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Queremos evitar que el crimen organizado decida quién llega al poder, pero ¿quién vigilará a quienes tendrán el poder de decidir quién puede competir?
Eder Mendoza / ai.edcissce
editorial@inperfecto.com.mx
Hay preguntas que parecen tener una respuesta obvia hasta que uno se detiene a pensar quién tiene realmente el poder para contestarlas.
¿Quién decide quién puede ser candidato?
En teoría, es sencillo: la ley pone los requisitos, los partidos postulan y nosotros votamos.
Pero en México acabamos de agregar una pieza nueva a esa ecuación.
Y vale la pena ponerle atención.
Rumbo a las elecciones de 2027, el Instituto Nacional Electoral instaló la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, un mecanismo pensado para evitar que personas vinculadas con la delincuencia organizada lleguen a las boletas.
Y seamos honestos: nadie debería querer que un grupo criminal tenga capacidad para decidir quién aparece en una boleta, quién recibe dinero para una campaña o quién termina gobernando un municipio, un estado o un país.
El problema empieza cuando hacemos una pregunta que parece mucho menos cómoda:
¿Quién decide que alguien está vinculado con el crimen organizado?
Porque ahí ya no estamos hablando solamente de seguridad.
Estamos hablando de poder.
La Comisión funcionará como un mecanismo de coordinación. Los partidos podrán entregar voluntariamente información sobre sus candidaturas y distintas instituciones —entre ellas la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Centro Nacional de Inteligencia— podrán realizar las revisiones correspondientes.
Si se detecta un “riesgo razonable”, la información será comunicada al partido.
Pero hay un detalle importante: el INE no va a decidir quién puede o no ser candidato.
La decisión final seguirá estando en manos de los partidos políticos o, en su caso, de las candidaturas independientes.
Y aquí es donde la cosa se pone interesante.
Porque todos podemos coincidir en algo: el crimen organizado no debería tener una silla en la mesa donde se decide el poder.
Pero una cosa es impedir que el crimen decida quién gobierna y otra muy distinta es permitir que una acusación, una investigación o una sospecha termine definiendo quién puede competir.
La diferencia parece mínima.
No lo es.
La propia Comisión establece que la información obtenida no equivale a una declaración de culpabilidad y que debe respetarse la presunción de inocencia. Tampoco puede utilizarse para fines distintos a los previstos.
Y eso importa muchísimo.
Porque en política un señalamiento puede durar cinco minutos en una conferencia, pero sus consecuencias pueden durar toda una campaña.
Imaginemos algo bastante sencillo.
Una persona quiere competir por una alcaldía. Tiene estructura, tiene reconocimiento y tiene posibilidades reales de ganar.
Durante la revisión aparece información que las autoridades consideran suficiente para advertir un “riesgo razonable”.
El partido recibe la alerta.
¿Qué hace?
¿Lo baja?
¿Lo mantiene?
¿Pide más pruebas?
¿Le cree a la autoridad?
¿Le cree al candidato?
¿Y qué pasa si la información estaba incompleta?
Ahí aparece el verdadero problema: la seguridad puede requerir actuar antes de tener una sentencia, pero la democracia no puede olvidar que una persona no deja de tener derechos porque exista una sospecha sobre ella.
Y esto se vuelve todavía más delicado cuando recordamos que los partidos no son observadores neutrales.
Son jugadores.
Quieren ganar.
Tienen intereses, grupos internos, candidaturas favoritas y enemigos políticos.
Por eso tampoco basta con decir: “pues que el partido decida”.
Porque entonces tenemos otra pregunta:
¿Qué tan independiente puede ser la decisión de alguien que también está compitiendo por el poder?
Y aquí no se trata de asumir que todos los partidos actuarán mal. Se trata de reconocer que el diseño institucional importa precisamente porque no deberíamos depender de que todos actúen bien todo el tiempo.
Ese es uno de los problemas más viejos de cualquier democracia.
No basta con tener buenas intenciones.
Hay que construir mecanismos para cuando las intenciones no sean tan buenas.
Además, existe otro detalle que merece atención: el procedimiento es voluntario.
Es decir, los partidos y aspirantes pueden decidir si participan en esta revisión.
Y aquí aparece una contradicción bastante mexicana:
Queremos evitar que el crimen organizado se meta en las elecciones, pero el mecanismo depende, en buena medida, de que quienes participan en la elección quieran someterse a él.
No es necesariamente una falla.
Pero sí es algo que debemos mirar.
Porque 2027 no está tan lejos como parece.
El proceso electoral ya comenzó y contempla la renovación de más de 19 mil cargos públicos.
Y eso significa que esta discusión no pertenece al futuro.
Ya está sucediendo.
Por eso sería un error convertir este tema en otro pleito de “Morena contra la oposición”, “INE contra gobierno” o “izquierda contra derecha”.
Esto es más grande que cualquiera de ellos.
Porque mañana podría gobernar un partido distinto y la pregunta seguiría siendo exactamente la misma:
¿Quién tiene derecho a decidir quién puede competir por el poder?
Necesitamos filtros.
Claro que sí.
Necesitamos evitar que el dinero del crimen organizado financie campañas. Necesitamos impedir que las amenazas definan candidaturas. Necesitamos que una persona vinculada con una organización criminal no pueda utilizar una boleta electoral como vehículo para llegar al poder.
Pero también necesitamos límites.
Necesitamos saber qué significa exactamente un “riesgo razonable”.
Necesitamos saber qué información puede utilizarse.
Necesitamos saber quién puede cuestionarla.
Necesitamos saber qué ocurre cuando una acusación es falsa.
Y necesitamos saber qué mecanismos tendrá una persona para defenderse.
Porque hay algo que no deberíamos perder de vista:
una democracia no solamente se protege evitando que lleguen malos candidatos. También se protege evitando que alguien tenga el poder de decidir arbitrariamente quién puede ser candidato.
Y ahí está el verdadero reto.
Porque si dejamos que el crimen organizado decida quién aparece en una boleta, perdimos.
Pero si permitimos que una institución, un partido o un grupo político pueda eliminar competidores sin controles suficientes, tampoco estamos exactamente celebrando una victoria democrática.
El equilibrio es incómodo.
Y justamente por eso importa.
Quizá hemos pasado demasiado tiempo preguntándonos quién va a ganar las próximas elecciones y muy poco preguntándonos quién está decidiendo las condiciones bajo las cuales vamos a elegir.
La Comisión no decide hoy quién puede ser candidato.
Los partidos tienen la última palabra.
Pero una red de instituciones de seguridad, inteligencia, fiscalización y procuración de justicia ya está entrando en una etapa que antes parecía exclusivamente electoral.
Y eso merece atención.
No para desconfiar de todo.
No para asumir que habrá abuso.
No para defender a nadie.
Simplemente para hacer la pregunta correcta antes de que lleguen las boletas:
¿Quién vigila a quienes deciden quién puede competir?
Porque sí, hay que cerrar la puerta al crimen organizado.
Pero también tenemos que asegurarnos de que, al cerrarla, no dejemos la democracia del otro lado.
Y quizá aquí está la reflexión que más nos debería incomodar:
En una democracia, el problema no es solamente quién tiene el poder. También es quién tiene el poder de decidir quién puede llegar a tenerlo.
Porque si mañana alguien puede desaparecer una candidatura con una carpeta, una alerta o un señalamiento que nadie puede cuestionar, entonces el voto sigue existiendo, pero la competencia ya no necesariamente es libre.
Y si una candidatura puede ser financiada, amenazada o impulsada por el crimen organizado, entonces tampoco estamos frente a una elección realmente libre.
Por eso el reto no es escoger entre seguridad o democracia.
El verdadero reto es construir instituciones capaces de proteger ambas.
Porque una democracia que no puede defenderse del crimen organizado es vulnerable.
Pero una democracia que necesita sacrificar sus propias garantías para sentirse segura también lo es.
Y cuando hablamos de quién puede aparecer en una boleta, estamos hablando de algo mucho más grande que un candidato.
Estamos hablando de quién decide las opciones que tendremos para elegir.
Ahí está el límite que no podemos dejar de mirar.
Porque al final, la pregunta no debería ser solamente:
¿Quién va a decidir quién puede ser candidato?
La pregunta que deberíamos hacernos como ciudadanos es todavía más incómoda:
¿Y quién va a vigilar a quien tenga esa decisión en sus manos?
Porque sí: hay que cerrar la puerta al crimen organizado.
Pero nunca al precio de entregarle a alguien más las llaves de nuestra democracia.
