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La tragedia también exhibe la crisis en la frontera desde que Estados Unidos anunció en enero pasado la deportación inmediata de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.
EFE
Al cumplirse un mes del incendio que mató a 40 migrantes en un centro del Gobierno mexicano en la fronteriza Ciudad Juárez, el miedo y el reclamo de justicia permanecen entre los extranjeros varados en el límite con Estados Unidos.
Decenas de indocumentados mantienen en Juárez un campamento para exigir justicia frente al Instituto Nacional de Migración (INM), cuyo director, Francisco Garduño, permanece en el cargo y con su imputación pendiente aunque la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó de manera formal de negligencia.
“Aquí no nos escuchan, hay muchos rumores de que podemos cruzar a Estados Unidos, pero son trampas para repartirnos en diferentes ciudades. Nuestros hermanos murieron aquí por un sueño, por una ilusión”, declaró a EFE la joven venezolana Ana Pavón.
ENTRE LA TRAGEDIA Y LA CRISIS
Desde el incendio del 27 de marzo en una estación del INM, el escrutinio internacional sobre el rol del Gobierno mexicano ha crecido tras la muerte de 6 hondureños, 7 salvadoreños, 19 guatemaltecos, 7 venezolanos y un colombiano, lo que El Salvador considera un “crimen de Estado”.
La tragedia también exhibe la crisis en la frontera desde que Estados Unidos anunció en enero pasado la deportación inmediata de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que lleguen por tierra sin solicitar de manera formal asilo mediante la aplicación “CBP One”.
Pavón denunció que no funciona la aplicación para conseguir una cita con las autoridades estadounidenses y arreglar su situación migratoria.
“Tenemos amigos que vienen huyendo, se encuentran en la selva, vienen más de 5,000 y vienen para acá, para Juárez”, avisó.
Su padre, José Ángel Pavón, denunció la precariedad de los migrantes varados en México.
“Seguimos en solidaridad con las familias que perdieron un ser querido en esta tragedia. Sentimos temor por nuestras vidas y familias, estamos en situación de vulnerabilidad”, expresó a EFE.
Comentó que el campamento fuera del INM es una protesta pacífica con la que piden un pronunciamiento del Gobierno de México, que ha mantenido a Garduño en el cargo aunque el próximo domingo se define si lo imputan por su presunta responsabilidad penal.
“Mientras más días transcurran, más inseguridad. Somos víctimas de los Gobiernos arrogantes y somos vulnerables de cualquier situación y son ellos quienes pueden resolver el problema y que tengamos un trabajo digno y cambien la pesadilla que vivimos por tanto tiempo”, abundó Pavón.
MÉXICO PROMETE JUSTICIA
El secretario de Gobernación de México, Adán Augusto López, argumentó este jueves que desconoce las carpetas de investigación sobre la tragedia porque la FGR es autónoma, pero ha prometido justicia y reparación del daño, como pidió esta semana la Embajada de Guatemala en el país.
“Confiamos en que la FGR haga su trabajo, como siempre, con profesionalismo, que deslinde responsabilidades y, en todo caso, que pida la judicialización de quien o quienes resulten ser responsables de los hechos. Sí le digo que nuestra posición es que no haya impunidad para nadie”, indicó.
Además de Garduño, funcionarios del INM están acusados, como el jefe de la institución en Chihuahua, el contraalmirante Salvador González Guerrero, o el director de Control y Verificación Migratoria, Antonio Molina.
También aguardan en la cárcel dos cargos intermedios y tres agentes de la estación migratoria de Ciudad Juárez; un guardia de la empresa Grupo de Seguridad Privada Camsa, que operaba en la estación migratoria; y el migrante que supuestamente inició el incendio.
En tanto, los extranjeros varados en Juárez se debaten entre la tristeza y la esperanza de cruzar a Estados Unidos.
“Me siento triste, a pesar de todo lo que pasó le pido a Dios que nos ayude, pedimos a las autoridades de Estados Unidos que se pongan las manos en el corazón porque somos humanos todos, que vean cómo dormimos en las vías. Necesitamos solución”, expresó el venezolano Jesús Aular.
Según organizaciones civiles mexicanas, 2022 fue el año más trágico para los migrantes en México, pues unos 900 murieron en el intento de cruzar sin documentos desde el país hacia Estados Unidos.
“Hay muchas gentes profesionales, pedimos que nos den permiso para poder trabajar. Yo sé que Dios le va a tocar las manos en el corazón a los presidentes de México y de Estados Unidos para seguir avanzando”, concluyó Aular.
