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Las autoridades de salud deben garantizar que todas la personas que viven con VIH tengan acceso a tratamiento y servicios de atención para enfrentar la enfermedad.
EFE
Las autoridades de salud deben garantizar que todas la personas que viven con VIH tengan acceso a tratamiento y servicios de atención para enfrentar la enfermedad, advirtió este martes la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
“La CNDH hace un llamado urgente al secretario de Salud, Jorge Alcocer -en su calidad de coordinador del Sistema Nacional de Salud- para que se implementen acciones inmediatas que garanticen a las personas que viven con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) acceso efectivo a servicios integrales en materia de prevención, atención y seguimiento a la salud”, indicó la institución en un boletín.
Al conmemorarse este 1 de diciembre el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, la CNDH señaló que la atención proporcionada a quienes viven con esta condición de salud “debe observar en todo momento el respeto a los derechos humanos, a la igualdad sustantiva y a libertad personal”.
Por ello, también solicitó a las secretarías de Educación Pública, Salud y Cultura, de la Administración Pública Federal, “coordinarse para aplicar planes y programas de estudio destinados a la formación en temas de educación sexual integral y reproductiva”, ajenos a “cualquier doctrina religiosa”.
Asimismo, el organismo subrayó la necesidad de eliminar” prácticas agresivas, discriminatorias y coercitivas como la aplicación obligatoria de pruebas para la detección del VIH”.
Además, exhortó al Poder Legislativo para que tome acciones urgentes a fin de evitar que las legislaciones penal y sanitaria prevean delitos específicos “contra la transmisión deliberada del VIH” y a que en esos casos excepcionales “se apliquen figuras delictivas en general”.
Al respecto, la CNDH recuerda que la Ley General de Salud establece que las autoridades sanitarias son el presidente del país, el Consejo de Salubridad General, la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas.
“Por lo que no dota de facultades ni competencia a las autoridades judiciales para desarrollar acciones y políticas de prevención y control de enfermedades transmisibles como el VIH”, apuntó.
Según datos del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred) de la Ciudad de México, alrededor de 230.000 personas viven con VIH en México, unos 50.000 en la capital.
El nivel de diagnóstico del VIH es del 60 %. El 17 % de las personas diagnosticadas no se incorpora al tratamiento de manera inmediata.
De acuerdo con el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH (Censida), de las personas que se encuentran en tratamiento antirretroviral, 21.500 son mujeres y casi 79.000 son hombres.
En 2019 hubo 12.064 nuevos casos en tratamiento antirretroviral, de los cuales el 45 % corresponde a personas entre los 15 y 29 años.
La Suprema Corte de Justicia amparó a mediados de noviembre y por primera vez a dos personas para que el Gobierno mexicano garantice su tratamiento contra el VIH en medio de una crisis de desabasto de medicamentos.
En los últimos meses, los pacientes mexicanos que padecen VIH viven pendientes de un hilo por la falta de medicamentos antirretrovirales, la suspensión de consultas y el miedo a infectarse del nuevo virus de la covid-19.
