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El CIDE ha sido un punto focal de resistencia a los intentos del presidente Andrés Manuel López Obrador de hacer que las instituciones académicas sean más nacionalistas, orientadas hacia el Estado y progubernamentales.
Con información de EL UNIVERSAL
El gobierno de México defendió el lunes una orden emitida a académicos del CIDE de no publicar críticas en redes sociales que puedan “causar daño a la dignidad” de sus jefes, ni compartirlas en correos electrónicos.
La orden anunciada el fin de semana está dirigida a investigadores y empleados del Centro de Investigación y Docencia Económicas, un organismo independiente financiado por el Estado.
El CIDE ha sido un punto focal de resistencia a los intentos del presidente Andrés Manuel López Obrador de hacer que las instituciones académicas sean más nacionalistas, orientadas hacia el Estado y progubernamentales.
Los críticos dijeron que las nuevas normas equivalen a una ley mordaza, que le exige a cualquier persona relacionada con el centro “abstenerse de difundir, mensajes y/o expresiones a través de medios de comunicación digitales como las redes sociales, correo electrónico o aplicaciones de mensajería móvil, que puedan causar daño a la dignidad y la integridad de alguna persona publica”.
La Secretaría de la Función Pública dijo el lunes que “dichos compromisos no buscan restringir la libertad de expresión; por el contrario, se orientan a garantizar dicho derecho”.
Juan Antonio García Palermo, científico de otro instituto de investigación financiado por el Estado, escribió el lunes en redes sociales que “no debemos perder de vista que las redes sociales se han convertido en las nuevas plazas públicas donde se discuten los temas”.
No es el primer enfrentamiento del actual gobierno con académicos.
En abril, López Obrador promulgó una ley que hizo que el entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) —que concede becas de investigación y otros financiamientos— incluyera a representantes del Ejército y la Armada en su junta de gobierno.
En 2021, el CONACyT le ordenó a sus investigadores no criticar al organismo, y señaló que cualquier comentario público que hicieran tenía que ser aprobado previamente por su oficina de prensa.
Previamente, el consejo ayudó a la Fiscalía a intentar encarcelar a 31 académicos en una prisión de máxima seguridad bajo cargos de que se gastaron fondos de investigación que en aquella época estaban autorizados a utilizar.
