Marzo 15, 2018
Carlos Rosas C.
carlos.rc@inperfecto.com.m
Lo cierto es que la impartición de justicia en México es una criba y la percepción de la misma hace honor a todo menos a su nombre, los encargados de regular y ejercer dicha justicia gozan de una reputación que es todo menos honorable, y cuando cerramos el parámetro de análisis y pensamos en los cuerpos policiacos se vendrán como cascada todos los adjetivos negativos de los que podemos hacer uso por los motivos que gusten o según la experiencia que se haya tenido con los muy bien capacitados y sobre todo muy finos especímenes representantes de la ley. Con anterioridad el abuso de autoridad o las irregularidades en el proceso de las detenciones eran el pan de cada día y la diferencia es que seguirán siendo el mismo pan de cada día con el plus de que ahora para su beneplácito ya existe anuencia por parte de la ley, queda claro que los aumentos no solo son en materia económica en este país.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación por definición es el máximo tribunal de México que encabeza el Poder Judicial de la Federación y le corresponde defender el orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, once magistrados componen este órgano guardián de la impartición de justicia en el país y quedó demostrado el pasado 13 de marzo –martes para ser exacto- cuando los señores magistrados se alcanzaron la puntada de validar constitucionalmente los cateos a personas y vehículos sin necesidad de orden judicial.
Los agentes policiacos forman parte del bestiario del imaginario colectivo nacional con una arraigada tradición de abusos, corruptelas y participación directa con la delincuencia organizada, y que ahora gracias a los dignos y bien ponderados magistrados de la SCJN tendrán la facultad de realizar cateos a personas y vehículos sin presentar una orden judicial acribillando así el artículo 16 de la Constitución que a la letra dice “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.
Ahora la causa legal del procedimiento será la sospecha razonable de los agentes policiacos cuando exista flagrancia de algún delito o posterior a una denuncia que sea competencia durante el desarrollo de una investigación pero nunca por la apariencia de las personas, cosa que me regreso el alma al cuerpo porque con el amplio criterio y buenas formas la policía tendrá la potestad de pararte en la calle y hacerte una revisión de rutina a ti o a tu vehículo donde se dará cuenta de celulares, carteras, bolsos, relojes, joyas y en el peor de los casos extorciones o abusos de índole sexual.
El escenario de la violación ahora legal a las garantías individuales y los derechos humanos es sumamente alarmante y deja en claro la postura represiva del gobierno federal que va cerrando la tenaza con la ley de seguridad interior y como aderezo esta arremetida que lleva tras de si las desapariciones forzadas, los abusos de autoridad, etc.
La saña con la que se va configurando el marco legal de la impartición de justicia tiene la receta perfecta para iniciar una cacería de brujas donde vamos a pasar de la neurosis al terror porque pretextos van a sobrar para que un policía vierta sobre quienes se supone debe proteger las técnicas mas amorosas que es capaz en cumplimiento de un poder que le otorga la ley ahora en contra de los ciudadanos de a pie.
