#InPerfecciones
Aunque se impulsa una reforma laboral para mejorar condiciones, su impacto es acotado frente al tamaño de la informalidad en México y el gobierno es un mal ejemplo.
Alejandro Animas Vargas / @alexanimas
animasalejandro@gmail.com
Por diversas razones, el tema laboral ha estado presente en las discusiones públicas de coyuntura. En primer lugar, porque el Senado de la República aprobó la propuesta de reforma laboral para reducir la jornada de trabajo de manera paulatina, de las 48 horas semanales actuales a 40 horas en 2030. Se anunció que esta reforma beneficiará a 13.4 millones de personas.
Más allá de las virtudes, deficiencias o posibles insuficiencias de la reforma laboral, llama la atención el reducido universo de personas al que está dirigida. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, en diciembre de 2025 la población económicamente activa mayor de 15 años era de 61.9 millones de personas. Es decir, tal como está planteada, la reforma laboral —que aplicaría a empleos plenamente establecidos, formales y que cotizan ante el SAT y el IMSS— beneficiaría a poco más del 21% del total de la población económicamente activa.
La reforma laboral no llegaría a los 1.5 millones de personas registradas como no ocupadas, ni a los 3.7 millones reportadas como subocupadas (aquellas que declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas de las que su ocupación actual les demanda), ni al 54.6% de la población económicamente activa, es decir, a los 33 millones de personas que laboran en la informalidad. Estamos, por tanto, frente a una reforma laboral de alcance limitado.
Un segundo punto tiene que ver con las personas contratadas bajo el régimen por honorarios, el cual suele considerarse parte de la informalidad, dado que quienes laboran bajo esta modalidad carecen de seguridad social en unidades económicas registradas. Es decir, aunque trabajan en espacios plenamente establecidos, no se les otorgan prestaciones como aguinaldo, vacaciones ni seguridad social. Podría pensarse que esta práctica es exclusiva del sector privado (esos “cochinos capitalistas como se les decía en los años setenta, o los hoy “neoliberales conservadores”); sin embargo, no es así. El pasado 14 de febrero, trabajadores de la Cineteca Nacional hicieron pública una demanda para que se les modificara el régimen laboral por honorarios bajo el cual está contratada la mayoría de ellos (270 de un total de 340, según algunos reportes).
Lo anterior no es ninguna novedad dado que los tres niveles de gobierno contratan a parte de su personal bajo el régimen de honorarios. De acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno Federal y Gobiernos Estatales 2025, realizado por el INEGI, en 2020 existían en la Administración Pública Federal 310 instituciones entre secretarías y entidades del sector paraestatal. Acorde con las políticas de austeridad, para 2024 el universo se había reducido a 292 instituciones. Sin embargo, el personal adscrito a esas dependencias pasó de 1.58 millones a 1.69 millones de trabajadores. Menos oficinas, pero más personal.
Ahora bien, de esos 1.69 millones de servidores públicos, el 70.2% es personal de base, el 15.9% de confianza, el 11.8% eventual y el 2.1% está contratado por honorarios, lo que significa que el propio gobierno federal mantiene en condiciones de informalidad a poco más de 35 mil trabajadores. Esto sin considerar la contratación de empresas mediante esquemas de subcontratación, particularmente para servicios de limpieza.
Por último, en su monumental obra Economía y sociedad, Max Weber estableció que las funciones básicas de la burocracia moderna son regirse por leyes y reglamentos; contar con actividades claramente establecidas, distribuidas y delimitadas; mantener una jerarquía funcional; sustentarse en documentos; y constituirse como una actividad especializada, entre otros rasgos. Es decir, la burocracia es un concepto amplio y descriptivo. Con el tiempo, el término burócrata fue sustituido por el de funcionario (quien ejerce una función); posteriormente, a partir de la década de los noventa y en consonancia con los principios de la nueva gerencia pública, se adoptó el concepto de servidor público, bajo la premisa de que quienes trabajan en el gobierno no solo desempeñan funciones, sino que brindan un servicio a la ciudadanía.
En México, el término burocracia se utiliza tanto para referirse a las personas que laboran en el sector público como para aludir a los trámites que se realizan ante una autoridad. Así, el vocablo se ha empleado de manera peyorativa, ya sea para describir una sucesión de procedimientos considerados, en muchos casos, innecesarios, o para calificar a una persona que cobra sin trabajar.
Actualmente se mantiene el carácter vertical de la organización gubernamental en términos jerárquicos. En la cúspide de la pirámide se encuentra la Presidencia de la República, y a partir de ahí se despliegan los distintos niveles subordinados en el siguiente orden: secretarios de Estado, subsecretarios, jefes de unidad, directores generales, directores, subdirectores y jefes de departamento. Esta estructura corresponde al 15.9% de los puestos de confianza, los cuales, como su denominación lo indica, pueden ser removidos cuando se pierde la confianza política o administrativa. De ahí que llama la atención el reciente caso del “atrincheramiento” de un burócrata que se resistía a abandonar su oficina, sin una notificación formal. El trabajador tiene el derecho de renunciar cuando no esté de acuerdo con las instrucciones recibidas, y el gobierno tiene la potestad de cesar al burocráta por pérdida de confianza.
Sin embargo, el gobierno federal no respeta lo establecido en el apartado B del artículo 123 constitucional, el cual regula las condiciones laborales de los trabajadores del sector público. Dicho marco establece, entre otros derechos, una jornada laboral de ocho horas; el pago de horas extras, que no podrán exceder de tres horas diarias ni de tres días consecutivos; al menos un día de descanso por cada seis días de trabajo; y el derecho a vacaciones que no podrán ser menores de veinte días al año.
En la práctica, el gobierno no solo contrata trabajadores en condiciones de informalidad, sino que también hay quienes laboran más de ocho horas diarias, incluso sin días de descanso; no reciben pago por horas extra; no tienen veinte días de vacaciones; y, cuando se pierde la confianza en un trabajador, en lugar de proceder a su despido conforme a la ley, se le presiona para que renuncie y así evitar el pago de la indemnización correspondiente. En pocas palabras, el gobierno suele ser un pésimo patrón.
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