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Este sexenio se convirtió en el más violento de la historia de México, al registrarse delitos en total impunidad, además de que solamente se resuelve el 1% de los delitos cometidos
Con Información de EL UNIVERSAL
Este sexenio se convirtió en el más violento de la historia de México, al registrarse delitos en total impunidad, además de que solamente se resuelve el 1% de los delitos cometidos, dijo la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
“Es evidente, las autoridades están rebasadas, es momento de ajustar la estrategia y profundizar la inteligencia. Los ajustes a la estrategia no deben ser sólo policiales, deben ser sensibles y sociales”, expuso el sindicato patronal.
Se rebasaron los 156 mil asesinatos de diciembre de 2018 a la fecha y solamente en el 2022 fueron víctimas de lesiones dolosas 67 mil 318 mujeres.
Por ejemplo, está el asesinato, en la Sierra Tarahumara, de los padres jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora.
De acuerdo con el informe mundial de Human Rights Watch, miles de personas desaparecen anualmente, 90% de los delitos nunca se denuncian, una tercera parte de los que sí se denuncian nunca se investigan, y menos de 16% se resuelven; en 2021 solamente se resolvieron poco más del 1% de todos los delitos.
Los mexicanos no pueden tolerar más esta situación que se vive, urge que la población pueda vivir y desarrollar actividades en paz, por ello todo México tiene responsabilidad de actuar, gobierno y sociedad.
“Frenar la violencia pasa por fomentar la cultura del respeto al otro; hoy, por desgracia la educación pública se ha despojado de ello y del civismo para la correcta formación de ciudadanos”, dijo.
“El gobierno debe cesar en la polarización que genera odio, resentimientos y violencia; más ahora que se ha anticipado el arranque del proceso electoral 2024; construyamos diálogo, cercanía y confianza para reconstruir el tejido social. Exigimos a las autoridades hacerlo juntos”, añadió.
Para la Coparmex hay que trabajar en un sistema de prevención integral contra la violencia, el delito y las adicciones, invertir en proyectos de desarrollo de las comunidades, complementar la acción del gobierno con participación empresarial y de organizaciones que construyen la justicia y la paz, promover la correcta impartición de justicia, “no más presos sin sentencia, no más víctimas sin reparación del daño, no más cárceles sin readaptación”.
