Internacional

Periodista salvadoreño seguirá en libertad tras audiencia de revisión de medida

#Internacional
Barahona llegó a la sede central del Centro Judicial Isidro Menéndez, en San Salvador, a una audiencia para revisar la medida de libertad condicional que le fue otorgada.

 

 

EFE

El periodista comunitario Víctor Barahona, quien estuvo preso casi un año por el régimen de excepción vigente desde 2022 en El Salvador, continuará en libertad el proceso penal en su contra, según dijo este jueves al abogado del comunicador tras una audiencia de revisión de medida.

Barahona llegó a la sede central del Centro Judicial Isidro Menéndez, en San Salvador, a una audiencia para revisar la medida de libertad condicional que le fue otorgada.

La diligencia fue ordenada por el Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado, a petición de la Fiscalía, según informó el miércoles la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).

“El resultado de la audiencia fue positivo. Por respeto al tema de la reserva (en el caso), lo único que se puede decir es que el resultado ha sido positivo y Don Víctor va a seguir en libertad”, dijo Oswaldo Feusier, uno de los abogados del comunicador, al finalizar la diligencia.

Barahona pidió, previo al comienzo de la audiencia, que se respeten sus derechos humanos y dijo creer en la Justicia de su país.

Barahona, cuya captura fue catalogada como arbitraria y que fue ejecutada durante la medida de régimen de excepción, estuvo preso por más 11 meses y sufrió torturas, según ha dicho el hombre en diferentes espacios de entrevistas.

El periodista considera que la Fiscalía “ha tomado represalia” contra él por sus declaraciones.

“No quiero que otro periodista pase lo que yo viví, es un infierno”, expresó.

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) señaló que durante 11 meses y 12 días encarcelado, Barahona “permaneció en condiciones de hacinamiento, tortura y sin acceso a atención médica” en diversas prisiones.

La cifra de personas detenidas en El Salvador en el contexto del régimen , aprobado en marzo del año pasado y que suspende algunas garantías constitucionales, asciende a más 71.770, según fuentes oficiales.