1968, EN LA MEMORIA DE MÉXICO
Si bien se puede decir que el movimiento formalmente concluyó el 6 de diciembre con la disolución del CNH, lo ocurrido el 2 de octubre en Tlatelolco fue un golpe que lo debilitó contundentemente. La exigencia de verdad y justicia no ha dejado de hacerse escuchar ante un hecho que continúa impune.
Carlos Rosas C.
Estimados InPerfectos, nos acercamos al momento histórico donde vergonzosamente se tiene que dar cuenta de la nefasta manera de responder del Gobierno federal a las demandas estudiantiles, el recuento que a continuación les traemos nos dará una visión general previa a los lamentables hechos acontecidos en la plaza de las tres culturas.
EL 68 MEXICANO
En 1968 se conformó un movimiento estudiantil que alzó la voz ante un régimen autoritario, que en aquel momento estaba encabezado por el presidente Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970). Las principales demandas de los estudiantes giraron en torno al cumplimiento de la Constitución, el fin de la represión gubernamental, el castigo a los culpables de la represión, la indemnización a las familias de los muertos y heridos, la libertad a presos políticos y la exigencia de diálogo.
El 22 de julio de 1968 se enfrentaron en la plaza de la Ciudadela estudiantes de las Vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional (IPN) contra estudiantes de la Preparatoria “Isaac Ochotorena” (particular, incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM). El día 26, estudiantes del IPN y la UNAM sufrieron una brutal agresión al manifestarse en las calles del centro de la ciudad. En la madrugada del 30, el Ejército tomó las instalaciones de la preparatoria de San Idelfonso tras derribar el portón colonial del edificio con un tiro de bazuca. Aquella noche fueron detenidos un centenar de jóvenes y, por primera vez, se habló de muertos y heridos.
Ante estos hechos, el entonces rector de la UNAM, José Barros Sierra, condenó los ataques y detenciones de estudiantes. Por otra parte, se conformó el Consejo Nacional de Huelga (CNH), instancia que agrupaba a representantes de distintas instituciones de educación superior del país.
Las demandas de los estudiantes terminaron concretándose, a través del pliego petitorio del CNH en seis puntos: 1) Libertad a los presos políticos; 2) Destitución de los generales Luis Cueto Ramírez y Raúl Mendiolea, así como también del teniente coronel Armando Frías; 3) Extinción del Cuerpo de Granaderos; 4) Derogación del artículo 145 y 145 bis del Código Penal Federal (delito de Disolución Social); 5) Indemnización a las familias de los muertos y a los heridos; 6) Deslindamiento de responsabilidades de los actos de represión y vandalismo por parte de las autoridades a través de policía, granaderos y ejército.
El 18 de septiembre, el Ejército tomó Ciudad Universitaria. A los seis días también fueron ocupadas las instalaciones de Zacatenco y Santo Tomás, del IPN. El 30 de septiembre el Ejército se retiró de Ciudad Universitaria y se acordó una reunión entre líderes del movimiento y representantes gubernamentales.
Estos últimos acontecimientos provocaron optimismo entre los estudiantes. A decir de Raúl Álvarez Garín, “después de dos semanas, la angustia y la incertidumbre producidas por la represión empezaban a disminuir y de nuevo se abrían perspectivas claras para el futuro”. La tarde del 2 de octubre se realizó un mitin en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, que de no haber sido por la represión ejercida por el gobierno, quizá no hubiese sido de los acontecimientos más importantes del movimiento.
Sobre lo ocurrido esa tarde en Tlatelolco existen diversas crónicas (Álvarez Garín, 1998; García Medrano, 1998; Mendoza, 2002; Monsiváis, 1970; Poniatowska, 1971; Scherer y Monsiváis, 1999; Vázquez Mantecón, 2007) y análisis históricos (Aguayo, 1998; Montemayor, 2000). Gracias a ellos, tenemos conocimiento de que a las 18:10 terminaba de hablar el último orador del mitin. Para ese momento, la Plaza de las Tres Culturas comenzó a ser cercada por agrupamientos del Ejército, francotiradores del Estado Mayor Presidencial y el Batallón Olimpia (individuos que se distinguían por llevar puesto un guante blanco). A la misma hora se observaron algunas bengalas, posiblemente lanzadas desde un helicóptero o desde un edificio. A partir de ese momento comenzó un fuego cruzado que duró un poco más de dos horas, aunque después de medianoche continuaron escuchándose descargas esporádicas.
No obstante, aún hay cuestiones que siguen siendo objeto de investigación en torno a lo ocurrido el 2 de octubre. Por ejemplo, desconocemos el número exacto de heridos, prisioneros y personas que perdieron la vida aquel día. Se han manejado diferentes cifras: 30 muertos, 53 heridos graves y más de 1500 presos (Excélsior, 4 de octubre de 1968: 1A); 350 muertos (documentos localizados en el National Security Archive de la Universidad George Washington); entre 150 y 200 (Embajada de Estados Unidos en México); 40 muertos (Comisión de Verdad de 1993).
Si bien se puede decir que el movimiento formalmente concluyó el 6 de diciembre con la disolución del CNH, lo ocurrido el 2 de octubre en Tlatelolco fue un golpe que lo debilitó contundentemente. La exigencia de verdad y justicia no ha dejado de hacerse escuchar ante un hecho que continúa impune. Y es que la represión (ejercida desde un inicio por parte del gobierno), no sólo dejó una huella indeleble entre quienes vivieron aquellos sucesos, sino que también ha sido el sello que marcó la memoria del movimiento estudiantil de 1968.
LA DENUNCIA EN LAS DISCUSIONES EN EL ESPACIO PÚBLICO
Sobre 1968 existen tantas memorias como individuos que lo vivieron. Sin embargo, en el espacio público de discusión han existido, en los diversos contextos históricos, algunas memorias dominantes de lo ocurrido en aquel verano en nuestro país: la memoria de la conjura, la memoria de denuncia y la memoria de elogio. Sin embargo, en este texto sólo nos ocuparemos de la relacionada con el 2 de octubre: la memoria de denuncia de la represión y los distintos momentos históricos que ha conocido a través de sus representaciones vehiculadas en las conmemoraciones del 2 de octubre, así como en las demandas exigidas por los actores sociales y políticos.
Representaciones del pasado y exigencias por resarcir los daños ocasionados en ese pasado reciente van unidas, aunque cada una de ellas tiene una historicidad que le es propia. En lo que sigue, buscaremos ir dando historicidad a cada una de ellas por separado. Esta división es exclusivamente de orden analítico, pues en la realidad ambas están ligadas. Sin embargo, consideramos que este análisis permite una riqueza en la interpretación de cada una de ellas. Tanto representaciones como demandas han sido vehiculadas por actores sociales y políticos, que han variado con los años. En general, desde 1969 y hasta 1977, no se trató de organizaciones, agrupaciones o partidos políticos: eran sobre todo estudiantes de las principales universidades del país quienes organizaban pequeños actos. Ello se debió a que la izquierda había salido muy debilitada del movimiento estudiantil, el Partido Comunista actuaba en la semilegalidad y no existían organizaciones alternativas que pudieran hacerse cargo del reclamo por el pasado.
A partir de 1978, con la reforma políticaemprendida por José López Portillo (PRI, 1976-1982), se puede observar la participación de algunos de los actores que se volverán reiterativos en la conmemoración. En primer lugar los sindicatos (especialmente universitarios, pero no únicamente). En segundo, los partidos políticos: los legalizados Partido Comunista Mexicano (PCM), Mexicano de los Trabajadores (PMT)y Revolucionario de los Trabajadores(PRT).Por último, y como actores principales, pues son quienes tienen entre sus mandatos permanentes luchar por reparar los daños del pasado, las asociaciones de “afectados directos” (familiares de víctimas o personas que sufrieron la represión): el Comité 68 Pro Libertades Democráticas,y aquellos grupos que, no estando directamente ligados al 68, han unido sus fuerzas con los anteriores porque comparten el objetivo de denunciar la represión: el Comité Nacional pro Defensa de Presos, Perseguidos Desaparecidos y Exiliados Políticos fundado en 1977, que desde 1984 es conocido como Comité Eureka!;y en los últimos años, el grupo HIJOS-México.
LAS DEMANDAS
Uno de los primeros señalamientos que deben hacerse respecto a las demandas es que una de las características de la conmemoración del 2 de octubre es que se mezclan tanto las exigencias relacionadas con el pasado, como aquellas que tienen que ver con el presente. Una de las primeras demandas surgidas en estos primeros años fue la de “no olvidar”, ya exigida en una editorial de El Día en 1969, y que prácticamente nunca ha desaparecido. De hecho, sigue siendo consigna primordial y reiterativa de las manifestaciones: “¡2 de octubre, no se olvida!” es el grito enmarcado por miles de gargantas cada 2 de octubre, en medio de la lluvia, con el silencio que se guarda durante un minuto, con veladoras encendidas y con fotografías de desaparecidos.
La siguiente demanda se centraba en exigir la liberación de los prisioneros políticos. Entre 1969 y 1970 se pedía la de los líderes estudiantiles, que fueron puestos en libertad en 1971 por una amnistía otorgada por Luis Echeverría. Sin embargo, esta exigencia continuó, aunque ahora centrada en los prisioneros de la llamada “guerra sucia”. A partir de 1978 a ello se agregó la demanda de presentación de los desaparecidos políticos (producto también de la “guerra sucia”).
Posteriormente se localizan las demandas de “esclarecimiento” y “verdad”, que tienen tres momentos claves. En primer lugar, surgen en 1993 con la creación de la Comisión de Verdad, sobre todo a través del concepto del “derecho a la verdad” o el “derecho a saber lo que pasó”, como mencionaban los propios miembros de la Comisión. En segundo término, si a partir de 1997, con el triunfo del PRD en la capital del país comenzó a intuirse que el sistema político estaba en transformación, la demanda por la “verdad”, por el esclarecimiento de lo ocurrido el 2 de octubre se incrementó. De hecho, esta exigencia recorrió los trabajos de la Comisión de investigación que funcionó entre 1997-1998. Lo que aconteció nuevamente en el año 2000 con la llegada del Partido Acción Nacional (PAN) al gobierno nacional, conformándose éste como el tercer momento relevante respecto a la exigencia de “verdad”, especialmente con la creación de la FEMOSPP.
A partir de la creación de la Comisión de 1993 también comenzaron a surgir las exigencias por la apertura de archivos,que encontrarían su mayor expresión y discusión en el 2001, con el anuncio de Santiago Creel, secretario de gobernación del gobierno de Vicente Fox, de que se abrirían los archivos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). Esta demanda también fue importante en 1997-1998, durante los trabajos de la “Comisión Especial Investigadora de los Sucesos del 68” de la Cámara de Diputados. Estos tres momentos por la exigencia de apertura de los archivos nos muestran dos puntos importantes: 1) que ella se relaciona con la creación de organismos (comisiones, fiscalías) que deben abocarse a la reconstrucción histórica y 2) que como estos deben acceder a la “verdad”, ésta y los archivos se consideran indisociables.
Y si la lucha siempre ha sido por esclarecer el pasado, es sólo a partir de los años 1990 que se afirmaría que se trata de una batalla por la “justicia” y el “castigo” a los responsables. Después de 1994, es claramente perceptible que una de las principales demandas relacionadas con el movimiento de 1968 era la de “juicio” y “castigo” a los responsables. Esta exigencia iría incrementándose con los años, e históricamente está ligada a la de “verdad”: por ello se le localiza con mayor intensidad en 1997-1998. A partir del año 2000 sería reiterativa. De hecho, en la conmemoración del 2002, en medio de la controversia por el inicio de los juicios de la FEMOSPP, los cerca de veinte mil asistentes a la manifestación realizaron un “juicio popular” en contra de Luis Echeverría Álvarez, encontrándolo “asesino, genocida, culpable” (La Jornada, 3 de octubre de 2002: 3).
Aunada a estas exigencias se encuentra la del “Nunca más”: en 1998, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas, tras izar la bandera a media asta (en señal de duelo y recuerdo de los estudiantes, civiles y militares “caídos”) expresaba que con la conmemoración del 2 de octubre, se hacía un llamado a la conciencia de todos los ciudadanos para que este tipo de actos no volvieran a repetirse en el país. Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional del PRD, era más enfático aún: “Nunca más debe permitirse la utilización de la fuerza, y mucho menos el uso del Ejército para reprimir al pueblo, y sobre todo a los jóvenes, como fue en el 68” (La Jornada, 3 de octubre de 1998).
Es también a principios del siglo XXI que se puede observar el surgimiento de la idea de que la “transición a la democracia” no podrá concluirse sino a través de la “justicia”. En ese sentido, en 2002, afirmaba Félix Hernández Gamundi, representante ante el Consejo Nacional de Huelga y miembro del Comité 68: “Esta es una lucha contra el autoritarismo y la impunidad. Si no somos capaces de romper la impunidad, no habrá transición a la democracia” (La Jornada, 3 de octubre de 2002: 3). Y es que, a partir de la toma de posesión de Vicente Fox, no fueron pocos los que mencionaron que para confirmar que se trataba verdaderamente de un nuevo régimen, el de Fox tenía que ser capaz de hacer lo que no habían hecho los gobiernos anteriores: esclarecer el pasado, señalar a los culpables y enjuiciarlos.
Las lecturas que se hacen del pasado histórico se pueden relacionar con los tiempos históricos (lo que François Hartog, 2007, ha dado en llamar “regímenes de historicidad”). Hacia 1997, comenzaba a surgir la idea de que el pasado era importante para el presente: “Para cualquier país –y el nuestro no debe ser la excepción- el conocimiento y la recuperación de sus hechos históricos constituye un imperativo de vital importancia, no sólo para conocer su pasado sino también para comprender su presente y para forjarse un mejor futuro”, decía el editorial de La Jornada (3 de octubre de 1997: 2).
Hartog ha sugerido que estamos viviendo en un régimen de historicidad “presentista”. ¿Qué supone esto? Básicamente que el presente domina al pasado y al futuro en las relaciones sociales con el tiempo, que el pasado es continuamente modificado en función de los intereses del presente. Sin embargo, en la manera de manejar las relaciones con el tiempo que estamos señalando en México (como parece ocurrir en otros países de América Latina; ver Allier Montaño, 2010; Allier Montaño, Crenzel, 2015), se observa más bien un régimen moderno de historicidad (Koselleck, 1993), en donde el futuro domina las relaciones de producción social del tiempo: el pasado debe servir no sólo para comprender el presente, sino para imaginar y crear una identidad común en el futuro e, incluso, para imaginar el propio futuro. El “nunca más” urgido por los actores sociales y políticos implica entender el pasado para evitar que se repita en el futuro.
En ese sentido, la explosión de expectativas y demandas que ha acompañado el nacimiento de nuevos regímenes políticos fue una constante en casi todos los países de América Latina que vivieron transiciones a la democracia (Sheahan, 1988; Boeker, 1990). Puede decirse que todas las transiciones enfatizaron la idea de futuro (Lechner, Güell, 1999). Quizás por eso, tanto el “Nunca más”, la producción social del tiempo, como las memorias de las transiciones han sido más “futuristas” que “presentistas”.
#InPerfecto
Fuente:
México, 1968: violencia de Estado. Recuerdos del horror
Eugenia Allier Montaño
Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México., México
César Iván Vilchis Ortega
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México., México
México, 1968: violencia de Estado. Recuerdos del horror 1
Theomai, núm. 36, 2017
Red Internacional de Estudios sobre Sociedad, Naturaleza y Desarrollo
http://www.redalyc.org/jatsRepo/124/12453261006/html/index.html
