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Familias indígenas tzotziles y tzeltales víctimas de desplazamiento forzado se manifestaron para exigir al Gobierno y también al de Chiapas, el cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la CEDH.
EFE
Un centenar de familias indígenas tzotziles y tzeltales víctimas de desplazamiento forzado desde hace siete años se manifestaron este miércoles para exigir al Gobierno y también al de Chiapas, el cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Entre las demandas de los manifestantes están un retorno seguro a sus comunidades, apoyos en vivienda, restitución de las tierras y reparación del daño, además de castigo a funcionarios corruptos y cumplimiento de órdenes de aprensión.
“Nosotros estamos exigiendo al Estado mexicano y al gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón, que cumpla con los puntos petitorios que están en la recomendación que hizo la CEDH desde 2017”, dijo a EFE Miguel López Girón, de la etnia tzeltal, desplazado de la comunidad Banavil, a unos 20 kilómetros de San Cristóbal de Las Casas.
“Llevamos siete años con esta recomendación, el gobernador no ha cumplido con estas recomendaciones, él ya se va -el 1 de octubre – pero antes de que se vaya nosotros queremos que se cumpla con lo que está en este papel”, puntualizó el hombre de la etnia tzeltal.
Apostados en la plaza de La Resistencia en San Cristobal de Las Casas, los manifestantes señalaron que llevan prácticamente “una década en condición de desplazamiento forzado” y hasta la fecha el gobierno no los reconoce como víctimas, ni tampoco a cumplido en su totalidad con las peticiones urgentes que han emitido como grupo vulnerables.
Los indígenas, hombres y mujeres, llevaron mantas y pancartas con las consignas “Exigimos justicia y reparación de daños”, “Nos expulsaron de nuestras tierras el de 10 abril de 2018″.
Mientras que en otras apuntaron: “Violaron nuestro derecho a la propiedad y posesión de nuestra tierra”, “Nosotros no somos peces, nosotros no somos aves, nosotros somos hombres que vivimos de la tierra”, “Somos Familias Desplazadas de nuestra tierra”.
Entre los manifestantes se encontraba Agustín Muñoz Gómez y las 26 familias de la etnia tzotzil que fueron desterradas de la ranchería El Potrero, del municipio libre Nicolás Ruíz, quien contó a EFE que su destierro fue cometido por personas con derechos en una comunidad agraria, quienes cometieron abuso de poder y los estafaron con la compra terrenos.
Explicó que el caso lo tomo la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas, que cometió irregularidades como el hecho de hacer firmar a tres familia de 26 desplazadas cheques con la cantidad de 300.000 pesos (unos 15.300 dólares) cada uno por la compra de terrenos, los hizo endosarlos y nunca los entregó”, dijo Muñoz Gómez.
El hombre pidió que se ejecuten las órdenes de aprehensión, que hagan una búsqueda de su padre Alonso López Luna; que los reubiquen o que nos dé la reparación de daño “para que nosotros podamos rehacer nuestras vidas, poder trabajar en sembrar lo que nosotros sabíamos hacer”.
Organizaciones locales e internacionales han señalado que no existe una cifra exacta de personas en situación de desplazamiento forzado pero calculan que en los últimos años entre 16.000 y 21.000 personas han sido desplazadas internamente en Chiapas.
El desplazamiento forzado es cuando las personas se ven obligadas a dejar sus hogares o huyen debido a la violencia, los conflictos, las persecuciones y las violaciones de los derechos humanos como sucede con conflictos agrarios en Chiapas.
