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Tanto el diagnóstico de la CNDH como otros elaborados a nivel local hablan del fenómeno de trata en Tijuana y el resto del estado como consecuencia de su condición fronteriza.
Con información de EL UNIVERSAL
A las puertas del hotel Acapulco un grupo de chicas lucen abatidas y vulnerables mientras intentan atraer clientes a mitad del día. Lo hacen musitando palabras cortas, imposibles de comprender.
La primera planta del hotel es una marisquería que comparte pared con un segundo albergue para el negocio carnal: Rapid Inn. Cualquier lugar sirve para este comercio: por media hora de trabajo sexual, estas chicas pueden ganar la irrisoria suma de 200 pesos.
Ubicados en la intersección de las avenidas Coahuila y Constitución, entre las oficinas de la Policía Municipal y de Tránsito de Tijuana, estos establecimientos no son sino una parte de una vasta red de trabajo sexual que a menudo está impregnada de abuso, violencia y, en algunos casos, de trata de personas.
Tijuana, como muchas ciudades, parece tener un sistema de dos niveles. En un nivel están los que se acercan a los transeúntes en las calles. Estas mujeres y niñas son controladas por proxenetas, quienes a menudo forman parte de pequeños clanes familiares, que también pueden trabajar con organizaciones criminales. Operan en los alrededores de los hoteles, bares, clubes nocturnos, puestos de comida, tiendas de autoservicio y peluquerías que conforman el distrito rojo.
A una cuadra está el nivel dos. Allí, tres “clubes de caballeros” prominentes: Adelita Bar, Las Chavelas y Hong Kong, han sido pilares del trabajo sexual durante décadas. Afuera, varios cajeros automáticos que dispensan dólares estadounidenses aseguran que los clientes tengan suficiente efectivo para pagar un encuentro de 20 minutos o servicios adicionales en una suite privada.
Las mujeres que trabajan en estos clubes han negociado acuerdos con los propietarios, según varias trabajadoras sexuales que hablaron con InSight Crime bajo condición de anonimato. Intercambian parte de sus ganancias por protección contra clientes abusivos y violentos, así como el derecho a dejar de trabajar cuando les plazca.
La parte oculta de este negocio también está cerca. A lo largo de la avenida Revolución, una de las principales vías de la ciudad que atraviesa una parte del distrito rojo, las madres de los desaparecidos cuelgan volantes de sus seres queridos. Los volantes están llenos de información y fotografías de sus amadas hijas, esperando cualquier ayuda que pueda conducir a un avance. Algunos de los casos ya tienen años.
Marginadas y vulnerables
En el extremo opuesto de Tijuana, los refugios para miembros de la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transgénero, queer o intersexual (LGBTQI+) intentan proteger a quienes albergan de las presiones insoportables que enfrentan afuera. La mayoría de sus problemas también comenzaron en casa.
Estigmatizados y maltratados, los miembros de la comunidad LGBTQI+ tienen muchas más probabilidades de abandonar sus hogares a una edad temprana, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.
Esto los deja en posiciones sumamente vulnerables.
En las calles, el rechazo social puede ser la menor de sus preocupaciones. Lo que verdaderamente los aterroriza es el acoso implacable de los delincuentes, muchas veces facilitado por la inacción o complicidad activa de las autoridades y la participación de negocios legales como clubes nocturnos y hoteles.
“En México el simple hecho de ser persona de la diversidad sexual implica luchar por nuestra sobrevivencia”, dice bajo anonimato el director de uno de estos refugios.
Durante años, los miembros de la comunidad LGBTQI+ han sufrido una discriminación constante y generalizada que a menudo pasa desapercibida. Aquellos que han sido víctimas de trata se vuelven aún más invisibles.
La comunidad transgénero, en particular, es explotada para el trabajo sexual y para muchas otras actividades ilegales.
“En algunas partes suelen ser reclutados para trabajar para los cárteles del crimen organizado como tiradores de droga o en cosas turbias, como vigilantes, como halcones”, explica el director.
Otros trabajan en restaurantes o bares, pero debido a la falta de oportunidades formales, muchos también recurren al trabajo sexual.
“Para poder generar o ganar un ingreso adicional entran al trabajo sexual y este va ligado a una red de trata, trabajo sexual, vicios, drogadicción. Va ligado a que tú seas coercionado a estar ahí”, dice el director del albergue, donde había 43 refugiados el día de la visita de InSight Crime.
Muchas y muchos de ellos, dijo el director, fueron víctimas de explotación. A veces, la violencia que enfrentan se vuelve letal, pero cuando un miembro de la comunidad LGBTQI+ es asesinado, dijo el director, “no pasa nada”.
El miedo constante que sienten se ve exacerbado por el nivel de impunidad que rodea a los asesinatos de las mujeres trans. En años recientes fueron asesinadas dos de ellas en Tijuana y Ensenada. Una tenía 26 años. Fue atada de pies y manos y así le prendieron fuego dentro de su propia vivienda. La segunda, de 28 años, murió tras recibir varias puñaladas. También se hallaba en su casa. Las autoridades no han arrestado a ningún sospechoso en relación con los asesinatos.
“Si eres transexual eres una persona mucho más vulnerable”, dice Jacqueline Aguilar, activista transgénero radicada en Ensenada, 100 kilómetros al sur de Tijuana.
“Si la persona logra huir es muy difícil que las autoridades le hagan caso. Las autoridades no creen que una persona transexual o transgénero pueda llegar a ser abusado en trata de personas. Pero sí las hay”.
Ella misma fue empujada al trabajo sexual como una forma de sobrevivir cuando sólo tenía 13 años. Pero en 2010 llegó a este puerto y olvidó ese pasado para convertirse en una de las principales activistas por los derechos de las trabajadoras sexuales y mujeres trans.
Aguilar ha sido testigo de los mismos patrones criminales en cada víctima que ha encontrado. Algunas son obligadas a ejercer la prostitución en varias ciudades por sus parejas, mientras que otras son víctimas de alguna red criminal.
“Las que tienen oportunidad de huir, lo hacen, pero cuando esas personas [que las explotan] se dan cuenta, pues las matan”, explicó.
Crisis de desaparecidos
A partir de 2015, más de 6 mil mujeres, la mayoría menores de 25 años, engrosaron los registros de desapariciones en el estado, según datos de la Secretaría de Enlace con Organismos de la Sociedad Civil de la Secretaría General de Gobierno. Un conteo más reciente, de junio de 2022, realizado por el grupo interdisciplinario feminista, Elementa DD.HH., hace referencia a más de 14 mil 400 personas desaparecidas en la entidad, casi la mitad son mujeres menores de edad, entre los 12 y los 17 años.
Entre 2007 y 2021, los datos oficiales mostraron que la tasa de desapariciones en Baja California se disparó de 15.5 por cada 100 mil habitantes a alrededor de 76. Hay fuertes sospechas de que el desproporcionado aumento de desapariciones de los últimos años tiene relación con la explotación sexual y la trata de personas, señala Gabriela Navarro, nombrada en diciembre de 2021 como comisionada Interinstitucional Contra la Trata de Personas en Baja California.
“Creo que la explotación sexual está de por medio en muchos de esos casos”, dijo a InSight Crime.
Pero es más difícil decir qué papel desempeñan las organizaciones criminales. La comisionada citó un par de casos a los que asistió en persona para corroborar sus conclusiones. En uno de ellos pudo escuchar el audio en el que el secuestrador se identificaba como parte de una célula criminal. Sin embargo, no descartó la posibilidad de que algunos de los victimarios pretendan ser parte de grupos del crimen organizado para manipular a sus víctimas.
Los casos de trata de personas han sido mucho más comunes a lo largo de la frontera norte del país. Entre 2017 y 2020, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) elaboró un diagnóstico con todas las fiscalías estatales, la fiscalía federal, así como las especializadas en Delitos de Violencias contra las Mujeres y la Trata de Personas, y la Delincuencia Organizada. Baja California apareció como una de 19 entidades que reportó víctimas todos esos años, la mayoría mujeres jóvenes y menores de edad.
Tanto el diagnóstico de la CNDH como otros elaborados a nivel local hablan del fenómeno de trata en Tijuana y el resto del estado como consecuencia de su condición fronteriza. Bajo ese criterio dominante, el perfil de las víctimas parece homologarse con su condición vulnerable, ya sea porque son inmigrantes o personas en tránsito, o porque forman parte de los núcleos de pobreza, son presa más fácil de captores que terminan por explotarlas sexual o laboralmente.
Navarro reflexiona sobre ello y cree que una explicación puede hallarse en el desconocimiento que existe sobre el tema. Habla de la necesidad de establecer una cultura del entendimiento entre la sociedad y de generar, en igual medida, conocimiento jurídico que detone la sensibilidad de los investigadores y ministerios públicos.
