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Norma Piña Hernández, ministra presidenta de la SCJN, admitió a trámite el recurso de revisión que interpuso la FGR luego de que un tribunal ordenara una nueva sentencia que dejaría en libertad a Aburto.
EFE
La Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó este miércoles revisar la impugnación de la Fiscalía General de la República (FGR) contra el amparo que busca anular la sentencia dictada a Mario Aburto, magnicida confeso del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio (1994) y dejarlo libre tras 29 años preso.
Norma Piña Hernández, ministra presidenta de la SCJN, admitió a trámite el recurso de revisión que interpuso la FGR luego de que un tribunal ordenara una nueva sentencia que dejaría en libertad a Aburto acusado del asesinato de Colosio, candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), organización que gobernó el país durante 70 años consecutivos.
En octubre pasado, la FGR cuestionó que el fallo de 5 de octubre del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Estado de México otorgara a Aburto, tras 29 años en la cárcel, la cancelación de una sentencia dictada por 45 años.
El recurso se interpuso luego de que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pidiera a su Gobierno que revisara la liberación de Aburto.
“Pedí a la Secretaria de Gobernación que vea este asunto y que vea qué recursos legales tenemos nosotros porque, independientemente de que el señor Aburto tiene derecho a ser protegido por la ley, no es un asunto nada más legal o jurídico cuando se trata del homicidio de un candidato a la Presidencia”, indicó entonces en su conferencia matutina.
Sin embargo, el Primer Tribunal expresó también en aquel momento que, “dada la naturaleza del medio de impugnación que se interpone y a fin de no retrasar la pronta impartición de justicia”, enviaría el caso a la Suprema Corte de Justicia.
El 5 de octubre pasado, el Poder Judicial concedió un amparo para emitir una nueva sentencia a Aburto porque lo juzgaron con base en el Código Penal Federal, que contemplaba 45 años de cárcel, y no con el ordenamiento legal de Baja California, estado del noroeste del país donde aconteció el magnicidio, que señalaba una pena de 30 años.
Se prevé que sea a principios del próximo año cuando Pardo Rebolledo resuelva el caso, debido a que la próxima semana concluye el periodo de sesiones en la SCJN y los ministros mexicanos reanudan labores en los primeros días de enero de 2024.
