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Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que, a partir de este viernes, elementos del Servicio de Protección Federal asumirán las labores de seguridad en las instalaciones de la estación migratoria de Ciudad Juárez.
Con información de EL UNIVERSAL
El gobierno federal decidió revocar el permiso y aplicar una sanción económica a la empresa Grupo de Seguridad Privada CAMSA, S.A. de C.V, que prestaba sus servicios en las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración (INM), entre ellas la estancia provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua, que tras el incendio registrado el lunes pasado dejo hasta este jueves un saldo de 39 muertos y 27 lesionados.
En conferencia de prensa, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que, a partir de este viernes, elementos del Servicio de Protección Federal asumirán las labores de seguridad en las instalaciones de la estación migratoria de Ciudad Juárez.
Acompañada de Sara Irene Herrerías, fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República (FGR), la funcionaria precisó que el contrato suscrito por el gobierno y la empresa era para proporcionar seguridad en todo el territorio nacional.
“De la revisión del expediente derivó una primera irregularidad, ya que la empresa sólo tenía reportados en su registro a cuatro elementos de seguridad con 10 uniformes; sin embargo, el contrato con el Instituto Nacional de Migración era por 503 elementos en instalaciones ubicadas en 23 estados de la República”, explicó.
“Ya se tienen identificados a los socios: David Vicente Salazar Gasca y George McPhail, así como a representantes y apoderados legales, información que ya fue proporcionada a la Fiscalía General de la República para las investigaciones correspondientes”, destacó Rodríguez Velázquez.
La funcionaria destacó que la empresa de seguridad privada no cuenta con permiso de portación de armas y en los informes mensuales que está obligada a rendir no reportó altas o bajas del personal.
“Por lo tanto, y paralelamente al proceso penal que lleva la propia Fiscalía General de la República sobre la probable responsabilidad de la empresa, informo que dio inicio el proceso administrativo sancionador en su contra para revocarle el permiso e imponer una multa económica”, precisó.
Rodríguez Velázquez puntualizó que este proceso administrativo sancionador contra la empresa es paralelo a la investigación que lleva a cabo la FGR sobre los hechos trágicos del 27 de marzo en Chihuahua.
En la conferencia de prensa se dio a conocer que dos de los elementos de la empresa de seguridad han sido imputados como responsables de los delitos de homicidio doloso y lesiones en agravio de los migrantes que se encontraban en la estancia provisional de Ciudad Juárez.
