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En marzo, el gobierno informó que en México hay unas 100.000 personas desaparecidas, aunque Naciones Unidas afirma que podría tratarse de un subconteo.
Con información de THE NEW YORK TIMES
Cuando dos hermanos australianos se dirigieron a la costa noroeste de México desde San Diego en compañía de un amigo estadounidense, la semana pasada, querían disfrutar de las olas que han convertido a Baja California en un destino popular entre los viajeros de todo el mundo.
Pero poco después de llegar a la ciudad mexicana de Ensenada Callum Robinson dejó de publicar en Instagram las vicisitudes de su aventura de surf. El grupo dejó de responder a llamadas y mensajes de texto.
Él y su hermano Jake nunca llegaron a un Airbnb que habían reservado, dijo su madre en un posteo en las redes sociales, donde pedía ayuda a quien hubiera visto a sus dos hijos.
Las autoridades mexicanas anunciaron el domingo que los cuerpos de los tres turistas, que fueron encontrados en el fondo de un pozo con heridas de bala en la cabeza, habían sido identificados por sus familiares.
Las autoridades dijeron que los hombres murieron en un robo de auto que salió mal, y los sospechosos fueron detenidos pocos días después de su desaparición. Se investiga a más personas.
Fue una resolución trágica, pero rápida, de un caso que había atraído la atención internacional.
Sin embargo, para muchos mexicanos la rápida respuesta de las autoridades para localizar a los hermanos Robinson y al estadounidense Jack Carter y hacer detenciones parecía una excepción en un país donde decenas de miles de casos de personas desaparecidas llevan años sin resolverse.
En marzo, el gobierno informó que en México hay unas 100.000 personas desaparecidas, aunque Naciones Unidas afirma que podría tratarse de un subconteo.
“Es muy difícil, salvo casos mediáticos como el que acaba de ocurrir, que las autoridades detonen de manera inmediata la búsqueda”, afirma Adriana Jaén, socióloga radicada en Ensenada que ofrece apoyo jurídico, emocional y logístico a quienes buscan a sus seres queridos desaparecidos.
Las autoridades federales y estatales de México suelen afirmar que los niveles de violencia bajaron, aunque los datos oficiales los contradigan. Las propias autoridades locales se han visto implicadas en desapariciones: en Baja California, agentes de la policía municipal de Ensenada fueron acusados recientemente por la desaparición de un hombre. Y también faltan recursos para investigar. Por eso llama la atención cuando un caso parece recibir una atención especial.
“El mensaje que leemos desde quienes trabajamos estos temas es que hay vidas que importan, y hay otras que no importan”, añadió Jaén.
Hay más de 17.300 investigaciones de desapariciones activas en el estado de Baja California, según datos gubernamentales proporcionados a Elementa DDHH, un grupo de derechos humanos que estudió las desapariciones en ese estado.
En muchos casos, no está claro si se encontró a la persona desaparecida, si fue víctima de un delito y, en caso afirmativo, si alguien fue detenido. En algunos casos incluso falta la información básica para iniciar una búsqueda, según constató el año pasado un recuento gubernamental de desaparecidos.
“No sabemos exactamente cuántas personas realmente hay desaparecidas y cuántas han sido localizadas”, señaló Renata Demichelis, directora en México de Elementa DDHH. “La autoridad no nos dice”.
Los datos disponibles, sin embargo, ofrecen una pista de la magnitud del problema.
En 2017, las fiscalías estatales abrieron unas 760 investigaciones por desapariciones en Baja California. En cinco años, la cifra se multiplicó por más de tres, según Elementa DDHH.
“Este es un fenómeno increíblemente vigente y que va en un aumento exponencial”, dijo Demichelis, y agregó que varios factores están contribuyendo al empeoramiento de la crisis de desapariciones en Baja California, como el narcotráfico, el desplazamiento interno, la migración y la violencia de género.
La fiscal general del estado, María Elena Andrade Ramírez, dijo en una entrevista que hasta ahora los fiscales descartaron la posibilidad de que el asesinato de los hermanos Robinson y de Carter estuviera vinculado a grupos del crimen organizado.
Los responsables trataron de apoderarse de la camioneta de los turistas, dijo. Cuando se resistieron, un hombre sacó una pistola y los mató.
“Esta agresión al parecer se dio de manera imprevista, de manera circunstancial”, dijo Andrade Ramírez. “Se dio la oportunidad al ver ese vehículo en un descampado, en ese lugar alejado, en donde sabían que no había testigos”, agregó.
En una conferencia de prensa este fin de semana, un reportero le preguntó a Andrade Ramírez si es necesario ser extranjero en Baja California para que las autoridades estatales actúen con la rapidez con que lo hicieron en el caso de los turistas desaparecidos.
“Cada investigación lleva su proceso”, respondió la fiscal. “Y hay veces que tenemos que cuidar cada detalle, que lleva cierto tiempo, para lograr y dar con el resultado”, indicó.
El domingo, después de que los familiares de las víctimas identificaran los cuerpos en la morgue, Adriana Moreno, residente local, dijo que sentía emociones encontradas.
“Me alegro mucho que los hayan encontrado tan rápido. Eso es mi contento, mi satisfacción”, dijo Moreno, de 60 años y que está buscando a su hijo, Víctor Adrián Rodríguez Moreno, desde 2009, cuando él y dos de sus compañeros de trabajo -empleados de una empresa de importación- fueron secuestrados en el norteño estado de Coahuila.
“Pero a 15 años de la desaparición de mi muchacho, no hay nada”, dijo Moreno. “Me hacen sentir que hay desaparecidos con distintos niveles de importancia”.
