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La trampa discursiva del juicio a ex presidentes cumple con un cometido que no es únicamente político.
Carlos Rosas Cancino / @CarlosRosas_C
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Aunque el tema de la Consulta para juzgar a los ex presidentes es un ofrecimiento de campaña que en su momento arrancó ovaciones y la expectativa por tan siquiera imaginar a uno de esos personajes sentado en el banquillo de los acusados para responder por todos esos crímenes que con el paso del tiempo se convirtieron en durísimos ejemplos de impunidad.
Buscar que la justicia alcance a todo aquel que infringe la ley es una obligación de las autoridades, en ese sentido eso es lo que se espera de parte de propios y extraños, incluso por consenso social, el hecho de pensar que enjuiciar a los ex presidentes es posible, representa en el imaginario una sensación de que las cosas por fin se pueden encausar de manera distinta, insisto, por consenso nadie estaría en contra, únicamente los acusados, claro está.
Sin embargo, el escenario que se ha planteado presenta una serie de inconsistencias jurídicas que representan más una estrategia de corte populista y no de apego a la ley, sobre todo cuando recordamos que ha sido el Presidente López Obrador quien puso sobre la mesa el punto de “nada ni nadie por encima de la ley”, en ese sentido, volvemos al tema del consenso social, ¿quién estaría en contra de que la ley se implemente?, ¿pero que tenemos?, tenemos un planteamiento que si bien pone en la palestra la premisa de que la voz del pueblo debe ser el camino que sigan los gobernantes, el mecanismo resulta engañoso ya que plantea sutilmente –y paradójicamente- el no apegarse a la ley.
Las firmas recabadas para llevar la propuesta de juicio a ex presidentes a la Cámara y después a la SCJN que discutirá y votará la propuesta, pende de un hilo. El planteamiento que muy probablemente sea declarado inconstitucional se ha convertido no en una acción de Gobierno para dar un golpe de autoridad y legalidad, se ha convertido en un estandarte de campaña que hábilmente a sabiendas que puede ser declarado inconstitucional, puede ser utilizado en el discurso como argumento para descalificar la actuación de la SCJN, pensando que López Obrador aún tiene la posibilidad de enviar una iniciativa de reforma constitucional para cumplir con su cometido, al final se trata de atraer el ofrecimiento al terreno donde no habrá oposición para lograr lo propuesto y que de rebote logre socavar institucionalmente al máximo órgano de justicia de la nación.
La trampa discursiva del juicio a ex presidentes cumple con un cometido que no es únicamente político, atiende a dos objetivos muy claros, uno encaminado para su aprovechamiento electoral, el otro para mantener la atención concentrada en el tema y no en la justificación para la desaparición de 109 fideicomisos y su inevitable uso discrecional en los proyectos insignia de esta administración, al final, lo que en su momento fue señalado como una táctica del poder, el día de hoy resulta ser un mecanismo que atiende a lograr lo mismo pero con la tilde de la “esperanza”. Que reveladora es la esperanza en la transformación, por un lado promete justicia haciendo todo lo posible para no alcanzarla.
