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La Segob publicó en el DOF el Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de TdP y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 2022-2024.
Con Información de EL UNIVERSAL
La Secretaría de Gobernación (Segob) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas (TdP) y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 2022-2024, cuyos objetivos son:
-Promover la reforma del marco normativo en materia de TdP a nivel federal.
-Establecer las bases de coordinación para erradicar la TdP a nivel nacional.
-Fortalecer la atención, reintegración social y reparación integral a víctimas de TdP y personas ofendidas desde la perspectiva de género, enfoques de derechos humanos e interseccionalidad, por medio de la creación o actualización, implementación y monitoreo de instrumentos en la materia.
-Fomentar la generación de conocimiento respecto a la TdP que optimice la implementación de políticas públicas y acciones en la materia.
-Promover los derechos humanos de las posibles víctimas de TdP y personas ofendidas desde la perspectiva de género y enfoque de interseccionalidad.
El documento señala que la trata de personas, además de ser un fenómeno delictivo, constituye una forma de violencia extrema y una violación grave a los derechos humanos.
Destaca que se cuenta con una Ley General en la materia, que se enmarca en los tratados internacionales de Derechos Humanos, lo que constituye un aspecto positivo, pero se advierte que entre los principales problemas señalados por personas expertas de la academia y de la sociedad civil es la incorrecta composición del fenómeno delictivo.
“Lo anterior, dificulta la adecuada identificación, investigación y sanción del fenómeno delictivo, con dos posibles consecuencias desafortunadas: la primera de ellas es que existan sentencias contra personas que no cometieron TdP sino otros delitos relacionados y la segunda es la dificultad para acreditar el delito de TdP en casos que lo ameritan, por lo que no siempre se emiten sentencias condenatorias; convirtiéndose en un importante factor de impunidad”, por lo que “es imperativo” impulsar una iniciativa de reforma a la Ley General que defina claramente el delito de TdP y sus modalidades, diferenciándolo de los delitos en materia de explotación.
“Esta reforma también respondería al problema de los altos niveles de injusticia e impunidad frente a las distintas modalidades de TdP, toda vez que con la presente Ley se carece de efectividad para prevenir, sancionar y erradicar un fenómeno delictivo complejo y permanentemente cambiante”, advierte.
Además, subraya que la falta de coordinación entre las dependencias, el deficiente seguimiento de acuerdos y la ausencia de evaluación de las políticas públicas implementadas, por lo que resulta necesario establecer bases de coordinación en la materia ha repercutido en una inadecuada acción del Estado Mexicano en la prevención, persecución y sanción de la TdP ni en la asistencia y reparación integral del daño a las víctimas.
Se destaca que no se cuenta con el Fondo de Protección y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas ni existen convenios o protocolos que establezcan de manera clara la intervención de las secretarías de Salud (SSA), del Trabajo (STPS) y Educación Pública (SEP) que permitan una intervención integral y coordinada del Estado para garantizar la restitución de derechos a las víctimas del delito de TdP.
Por otra parte, se menciona que el TIP Report (Trafficking in Persons Report, por sus siglas en inglés), publicado anualmente por el Gobierno de los Estados Unidos de América con el objetivo de monitorear los esfuerzos implementados por los gobiernos alrededor del mundo en la lucha contra la trata, ubican a México en el nivel 2, ya que no ha cumplido por completo con los estándares mínimos, pero ha realizado esfuerzos para ello.
El reporte señala que México es un país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata con fines sexuales y de trata con fines laborales, lo que coincide con las cifras nacionales respecto de que estas modalidades son las identificadas con mayor frecuencia y se identifica que los grupos en mayor situación de vulnerabilidad son los niños, las niñas, las mujeres, las personas indígenas, las personas con discapacidades, las personas en situación de migración y a la comunidad LGBTTTIQ, toda vez que las personas transgénero están en mayor riesgo a la trata con fines de explotación sexual.
“Dos aspectos que recrudecen la complejidad del fenómeno de la TdP son, por un lado, la documentada corrupción de autoridades locales y de agentes de migración, así como la presencia de grupos del crimen organizado que explotan sexualmente a niños, niñas y migrantes, a la vez que les obligan a cometer asesinatos, a vender droga y realizar actividades de vigilancia y alerta”, resalta el documento publicado en el DOF.
Se señala la corrupción de agentes judiciales y migratorios, quienes extorsionan con sobornos o servicios sexuales a personas migrantes en situación migratoria irregular, incluidos niños y niñas, falsifican documentos de las víctimas de trata, aceptan sobornos por parte de los tratantes, facilitan el movimiento de las víctimas por medio de la frontera y operan burdeles en los que son explotadas.
Los diagnósticos coinciden en que las personas migrantes forman parte de los grupos más susceptibles de ser enganchados por personas tratantes, especialmente quienes migran en situación irregular, aunque no exclusivamente, ya que también quienes forman parte de la migración interna se exponen a una situación de riesgo; “otros grupos en peligro de trata son las personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, así como jornaleras agrícolas y trabajadoras del hogar”.
En el documento, la Segob destaca que el fenómeno de la trata ha mostrado su capacidad para actualizar sus métodos de enganche por medio de las redes sociales y el uso de diversas tecnologías, por lo que es necesario que la prevención considere la articulación con el sector empresarial que provee estos servicios, a fin de generar estrategias para el monitoreo e investigación proactiva de posibles casos de TdP.
