#InPerfecciones
Entre decir que todo está bien y afirmar que todo está mal existe algo mucho más difícil: mirar los datos completos.
Alejandro Animas Vargas / @alexanimas
animasalejandro@gmail.com
Las discusiones en torno a la seguridad pública parecen interminables. No hay día en que no se hable de ella en los medios tradicionales, en las redes sociales o en cualquier conversación. Ante esta situación, tenemos dos visiones que parecen encontrarse en lugares completamente opuestos. Por un lado, desde el gobierno se dice que vamos mejorando; desde la oposición se sostiene que vamos empeorando.
Este antagonismo existe desde hace unos veinte años. Lo único que ha cambiado es la posición de los actores: algunas veces gobierno y otras oposición. Lo más peculiar es que ambos bandos utilizan datos y estadísticas, lo cual, en teoría, debería ser la base de una discusión objetiva. Sin embargo, lo que presenciamos es una lucha de sordos.
Para documentar su optimismo, el gobierno señala en sus informes cotidianos que los homicidios y los delitos van a la baja. De acuerdo con el Reporte Mensual de Incidencia Delictiva al 31 de agosto de 2026, elaborado por el Gobierno de México, se pasó de un promedio de 86.9 homicidios diarios en septiembre de 2024 a 40.8 en agosto de 2026. Esto representa una reducción de 53%.
Además, durante este periodo los homicidios registraron una disminución durante cuatro meses consecutivos. Si se compara solo el mes de agosto desde 2015, vemos que 2026 presenta el registro más bajo en once años. Al observar la tasa de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes, con cifras preliminares de 2026, agosto registra 12.9, la cifra más baja desde 2009.
Pero si vemos lo reportado en el Segundo Informe de Gobierno acerca de la misma categoría de tasa de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes, los porcentajes no coinciden con los presentados en el Reporte Mensual. Por ejemplo, en éste, la tasa más alta corresponde a 2018, con 29.1 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, y la diferencia entre 2016 y 2018 pasa de 19.9 a 29.1. En el Segundo Informe de Gobierno, en cambio, la tasa más alta corresponde a 2019, con 23.2, la diferencia entre 2016 y 2018 pasa de 16.7 a 23.1, y 2019 aparece como el año con la cifra más alta, con 23.2.
Es decir, dos reportes oficiales del Gobierno de México presentan cifras diferentes. Mientras que el Segundo Informe utiliza datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, proveniente de las Procuradurías y/o Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas, el Reporte Mensual señala que utiliza esa misma fuente, pero complementada con información de las Estadísticas de Defunciones Registradas del INEGI.
Más allá de esta diferencia metodológica, que no es menor, los datos de ambas fuentes muestran una tendencia similar a la baja. Si observamos el cambio porcentual entre el principio y el final de cada sexenio, los mayores incrementos corresponden, en orden decreciente, a los gobiernos de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador. Los niveles en 2026 ya se aproximan a los registrados en 2015, por lo que desde esta perspectiva, el gobierno tiene elementos para destacar el resultado.
Pero la lectura cambia cuando dejamos de observar los porcentajes y revisamos las cifras acumuladas. Con los mismos datos, los sexenios con mayor número de homicidios dolosos fueron, en orden decreciente, los de López Obrador, Peña Nieto y Calderón. Aquí aparece uno de los primeros claroscuros.
Por otra parte, todos los fallecimientos son registrados, sean por causas naturales o violentas. Por ello, el homicidio constituye un indicador particularmente útil y comparable a nivel internacional. No sucede lo mismo con el resto de los delitos. Para aproximarnos al número total de delitos que se cometen, el INEGI realiza la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), cuya última actualización fue publicada en septiembre de 2026. Los datos también ofrecen una perspectiva distinta.
El número de personas víctimas de delito, por cada 100 mil habitantes, entre 2012 y 2018 oscilaba entre 27 y 29 mil. Entre 2019 y 2025, el rango disminuyó a entre 22 y 24 mil personas. Es decir, sí existe una reducción en el número de personas que sufrieron algún delito a partir de 2019, pero los números se han mantenido relativamente estables desde ese año. Aquí no encontramos una disminución tan pronunciada como la observada en los homicidios.
Si observamos el número de delitos por cada 100 mil habitantes, el comportamiento es todavía más desigual. En 2013 y 2014 se cometían alrededor de 41 mil delitos, mientras que entre 2020 y 2022 se registraron entre 28 y 30 mil. La tasa se incrementó los dos años siguientes y en 2025 se reflejó una disminución de apenas 1.6%, para ubicarse en 34 mil delitos por cada 100 mil habitantes. En otras palabras, hay menos víctimas, pero no menos delitos, aunado a que la composición de la delincuencia también está cambiando. Para 2025 disminuyeron los asaltos y los robos de vehículos, pero aumentaron delitos como el fraude, la extorsión y las amenazas.
Pero hay otro dato que debería preocuparnos todavía más. De los 33.8 millones de delitos cometidos, únicamente en el 6.6% se denunció y se inició una carpeta de investigación. Esto significa que una proporción abrumadora de los delitos no llega a las autoridades. En 2012 se denunciaba el 12.2% de los delitos; para 2025, la cifra había disminuido, como nunca antes, al 9%. Es decir, no solamente tenemos un problema de incidencia delictiva, sino también de denuncia y de capacidad institucional para investigar y resolver los delitos. Del total de delitos, únicamente el 1.1% tuvo una resolución favorable para la víctima en el Ministerio Público.
Los datos muestran una realidad mucho más compleja que la que ofrecen las dos narrativas predominantes, y la seguridad pública merece una discusión menos partidista y más seria. Porque entre decir que todo está bien y afirmar que todo está mal existe algo mucho más difícil: mirar los datos completos. Ahí están los claroscuros de la seguridad pública.
#InPerfecto
