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México vive una crisis de aproximadamente el 40% de personas desplazadas de sus comunidades originarias de manera interna, las causas, la violencia, cambio climático, el crimen organizado y más.
Miguel Angel Millán Cancino / @MiAngel_Millan
miangel.millan@inperfecto.com.mx
- Día internacional de los Pueblos Indígenas.
“El mundo está en un punto de ruptura. Los conflictos son cada vez más duraderos y los derechos humanos son violados rutinaria y sistemáticamente. Desastres relacionados con el clima están creciendo en frecuencia e intensidad. La COVID-19 puso al mundo de rodillas y ha puesto a muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluso más fuera de alcance. Donde estas amenazas se cruzan – y a menudo lo hacen -, los peligros se multiplican y se refuerzan. En todas estas crisis, un número récord de personas ha sido forzados a abandonar sus hogares y comunidades enteras permaneciendo atrapados en un desplazamiento prolongado. El número de desplazados internos (IDP) se ha duplicado en los últimos 10 años, con mujeres, niños y niñas y grupos marginados a menudo enfrentando los mayores impactos.: Antonio Guterres, secretario General de la ONU.
¿Qué se entiende por desplazamiento forzado interno?
Se entiende por personas desplazadas internas. De conformidad con los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, instrumento internacional promovido por la ONU, las personas desplazadas internamente son “las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado ninguna frontera estatal internacionalmente reconocida”.
El desplazamiento forzado interno, es un fenómeno que no es nuevo en el estudio y menos en la práctica, ya que se inicia a documentar a finales de la década de los 70’s, y aunque estudios y análisis han visibilizado tal crisis, es hasta abril del año 2019 que el gobierno federal en México reconoce de manera oficial la existencia de este hecho, así como las necesidades y retos a enfrentar dentro de comunidades indígenas para generar esfuerzos encaminados a diseñar una respuesta nacional integral.
México todavía no cuenta con una legislación nacional, cifras nacionales oficiales o con información desagregada, indispensables para conocer la magnitud y evolución del desplazamiento interno en el país, así como los distintos perfiles y geolocalización de las personas desplazadas.
La Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los desplazados internos, que en septiembre del 2022 realizó una visita oficial en México al cierre de su misión dio las siguientes declaraciones:
-“En México, las causas del desplazamiento son diversas y multifactoriales y -requieren una atención integral, incluyendo la adopción de medidas de prevención, atención y protección a personas desplazadas con un enfoque de derechos humanos, diferenciado e interseccional y alcanzar condiciones para soluciones duraderas” –
Entre estas causas están distintos tipos de violencia, a menudo ejercida por el crimen organizado, a veces relacionadas con los proyectos de desarrollo, la minería y tala ilegal, o por los conflictos electorales, religiosos y agrarios. De igual modo, entre las causas se encuentran el cambio climático, los desastres, todo lo cual se agrava por el efecto discriminatorio que tiene un impacto diferenciado para las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad como son, entre otros, los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes.
México se caracteriza por ser un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, desplazadas internas que principalmente se concentran en las ciudades fronterizas.
En ciertas regiones del país, el crimen organizado controla territorios y poblaciones, a través de amenazas, intimidación y violencia. Pocas veces las autoridades efectúan investigaciones, incluso sobre los crímenes más graves, como homicidios y desapariciones, lo que genera altos niveles de impunidad y de desconfianza en las autoridades, particularmente en el sistema de justicia, situación que provoca el desplazamiento interno forzado en la construcción de una vida segura o por las amenazas vividas que dejan como única opción, huir para preservar el patrimonio, la seguridad e incluso la misma vida de sociedades en riesgo.
Es muy difícil que el Estado pueda responder de manera adecuada y medir el impacto positivo de su respuesta sobre el ya reconocido reto del desplazamiento interno en México, si no se cuenta con información sobre la magnitud del fenómeno y datos oficiales específicos sobre los perfiles, ubicación y necesidades de las personas desplazadas. Algunas organizaciones de la sociedad civil, como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, han realizado esfuerzos para recolectar y sistematizar información. Desde 2006, esta organización realiza un seguimiento a los medios de comunicación y registra los episodios de desplazamiento interno en eventos masivos provocados por la violencia, para luego publicar periódicamente cifras sobre tendencias y evolución de este fenómeno.
En 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicó los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 (CENSO 2020), que incluyó una pregunta sobre las causas de la “migración interna” y la “migración internacional” ocurridas entre marzo de 2015 y marzo de 2020; las causas contenidas en el CENSO 2020 incluyeron movilidad asociada a “inseguridad o violencia criminal”, y “desastres naturales”. Los resultados arrojaron que 262.411 personas1 (53% mujeres) reportaron haberse visto obligadas a cambiar de municipio o estado dentro del país por “inseguridad o violencia delictiva” y 24.376 (55% mujeres) por “desastres naturales”. Por su parte, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (ENVIPE) 2020, también del INEGI, arrojó que aproximadamente 371.000 personas cambiaron de vivienda o lugar de residencia para protegerse de la delincuencia en 2019 y aproximadamente 912.000 personas en 2020.
Estas cifras no constituyen una medición exacta del alcance del problema, pero son las únicas disponibles que permiten una aproximación a la magnitud de los hechos violentos que provocan el desplazamiento de la población en México.
En Mexico, a pesar de que muchas personas manifiestan el deseo de retornar a sus comunidades de origen, no pueden hacerlo ante el justificado temor que genera la ausencia de garantías de seguridad. Corresponde al Estado genera las condiciones para el retorno seguro, digno y voluntario, como medida de solución duradera. Debido a la persistente y extendida inseguridad en los lugares de origen, muchas personas desplazadas internas expresaron su voluntad de integrarse localmente o bien reubicarse, siempre que se les proporcionen las condiciones para reiniciar sus vidas con medios de subsistencia o un pedazo de tierra. En todos estos casos se debe incluir a las personas afectadas en la planificación y gestión de su integración local o reubicación.
¿Quiénes son los perfiles en riesgo de vivir el desplazamiento forzado interno?
- Niñas y niños
- Personas de la Comunidad LGBTIQ+
- Periodistas y personas defensoras de los derechos humanos
- Personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas
- Personas afro descendientes
Las incursiones del crimen organizado, la militarización, la paramilitarización y los proyectos de desarrollo en territorios indígenas, con frecuencia se superponen a conflictos territoriales y políticos irresueltos desde mucho tiempo atrás. En el marco de estos conflictos, además de afectaciones graves a los derechos humanos fruto de desapariciones forzadas, acaparamiento de tierras, impactos ambientales y sociales, ataques y criminalización de líderes indígenas, se han generado desplazamientos internos de comunidades y pueblos indígenas. También se ha registrado estos desplazamientos por los impactos de eventos climáticos extremos.
A pesar de que los pueblos y comunidades indígenas representan el diez por ciento de la población total de México, más del 40 por ciento de los episodios de desplazamiento registrados por la sociedad civil en 2020 afectaron a estos pueblos. Los estados con mayor número de desplazados internos indígenas son Chiapas, Chihuahua, Guerrero y Oaxaca.
Este impacto desproporcionado en sus derechos se debe a su situación general de vulnerabilidad, el grado de marginación en que se encuentran, la falta de acceso culturalmente adecuado a los mecanismos de protección existente, el racismo estructural, falta de contactos y alejamiento de los medios y las autoridades. Por ello muchas comunidades indígenas víctimas del desplazamiento interno se han organizado para la protección de su territorio y sus comunidades, a través del fortalecimiento de sus autoridades comunitarias, medidas de protección y acciones de denuncia ante situaciones de violencia. Estas acciones han generado agresiones a los liderazgos indígenas.
Las mujeres indígenas desplazadas internas han denunciado racismo y maltrato por parte de las autoridades de salud y educación, la falta de intérpretes y de una perspectiva intercultural e interseccional. Asimismo, para las mujeres y niñas indígenas, el desplazamiento forzado supone una mayor desprotección y exposición a violaciones de derechos, independientemente de los lugares de destino. La desprotección que experimentan implica una mayor exposición a la violencia sexual, matrimonios forzados, desaparición, entre otras violaciones a los derechos humanos. Además, las mujeres indígenas están a cargo del cuidado de la familia.
Un aspecto fundamental para el logro de soluciones duraderas es el acceso a la justicia, particularmente, cuando el desplazamiento está vinculado a delitos o violaciones de derechos humanos. En este sentido, es primordial facilitar este derecho a las personas desplazadas mediante una amplia difusión sobre los procedimientos de denuncia, aunado a la simplificación de los procesos.
La restitución de la vivienda, la tierra y la propiedad y la reparación por las violaciones subyacentes, además del enjuiciamiento penal de los violentos perpetradores del desplazamiento forzado interno, son esenciales para lograr soluciones duraderas. Se debe de garantizar que los derechos a la vivienda, la tierra y la propiedad sean realizados con pertinencia cultural y adecuados a las necesidades de las personas desplazadas internas, particularmente las pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas. Recordemos que el derecho internacional reconoce los derechos territoriales a los pueblos indígenas, quienes enfrentan una situación agravada por el desplazamiento, por tener un vínculo especial con las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído.
