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Las denuncias derivadas del incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos reportaron un incremento anual de 22%, para llegar a 27 mil 934 casos en 2021.
Con Información de EL UNIVERSAL
Las denuncias derivadas del incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos reportaron un incremento anual de 22%, para llegar a 27 mil 934 casos en 2021, de acuerdo con los resultados del Censo Nacional de Gobierno Federal, publicados por el Inegi.
En el mismo periodo, las autoridades de control, vigilancia o fiscalización aplicaron 2 mil 336 auditorías a las instituciones de la Administración Pública Federal. Esto representó un aumento de 5.7% respecto a la cifra reportada en 2020.
Asimismo, se iniciaron 27 mil 455 investigaciones derivadas de la presunta responsabilidad de faltas administrativas cometidas por las y los servidores públicos adscritos a las instituciones de la Administración Pública Federal. Dicha cifra representó un aumento anual de 19.9%.
Por otro lado, se concluyeron 15 mil 932 investigaciones que, en comparación con 2020, aumentaron 75.9%.
Se registraron 3 mil 366 procedimientos iniciados de responsabilidad administrativa, lo que significó un aumento anual de 17.3%. Por otro lado, se concluyeron 3 mil 214 procedimientos que representaron un aumento de 44.6%.
Derivado de los procedimientos concluidos, se sancionó a 3 mil 28 servidoras y servidores públicos. Con respecto a 2020, se reportó un aumento de 57.6%.
Sanciones más aplicadas
De acuerdo con el tipo de falta administrativa asociada, 2 mil 940 servidoras y servidores públicos realizaro
faltas administrativas no graves, 53.2% más de los reportados un año antes.
En 2021, se sancionó a 3 mil 694 servidoras y servidores públicos. De las sanciones, 94.3% (3 mil 482) fue de carácter administrativo y 5.7% (212), económico. Comparado con 2020, las sanciones impuestas aumentaron 91.5 %.
En cuanto al tipo de sanción administrativa, la más frecuente fue Inhabilitación temporal, con mil 624, que representó 44.0 % del total. En comparación con 2020, dicha sanción administrativa aumentó 116 %.
Por su parte, 175 servidoras y servidores públicos fueron denunciados ante el Ministerio Público por la presunta comisión de algún delito en ejercicio de sus funciones, cifra inferior 640 servidores denunciados un año antes.
