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Las plataformas, además, tendrán que proporcionar datos mensuales a la administración sobre el número de noches y de huéspedes a los que se ha ofrecido alojamiento.
EFE
Los países de la Unión Europea llegaron este jueves a un acuerdo para obligar a las plataformas de alquileres turísticos como Airbnb a ser más transparentes, con el objetivo de combatir los pisos ilegales y poder desarrollar mejores políticas de acceso a la vivienda.
La normativa, que aun tiene que entrar en vigor, obligará a los propietarios de los pisos a tener un número de registro público que tendrán que mostrar a los clientes y que les permitirá identificarse ante las autoridades.
Las plataformas, además, tendrán que proporcionar datos mensuales a la administración sobre el número de noches y de huéspedes a los que se ha ofrecido alojamiento.
Una propuesta que a España le parece “razonable”, porque supone “un paso más de la UE en la lucha contra el fraude en el sector turístico”, según dijo la secretaria de Estado de Turismo, Rosana Morillo, durante su intervención en el debate que mantuvo con sus homólogos europeos.
“Ayudará a evitar la oferta ilegal, la cual causa conflictos en las comunidades locales, aumentando el problema de acceso a la vivienda y la competencia desleal”, señaló.
El intercambio de datos entre las plataformas y las autoridades ayudará además a la administración a desarrollar políticas públicas en materia, por ejemplo, de transporte, de recogida de basuras y, en general, de gestión sobre los flujos turísticos.
Bruselas quiere armonizar la regulación en el mercado único, ya que los alquileres de corta duración impulsados por las plataformas digitales representan aproximadamente un 25 % de los alojamientos turísticos en la UE, una tendencia que continuó también durante la pandemia, según los datos de la Comisión Europea.
El Parlamento Europeo todavía tiene que pronunciarse sobre el texto en la segundo semestre de este año, en una normativa que tendrá que seguir impulsado España durante la presidencia rotatoria de la UE que asuma a partir del 1 de julio.
En un comunicado emitido tras la votación de hoy en el Consejo de la UE, Airbnb dijo que “hay una serie de zonas en la UE, como Barcelona y Bruselas, donde las normas sobre alquileres de corta duración restringen la habilidad de los anfitriones para beneficiarse del uso compartido del hogar” y pidió a los legisladores europeos que aborden esta cuestión durante las negociaciones.
