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El lunes el Congreso acordó analizar un plan legislativo de adelanto de elecciones, luego de que el viernes los parlamentarios rechazaran una propuesta para fijar en octubre el mes de comicios.
AP
El Congreso de Perú postergó por tercera vez el martes un debate clave para adelantar las elecciones generales en 2023 en un intento de apaciguar las protestas contra la presidenta en el país. En dos meses de manifestaciones, se han registrado 58 muertos.
La nueva cita para los legisladores del Parlamento peruano se fijó para el miércoles antes del mediodía. El presidente del Congreso, José Williams, dijo que la postergación intenta hallar “consenso” entre las fuerzas políticas parlamentarias divididas en 13 grupos políticos.
El lunes el Congreso acordó analizar un plan legislativo de adelanto de elecciones, luego de que el viernes los parlamentarios rechazaran una propuesta para fijar en octubre el mes de comicios y el 1 de enero de 2024 como fecha de inicio del mandato del nuevo presidente y de los 130 legisladores.
El debate quedó sin conclusión el lunes y fue suspendido para el martes. Durante la jornada volvió a suspenderse para el miércoles, luego de que los legisladores intentaran acordar una fórmula para definir las fechas de los comicios y del inicio del nuevo periodo presidencial y congresal.
La reconsideración se produjo entre protestas de miles que durante dos meses han exigido la dimisión de la presidenta peruana Dina Boluarte, así como la de de los miembros del Parlamento para que sean reemplazados en nuevos comicios. Las manifestaciones han dejado 58 muertos y centenares de heridos y cuestionamientos sobre si el uso de la fuerza policial ha sido excesivo.
“Estamos movilizados porque venimos reclamando que la dictadura mafiosa y corrupta se vaya a la cárcel porque cerca de 60 compañeros han sido vilmente asesinados”, dijo Marino Flores, un representante de campesinos organizados del norte de Perú, mientras marchaba junto a cientos de manifestantes por las calles del centro de Lima. “Ahora están en cacería de brujas y persiguen a los dirigentes, quieren descabezar todo, pero el pueblo no se va a rendir”, añadió.
Las movilizaciones comenzaron en diciembre, como reacción a la destitución y encarcelamiento al entonces presidente Pedro Castillo que el día 7 de ese meses intentó disolver el Congreso para evitar una votación para su remoción del cargo. Tras la decisión del Parlamento de destituirlo, fue juramentada como presidenta su vicepresidenta Boluarte y se sobrevinieron jornadas de protestas principalmente en el sur del país que, con el paso de las semanas, se trasladaron a la capital, Lima.
En caso de que no se logren acuerdos en el seno parlamentario peruano, la presidenta Boluarte y los 130 legisladores tendrán que continuar en sus funciones hasta 2026 según lo establece la ley.
Boluarte dijo el domingo que “de no prosperar el consenso para debatir el adelanto de elecciones para 2023”, el gobierno presentará dos iniciativas legislativas. La primera para pedir el adelanto de elecciones para octubre y la segunda, para que el próximo Congreso le encargue a la Comisión de Constitución “la reforma total de la constitución”.
