#Nacional
Revocan permiso a empresa de seguridad de estancia migratoria.
Con información de EL UNIVERSAL
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo seis órdenes de aprehensión en contra de tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), dos agentes de seguridad privada y el migrante que originó el incendio registrado el lunes pasado en la Estancia Migratoria Provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 39 personas.
Se precisó que el migrante responsable está hospitalizado y en breve será dado de alta.
La fiscal Especializada en Materia de Derechos Humanos de la FGR, Sara Irene Herrerías, dio a conocer que hasta este jueves ya se habían cumplido cinco de las seis órdenes de aprehensión que se giraron “por el delito de homicidio doloso, así como con dolo eventual y por delito de lesiones en contra de 67 extranjeros: 12 salvadoreños, un colombiano, 12 venezolanos, 28 guatemaltecos y 14 hondureños”.
Sobre dos órdenes más de aprehensión que están pendientes, la funcionaria indicó que ya se están analizando y se hacen las diligencias para que sean fundadas y motivadas.
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, remarcó que no habrá impunidad y se actuará contra quienes sean responsables de la tragedia, pues no se protegerá a nadie y se llegará hasta sus últimas consecuencias.
Por otra parte, el gobierno federal decidió revocar el permiso y aplicar una sanción económica a la empresa Grupo de Seguridad Privada CAMSA, S.A. de C.V, que prestaba sus servicios en las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración (INM), entre ellas la estancia provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua, que tras el incendio registrado el lunes pasado dejo hasta este jueves un saldo de 39 muertos y 27 lesionados.
Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que, a partir de este viernes, elementos del Servicio de Protección Federal asumirán las labores de seguridad en las instalaciones de la estación migratoria de Ciudad Juárez.
Acompañada de Sara Irene Herrerías, fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República (FGR), la funcionaria precisó que el contrato suscrito por el gobierno y la empresa era para proporcionar seguridad en todo el territorio nacional.
