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La enfermera trabajó durante 18 meses en una clínica del gobierno en Santurtzi, cerca de la ciudad de Bilbao, en la región vasca del norte de España, según el abogado Aitzol Asla.
AP
Cuarenta y dos familias en España emprendieron acciones legales contra una enfermera que, según alegan, no aplicó las vacunas que les correspondían a sus hijos, informó su abogado el jueves.
La enfermera trabajó durante 18 meses en una clínica del gobierno en Santurtzi, cerca de la ciudad de Bilbao, en la región vasca del norte de España, según el abogado Aitzol Asla.
El servicio regional de salud inició una investigación en octubre luego de recibir denuncias sobre el comportamiento de la enfermera.
Cuando los padres llevaban a sus hijos a vacunar, “parecía que había algo raro”, informó Asla. “Luego algunos de los padres empezaron a detectar que la forma y la manera de inocular la vacuna, lo hacía como muy escondida y que lo hacía muy rápido y luego tiraba el vial directamente al contenedor de basura y veían que estaba lleno”.
El abogado agregó que la enfermera, cuyo nombre no se dio a conocer, hacía “comentarios antivacunas, que eran muy absurdos y fuera de lugar”.
Cuando las autoridades de salud analizaron la sangre de los niños afectados, se descubrió que muchos no tenían los anticuerpos que se esperarían al recibir las vacunas. El caso legal se centra en la falsificación de los registros de vacunas por parte de la enfermera, que mostraban que se aplicaron las inyecciones cuando al parecer no lo hicieron, y el mal uso de fondos públicos al tirar medicamentos no utilizados.
Más allá de las familias que emprenden acciones legales, los medios españoles informaron que hasta 400 niños podrían haber sido afectados.
Asla ahora está esperando instrucciones judiciales para que las familias comparezcan y den testimonio después de presentar el caso el mes pasado, y dijo que los padres quieren que se prohíba a la enfermera trabajar en el sistema de salud pública.
El sentimiento antivacunas es poco común en España. El país tiene la segunda tasa más alta de confianza pública en las vacunas en la Unión Europea después de Portugal, según estadísticas del bloque publicadas el año pasado. Las estadísticas del gobierno español muestran que la aceptación de la mayoría de las vacunas infantiles es superior al 90%.
