1968

PERSPECTIVA JURÍDICA Y EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL 5ª Parte

1968 EL AÑO EN LA MEMORIA DE MÉXICO

Documentos históricos nos dan muestra de cierta acción coordinada, preparada, de tal manera que es claro que hubo un crimen de Estado.

 

Carlos Rosas C.

carlos.rc@inperfecto.com.mx

 

Estimados InPerfectos los saludo con el gusto de siempre. El crimen cometido en contra no solo de los estudiantes si no contra cualquier conato de disidencia contra el Gobierno encabezado por Gustavo Díaz Ordaz sobrevino de la intolerancia política que caracterizó este periodo en la historia nacional.   Sigamos disfrutando del trabajo del Dr. Manuel Becerra Ramírez (Cultura Jurídica y el movimiento del 68), que nos da sus impresiones. Disfrútenla con nosotros.

 

Conspiración del Estado, acto de Estado

 

Una de las características del Gobierno mexicano es que, como parte de un sistema absolutamente autoritario, no podía aceptar que un movimiento social pudiera debilitar, y aún tocar el “principio de autoridad” del presidente, que como titular de un poder total dentro del Estado mexicano se erigía como un padre rígido que no admitía ninguna contradicción a su palabra.

 

El ejemplo más claro es su mensaje dirigido a los estudiantes, a los jóvenes el 1 de septiembre durante su informe presidencial, en donde muestra su talante autoritario y desliza una amenaza a los jóvenes que hace efectiva el 2 de octubre: “…no quisiéramos vernos en el caso de tomar medidas que no deseamos, pero que tomaremos si es necesario; lo que sea nuestro deber hacer, lo haremos; hasta donde estemos obligados a llegar, llegaremos”.

 

 

Precisamente, con base en el principio de autoridad que hacía imposible aceptar cualquiera de las demandas del pliego de peticiones, por muy justas que fueran, se recurre a la fuerza del Estado y se estigmatizan a los estudiantes y se prepara a la opinión pública y el “terreno de batalla” para masacrar a los estudiantes. Nuevamente, la ausencia de todo control del poder presidencial es un hecho notorio y trascendente, pues configura una responsabilidad del Estado mexicano y una clara suspensión, ya no sólo de las garantías individuales sino de todo el sistema jurídico.

 

La literatura posterior al 68, tanto de testigos presenciales, como de los analistas histórico-políticos manejan que la masacre se debió a un plan previamente planeado por el gobierno del presidente Díaz Ordaz. Con la participación, por supuesto, de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de la Defensa Nacional, del Estado Mayor Presidencial y concretamente de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, Luis Gutiérrez Oropeza (jefe del Estado Mayor Presidencial de aquella época) y los jefes y altos mandos del Ejército y de la Policía como los generales Marcelino García Barragán, Alfonso Corona del Rosal, Crisóforo Mazón Pineda, Raúl Mendiolea Cerecero, Javier Vázquez Félix (responsable de recoger los cuerpos de las personas fallecidas en Tlatelolco) entre otros.

 

 

Todos tienen una responsabilidad penal que todavía no se ha aplicado. Se puede ver claramente esta instrumentación de la política de Estado en el caso del 2 de octubre con la participación del Ejército, de la fuerza pública especial: el Batallón Olimpia, las señales para iniciar la masacre, la rapidez con la que intervino la censura política y la participación del ministerio público, la desaparición de los cuerpos, la aprehensión de los estudiantes y principalmente de los líderes, etcétera. Documentos históricos nos dan muestra de cierta acción coordinada, preparada, de tal manera que es claro que hubo un crimen de Estado.

 

 

Además, el asesinato durante el 2 de octubre no fue un hecho aislado, la represión del Gobierno se manifestó durante los meses que duró el movimiento y después de él. Era una política de Estado que tenía por objeto reprimir toda disidencia política de los jóvenes. El 10 de junio de 1971, la otra matanza, es parte de la represión gubernamental del priismo, es una manifestación clara de que los jóvenes y su movimiento eran sumamente peligrosos para el Gobierno.

 

 

 

Los procesos del 68 fueron el siguiente paso que siguó el régimen autoritario de Gustavo Díaz Ordaz para extinguir cualquier clase de expresión de descontento, pero eso lo descubriremos en nuestra siguiente entrega del Dr. Manuel Becerra para descubrir más sobre este tema que se ha quedado En la Memoria de México.

#InPerfecto

 

Fuente:

La Cultura Jurídica y el Movimiento de 1968

Becerra Ramírez Manuel

Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas, México, Distrito Federal

México (Alegatos, México, 2008, Núm. 70 Sep.-Dic, Pág. 371-394)