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Los legisladores de Texas han propuesto crear una nueva policía fronteriza que dipute a ciudadanos comunes, además de convertir en delito estatal ingresar al estado sin autorización legal.
AP
Gobernados por republicanos que hablan con rudeza y sopesan sus candidaturas presidenciales, Texas y Florida debaten una ley particularmente estricta sobre seguridad fronteriza cuando el Partido Republicano pone a prueba la autoridad del gobierno federal sobre inmigración.
Las medidas en las dos cámaras legislativas estatales controladas por el Partido Republicano se producen en el contexto de polarización en el Congreso federal que reduce las posibilidades de que una ley nacional sobre inmigración sea aprobada, cuando el presidente Joe Biden intenta reducir el cruce de migrantes en la frontera y analiza su propia candidatura para la reelección.
Las propuestas republicanas en Texas se basan en la Operación Estrella Solitaria de 4.000 millones de dólares del gobernador Greg Abbott, que incluye la construcción de más barreras a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México y el traslado de inmigrantes a ciudades gobernadas por demócratas, entre ellas Washington, D.C. y Nueva York. Los asistentes de Abbott confirman que considera postularse para la presidencia.
La Operación Estrella Solitaria ha agregado más agentes a lo largo de la frontera de Texas con México para frenar a los migrantes que violan propiedad privada. Ahora, los legisladores de Texas han propuesto crear una nueva policía fronteriza que dipute a ciudadanos comunes, además de convertir en delito estatal ingresar al estado sin autorización legal, con penas de hasta 10 años de prisión.
“Texas está tomando medidas históricas para asegurar la frontera y evitar que las armas, las drogas y los cárteles acometan contra nuestro estado”, dijo Abbott en un tuit esta semana. “Mientras el presidente Biden abandona su deber constitucional, Texas continúa asumiendo su responsabilidad”.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, considerado el potencial competidor republicano más fuerte de Donald Trump hasta ahora en las elecciones primarias presidenciales del próximo año, ha propuesto que el tráfico de personas en el estado sea un delito punible con hasta cinco años de prisión. Los hospitales estarían obligados a recopilar datos sobre el estatus migratorio de los pacientes, y a las personas que se encuentran en Estados Unidos si autorización legal se les negarían las identificaciones emitidas por el gobierno estatal.
“Texas y Florida son lugares con gobernadores políticamente ambiciosos que esperan utilizar a los inmigrantes para promover sus agendas”, dijo la abogada Tanya Broder, del Centro Nacional de Leyes Migratorias (NILC por sus siglas en inglés) que promueve los derechos de los inmigrantes.
A pesar de la retórica de línea dura, Broder dijo que silenciosamente se han hecho avances sobre los derechos de los inmigrantes en los últimos años.
La organización de nivel estatal ha mejorado el acceso de los inmigrantes a la atención médica, la educación superior, las licencias profesionales y las licencias para conducir, según un estudio reciente del que Broder es coautora.
El estudio reveló que Colorado se convirtió en el primer estado en promulgar una alternativa al seguro de desempleo para los trabajadores excluidos. Los votantes de Arizona aprobaron el año pasado cubrir la matrícula de las universidades estatales para todos los estudiantes que asistieron a la escuela secundaria en el estado, sin importar su estado migratorio.
Abbott y DeSantis culpan a Biden por el enorme aumento de cruces sin autorización legal a Estados Unidos del año pasado. Pero una caída este año en el número de cruces no autorizados podría arrojar agua fría sobre los ataques del Partido Republicano contra el manejo de los asuntos fronterizos por parte de Biden. La fuerte caída a lo largo de la frontera suroeste se dio tras el anuncio del gobierno de Biden de medidas de inmigración más estrictas.
La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos dijo que 128.877 veces encontró a migrantes tratando de cruzar la frontera en febrero entre los cruces de entrada legales, la cantidad mensual más baja desde febrero de 2021. Los agentes detuvieron a migrantes más de 2,5 millones de veces en la frontera sur en 2022, incluidas más de 250.000 en diciembre, la cifra más alta registrada.
“Florida no hará la vista gorda ante los peligros de la crisis fronteriza de Biden”, dijo DeSantis en un tuit el mes pasado al anunciar la ley de Florida. “Estamos proponiendo medidas adicionales para proteger a los residentes de Florida de estas políticas federales imprudentes, incluida la verificación electrónica obligatoria y la prohibición al gobierno local de emitir tarjetas de identificación a extranjeros ilegales”.
Mientras que las autoridades de Texas y Florida hacen propaganda con bombo y platillo a sus esfuerzos de endurecimiento en la frontera, no ha surgido ninguna ley importante sobre inmigración este año en Arizona, donde se han ideado algunas de las leyes más duras del país dirigidas a los inmigrantes.
La ley de Arizona “show me your papers” (“muéstrame tus documentos”), aprobada en 2010, requería que los agentes del orden público determinaran el estatus migratorio de una persona detenida o arrestada si sospechaban que la persona podía estar en Estados Unidos sin autorización legal, una práctica que los detractores decían que fomentaba las acciones policiales por etiquetación racial. Los tribunales finalmente anularon varias de las disposiciones de la ley.
Los legisladores republicanos de Arizona se enfrentan a la gobernadora demócrata Katie Hobbs, quien este año vetó un presupuesto respaldado por el Partido Republicano y un proyecto de ley que prohíbe enseñar a los niños en escuelas públicas temas que sus autores describen como “teoría crítica de raza”.
Nuevo México, que también comparte frontera con México, ha eliminado continuamente las barreras para que los inmigrantes sin estatus legal accedan a beneficios públicos, ayuda financiera para estudiantes y la obtención de licencias para profesiones que requieren acreditación desde 2021.
Después de asumir el cargo en 2019, la gobernadora demócrata Michelle Lujan Grisham retiró la mayoría de las tropas de la Guardia Nacional que su predecesor republicano envió a la frontera y denunció una “farsa de alarmismo fronterizo”.
La cámara legislativa de Nuevo México también está controlada por demócratas. Sin embargo, los legisladores rechazaron esta semana una propuesta para prohibir que las agencias gubernamentales estatales y locales participen con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) para detener a los inmigrantes que buscan asilo.
En Carolina del Norte, los legisladores republicanos lanzaron el mes pasado un nuevo intento para exigir a los jefes policiales que cooperen con los agentes federales de inmigración interesados en recoger a ciertos reclusos que se cree que están en Estados Unidos sin autorización legal. El gobernador demócrata Roy Cooper vetó dos veces versiones anteriores de la medida, pero las mayorías republicanas en la Asamblea General han aumentado desde entonces.
Un intento similar en Idaho no ha logrado superar su presentación legislativa hasta ahora.
La legislación relacionada con la inmigración en otros estados incluye:
— Un proyecto de ley de Georgia que no logró avanzar que cubriría la matrícula universitaria estatal de los estudiantes inmigrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños y que están protegidos por la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). Avanzan proyectos de ley que prohibirían a empresas y algunas personas de ciertos países extranjeros comprar tierras de cultivo dentro de 40 kilómetros (25 millas) de cualquier base militar.
— Un proyecto de ley de Colorado destinado a permitir que los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños y están protegidos contra la deportación posean un arma de fuego para que puedan convertirse en agentes de la policía.
