1968

RECUENTO Y REPERCUSIÓN DE UNA VOZ APAGADA  parte 2

1968, EN LA MEMORIA DE MÉXICO

 

El gobierno de Fox investigó sólo 2% de las más de 500 desapariciones de la “guerra sucia”. Si bien se abrieron juicios por el jueves de Corpus (10 de junio de 1971), y por el 2 de octubre, las investigaciones se dieron por terminadas sin haber conseguido una sola sentencia condenatoria.

Carlos Rosas C.   

carlos.rc@inperfecto.com.mx

 

Estimados InPerfectos, la percepción de los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968 han tomado caminos diversos, y entre la forma en que las administraciones posteriores a Díaz Ordaz mantuvieron cierta postura de bajo perfil, la presión social ha llevado a ir abriendo la puerta a las revelaciones que a cuentagotas van dando cuenta de la barbarie cometida antes durante y después de 1968, conozcamos los detalles.

 

LAS REPRESENTACIONES

Lo mismo que se ha señalado para las demandas ocurre con las lecturas que se hacen de ese pasado: tienen una historicidad. Desde 1969, los actores sociales y políticos le llamaron “masacre”, “crimen”, “matanza”, “la tragedia de Tlatelolco”, “uno de los episodios más negros” de la historia de México. A partir de 1986, puede ubicarse la tímida aparición del término “genocidio” para referirse a lo ocurrido el 2 de octubre, aunque su utilización no sería más generalizada sino hasta finales de los años 1990. Otro término ligado a los anteriores es el de “crimen de Estado”, que en 1997 fue utilizado de manera unánime por todos los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados al integrar la Comisión de Verdad, y que con el correr de los años, ha parecido tener más éxito que el de “genocidio”. Unido a éste aparecer el de “terrorismo de Estado”, manejado en el 2006 por la FEMOSPP.

Y si el pasado tiene diversas representaciones, ello también ocurre con los actores de ese pasado. Con el giro hacia la democracia de mediados de los años 1980 en la izquierda mexicana, que influyó en las representaciones sobre el movimiento estudiantil, los “caídos” del 68 mencionados en los años anteriores, pasaron a ser los que “lucharon por libertades democráticas caídos el 2 de octubre de 1968” (La Jornada, 2 de octubre de 1992). Ya no se trataba, pues, sólo de “caídos”, a partir de ese momento fueron también “luchadores sociales”. De “víctimas”, los muertos el 2 de octubre pasaron a ser “actores políticos”; de “actores víctimas” se transformaron en “agentes”.

A través de las transformaciones reseñadas en los párrafos anteriores, se fue conformando una memoria asociada al 2 de octubre como la condensación del movimiento estudiantil y como la “cristalización de la represión gubernamental”. De hecho, según algunos autores, si no hubiese tenido lugar la represión gubernamental del 2 de octubre en Tlatelolco, quizás el movimiento estudiantil no sería tan recordado.

La memoria ligada al 2 de octubre puede ser entendida como una memoria de denuncia de la represión. Uno de los principales objetivos, además de la voluntad de memoria, es “denunciar los crímenes que continúan impunes”, explicitar que la herida que se creó en el pasado reciente continúa abierta. Se trata de una memoria ligada a las necesidades de legitimar el debate en la arena pública, a la admisión de los delitos y a la reclamación para que se reparen los daños cometidos. En ese sentido, es necesario recordar que la denuncia está ligada al restablecimiento de la justicia. Luc Boltansky (1984) ha mostrado que la denuncia de una injusticia procede, de ordinario, de una retórica que busca convencer y movilizar a otras personas, con el fin de asociarlas a la protestas, de tal manera que la violencia consecutiva a la revelación esté a la medida de la injusticia denunciada.

Esta memoria de denuncia muy pronto fue, aparentemente, “avalada y hegemonizada” desde el gobierno. En 1969, durante su campaña electoral, Luis Echeverría Álvarez, secretario de Gobernación durante el gobierno de Díaz Ordaz y futuro presidente de la República, se vio obligado a guardar un minuto de silencio por los “caídos el 2 de octubre”. Era, quizás, un primer tímido reconocimiento de la represión gubernamental. A ello debe sumarse que, a mediados de 1971, inició una serie de reformas bajo el enunciado de “apertura democrática”, que buscó, en primer término, dar solución a los problemas planteados por los sectores movilizados en 1968. Puso en libertad a los líderes estudiantiles de 1968 y a muchos otros presos políticos, entre ellos a los líderes ferrocarrileros del movimiento de 1958-1959; también intentó abrir un diálogo con los estudiantes del país; por otra parte, su administración derogó el artículo 145 y 145 bis.

Otro momento importante respecto de los gobiernos nacionales, se conoció con la llegada al gobierno del Partido Acción Nacional. El 2 de octubre de 2000, siendo presidente electo, Vicente Fox aseveraba: “El sacrificio de esos jóvenes no fue en vano; ahí, en la Plaza de las Tres Culturas quedó sembrada, como en muchas otras partes de mi país, una voluntad de cambio que ha dado ya, este 2 de julio, frutos tangibles” (La Jornada, 3 de octubre de 2000). Un año después, sugería: “mi gobierno reconoce en los acontecimientos del 2 de octubre de 1968 uno de los antecedentes más importantes de la lucha democrática de los mexicanos; gracias a esa lucha, todos disfrutamos hoy de este clima de libertades, pluralidad y mayor participación” (El Universal, 3 de octubre de 2001). Vale la pena notar que no se refería a todo el movimiento estudiantil sino a la mayor represión que viviera el movimiento, confundiendo de esa manera el momento de mayor represión política con el proceso social y político que se vivió a lo largo de varios meses, muestra de que la memoria de denuncia asociada al 2 de octubre tiene un peso cualitativo mayor que la del movimiento estudiantil en su conjunto.

 

Los grupos y organismos de derechos humanos o de “víctimas directas” suelen tener la convicción de que la democracia está directamente ligada con el esclarecimiento y la penalización de los responsables de represión en el pasado. Pero no son los únicos: muchos científicos sociales (Ricœur, 2004; Groppo, Flier, 2001) consideran que la democracia sólo puede continuar su construcción a través de la discusión del pasado reciente en el espacio público; si la memoria es selectiva, en una democracia también debe ser libre, plural y debatible.


Fox consideró que, para consolidar la democracia política que iniciaba con su gobierno, el pasado debía ser elucidado. Fox leía pasado, presente y futuro a través del eje de la democracia, por ello asumió la consigna relacionada con las relaciones temporales enunciada más arriba: en el pasado reciente se encontraban los orígenes de la “lucha por la democracia”, pero el movimiento que lo inició fue reprimido. Para poder consolidar la democracia en el presente y asegurar así un futuro democrático, era necesario “esclarecer el pasado”: “Me propongo abrir lo que ha permanecido cerrado en episodios sensibles de nuestra historia reciente e investigar lo que no ha sido resuelto, mediante una instancia que atienda los reclamos por la verdad de la mayoría de los mexicanos”, aseguró en su toma de posesión. (Fox, 2000)

Fue con estos antecedentes que Vicente Fox, por decreto oficial, creó el 27 de noviembre de 2001 la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), que tuvo dos líneas de investigación en “torno a los hechos del pretérito que se refieren a la represión por parte del régimen autoritario en contra de integrantes de movimientos opositores: la jurídica y la histórica. Ambas se corresponden e interactúan, ya que si bien la vertiente jurídico-ministerial tiene como principal objetivo la aplicación de la justicia, requiere reconstruir la verdad histórica, la verdad de los hechos e interpretar lo que sucedió, la cual no es ni puede pretenderse como ajena al método jurídico.” (FEMOSPP, 2006)

No parece claro que la Fiscalía haya logrado ninguno de esos dos objetivos. Con el fin del gobierno de Fox, a finales de noviembre de 2006, se daban por finalizadas las funciones de la FEMOSPP (Acuerdo A/317/06). Ese mismo mes, y tras cinco años de trabajo, se presentó el voluminoso Informe histórico a la sociedad mexicana 2006, en el que se confirmó que el Estado mexicano había incurrido en graves violaciones a los derechos humanos: masacres, ejecuciones, desapariciones forzadas y actos de tortura. Sin embargo, según algunos análisis (La Jornada, 9 de marzo de 2007), el gobierno de Fox investigó sólo 2 por ciento de las más de 500 desapariciones de la “guerra sucia”. Respecto a la justicia, si bien se abrieron juicios por el jueves de Corpus (10 de junio de 1971), y por el 2 de octubre, la FEMOSPP dio por concluidas sus actuaciones sin haber conseguido una sola sentencia condenatoria.

Como se dijo antes, la denuncia tiene como objetivos legitimar el debate público, la admisión de los delitos y la reclamación para que los daños cometidos sean reparados. Además, debe lograr convencer y movilizar a otras personas, con el fin de asociarlas a las protestas, para que el tema se convierta en una cuestión pública. Respecto al 68, los distintos grupos interesados (el Comité 68, los diversos partidos de izquierda) han logrado que esta memoria de denuncia haya sido paulatinamente aceptada por todos los partidos políticos, el Poder Legislativo y los distintos gobiernos nacionales. Sin embargo, hasta el momento el esclarecimiento del pasado no se ha hecho efectivo, mucho menos su “judicialización”, y todavía menos el “Nunca más”, pues la propia impunidad de los delitos y de quienes los cometieron han permitido que acontecimientos similares hayan tenido lugar nuevamente. La memoria de denuncia pues, sigue vigente y, parece ser, dominante en la arena pública. No obstante, no se ha conseguido una buena audiencia pública, no se ha logrado que el accionar social y político genere poner esta memoria en el centro de los debates públicos con la consiguiente resolución de sus demandas. No por falta de fuerza, sino por las características del sistema político, social y económico del país. Aunque eso podría cambiar en el futuro cercano.

A cuarenta años del movimiento estudiantil, el senador Pablo Gómez Álvarez, ex dirigente del CNH y en ese momento miembro del PRD, presentó una iniciativa en el Senado para adicionar con un párrafo el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para establecer como fecha solemne nacional el día 2 de octubre, “Aniversario de las víctimas en la lucha por la democracia de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en 1968”. Al resaltarse los motivos de la iniciativa se afirmaba:

“Desde entonces, expresa el iniciante [Pablo Gómez], en la conciencia colectiva de los mexicanos ha quedado plasmado el rechazo a la violencia como método para dirimir los conflictos políticos, sobre todo la que proviene del Estado, lo que queda patente año con año. Por ello, considera, es preciso que el propio Estado asuma el día 2 de octubre como una conmemoración oficial representativa del repudio nacional a la violencia.” (Gaceta del Senado, martes 2 de diciembre de 2008; cursivas de los autores)

Vale la pena resaltar dos puntos de la iniciativa. Primero, que se trataba de la primera ocasión en que se hacía un reconocimiento de la responsabilidad del Estado en la masacre. Y en ese sentido, también se admitía la represión desatada contra estudiantes “en una acción brutal de ejercicio desmesurado de su fuerza represiva, durante un régimen cerrado al respeto de las libertades ciudadanas”, entendiendo que era “un medio idóneo para sufragar un adeudo histórico con la sociedad mexicana”. En muchos otros ejemplos de países que vivieron también violencia política en el pasado reciente, el primer paso para poder llegar a hacer justicia respecto a delitos políticos y reparar los daños cometidos (legal y económicamente), para posteriormente evitar su repetición, es aceptar la justeza de la denuncia y de los reclamos. Quizás 2008 pudiera haber significado el inicio de ese momento en el caso mexicano.

La importancia y el ascendiente de esta memoria de denuncia pueden ser percibidos a través de múltiples ejemplos, además de los señalados. Asimismo, su influencia y aceptación entre la ciudadanía puede ser observada a través de dos encuestas. La primera, realizada por Consulta Mitofsky en 2002, muestra que 1968 es vinculado principalmente con los estudiantes: salvo un 4.5% que mencionó los Juegos Olímpicos de aquel año, y un 30.3% que no recuerda nada en particular o no responde, el restante 65.2% indicó en forma espontánea algo relacionado con el movimiento estudiantil. No obstante, la mayor parte de ese 65.2% está conectado con recuerdos de la represión: el 36.2% lo asocia con la matanza de estudiantes, y el 24.9% con Tlatelolco, es decir, más del 50% de los entrevistados relacionan el 68 con la muerte (Consulta Mitofsky, 2002), mientras 2.7% lo hace con el movimiento, 0.7% con Luis Echeverría y 0.7% con Gustavo Díaz Ordaz.

Una segunda encuesta reafirma que el 68 se liga mayoritariamente con “valores negativos”, especialmente con la represión sufrida por los estudiantes en Tlatelolco. Ésta, realizada para El Universal en julio de 2008, mencionaba que el 64% de los entrevistados relacionaba el movimiento estudiantil con el 2 de octubre o con la represión a los estudiantes mientras sólo 8% lo asociaba con elementos positivos (Buendía&Laredo, 2008); sólo los universitarios tendían a concentrarse más en las consecuencias del movimiento que en la represión, pero aún así entre ellos predominaba la visión negativa (debida a la represión) sobre la positiva (65 a 28%) (El Universal, 28 de septiembre de 2008).

#InPerfecto

 

Fuente:

México, 1968: violencia de Estado. Recuerdos del horror

Eugenia Allier Montaño

Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México., México

César Iván Vilchis Ortega

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México., México

México, 1968: violencia de Estado. Recuerdos del horror 1

Theomai, núm. 36, 2017

Red Internacional de Estudios sobre Sociedad, Naturaleza y Desarrollo

http://www.redalyc.org/jatsRepo/124/12453261006/html/index.html

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