo”. Pero los números cuentan otra historia: la de un gobierno que se protege a sí mismo, que fortalece sus símbolos y que administra la escasez con la mirada puesta más en la coyuntura política que en la sostenibilidad nacional.
La pregunta es incómoda pero inevitable: ¿el presupuesto de egresos 2026 es un instrumento de Estado o una herramienta de poder? Mientras no se responda con hechos, la ciudadanía seguirá pagando las facturas de una administración que confunde interés público con conveniencia política.
