#InPerfecciones
Nos dijeron que esta sería la Corte del pueblo. El verdadero problema es que todavía no sabemos si cambiaron las instituciones o solamente cambiaron las personas que ocupan los despachos.
Eder Mendoza / ai.edcissce
editorial@inperfecto.com.mx
Hay algo profundamente mexicano en nuestra relación con el poder: cuando cambian los nombres, asumimos que también cambió el sistema.
Llegó una nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, elegida mediante voto popular, acompañada de una narrativa de transformación que prometía romper con el viejo Poder Judicial, terminar con privilegios y acercar la justicia a la ciudadanía.
Y durante meses escuchamos la misma idea repetida hasta el cansancio: ahora sí, la Corte le pertenece al pueblo.
Pero hay una pregunta que resulta bastante más incómoda:
¿Qué significa que una institución sea del pueblo si quienes la integran siguen reproduciendo algunos de los mismos vicios que criticábamos antes?
Porque cambiar a los ministros no necesariamente cambia la cultura del poder.
Y la nueva Corte empieza a darnos suficientes motivos para discutirlo.
No hablo de una supuesta conspiración. Tampoco de que todos sus integrantes sean incompetentes. Mucho menos de que toda decisión que no nos guste sea automáticamente antidemocrática.
Hablo de algo mucho más elemental: una institución que concentra semejante cantidad de poder debe estar sometida a una vigilancia pública mucho más exigente, precisamente porque ahora presume una legitimidad popular renovada.
Si antes cuestionábamos al Poder Judicial por sus privilegios, tenemos que cuestionarlos ahora.
Si antes exigíamos austeridad, debemos exigirla ahora.
Si antes reclamábamos transparencia, debemos reclamarla ahora.
Y si antes defendíamos la independencia judicial, debemos defenderla incluso cuando el ministro que vota en contra de nuestras preferencias políticas sea uno de los que llegó con el respaldo electoral que no compartimos.
Porque si los principios solamente funcionan cuando favorecen a nuestro bando, entonces nunca fueron principios.
Fueron preferencias.
Ahí empieza el verdadero problema.
La Corte también tiene ego
Quizá una de las escenas más reveladoras de esta nueva etapa no ocurrió en una sentencia particularmente trascendente, sino en una confrontación interna.
La ministra Lenia Batres acusó a sus compañeros de tener una “animadversión insana” después de que el Pleno rechazara uno de sus proyectos. Sus declaraciones provocaron una respuesta pública de otros integrantes de la Corte, en una disputa que terminó haciendo visible algo que debería preocuparnos más allá de simpatías ideológicas: la institución también está aprendiendo a convivir con sus propios egos.
Y no, el problema no es que los ministros discrepen.
Para eso están.
Una Corte sin desacuerdos sería mucho más preocupante que una Corte con ellos.
El problema aparece cuando las diferencias jurídicas empiezan a convertirse en conflictos personales, declaraciones públicas y acusaciones que parecen más propias de una disputa partidista que de un órgano constitucional.
Porque los ministros pueden tener ideología.
Pueden tener personalidad.
Pueden tener historia política.
Pero una institución constitucional necesita algo más que buenos argumentos: necesita autocontención.
Y esa virtud no se consigue mediante una elección.
Se consigue mediante cultura institucional.
Por eso tampoco tiene sentido convertir a Lenia Batres en la villana absoluta de esta historia. Sería demasiado cómodo.
Ella es, en todo caso, uno de los síntomas.
La austeridad también necesita explicaciones
Otro asunto que merece mucho más que una guerra de memes es el tamaño de las estructuras que acompañan a los ministros.
La ponencia de Batres ha sido reportada con 95 integrantes y la de Arístides Rodrigo Guerrero con 91. Otras ponencias cuentan también con decenas de funcionarios entre secretarios de estudio y cuenta, auxiliares, personal técnico y administrativo.
Y aquí conviene ser precisos: llamar a todos “asesores” es impreciso y alimenta una crítica fácil.
Pero corregir el término no elimina la pregunta.
La pregunta es:
¿Cuánto cuestan estas estructuras y qué resultados justifican su tamaño?
Porque la austeridad no puede ser un discurso que únicamente se aplica cuando hablamos de los privilegios de los adversarios.
Si la nueva Corte llegó con la promesa de terminar con los excesos del antiguo Poder Judicial, tiene la obligación de explicar con claridad por qué necesita estructuras burocráticas de esta dimensión.
No basta con decir que son indispensables.
Hay que demostrarlo.
Y aquí aparece una de las grandes contradicciones de nuestra política contemporánea: hemos convertido la austeridad en una bandera moral, cuando debería ser una política pública medible.
No importa quién tenga los escritorios.
No importa qué partido los haya colocado.
No importa si el ministro nos cae bien.
El dinero público no adquiere una ideología cuando cambia de administración.
Y luego está Michoacán
Pero si realmente queremos saber qué tan democrática es esta nueva Corte, hay que dejar de mirarla únicamente a través de sus protagonistas y empezar a mirar sus decisiones.
El caso de Michoacán resulta particularmente interesante.
El Pleno analizó las reglas locales relacionadas con candidaturas independientes y, en una decisión impulsada por el ministro Arístides Guerrero, validó restricciones que impiden que estas candidaturas hagan campañas coordinadas, compartan propaganda, imagen, plataformas o estrategias como si fueran una coalición partidista.
La Corte también invalidó una parte especialmente problemática de la legislación: la posibilidad de sancionar candidaturas a partir de la percepción subjetiva de que estaban actuando como un bloque.
Y eso último es importante.
Porque una democracia no puede castigar a alguien por lo que una autoridad cree que está haciendo.
Pero queda una pregunta mucho más incómoda:
¿Desde cuándo ser independiente significa estar solo?
Entiendo perfectamente el argumento jurídico.
Una candidatura independiente pretende ser independiente de los partidos políticos y no convertirse, mediante una puerta trasera, en un partido sin las obligaciones legales correspondientes.
Hasta ahí, hay una lógica.
Pero una democracia saludable también debería preguntarse qué ocurre cuando varias personas sin partido quieren defender ideas similares, apoyarse, compartir experiencias o coordinar esfuerzos.
Porque los partidos políticos llevan décadas construyendo estructuras, alianzas, equipos, plataformas y redes territoriales.
Y después creamos una figura llamada “candidatura independiente” para que un ciudadano pueda competir fuera de esas estructuras.
¿Y luego le decimos que no puede organizarse con otros ciudadanos porque podría parecerse demasiado a un partido?
Eso puede ser jurídicamente defendible y democráticamente incómodo al mismo tiempo.
Y las dos cosas pueden ser verdad.
Ahí es donde una Corte verdaderamente independiente debería obligarnos a pensar.
No solamente a celebrar.
No solamente a indignarnos.
A pensar.
Porque el trabajo de una Suprema Corte no es confirmar nuestras intuiciones políticas. Es poner límites al poder, incluso cuando esos límites resultan incómodos para quienes tienen la mayoría.
Y aquí aparece la paradoja.
La nueva Corte llegó con legitimidad electoral.
Pero la legitimidad electoral no convierte automáticamente a una institución en democrática.
Una institución es democrática cuando sus reglas protegen derechos incluso cuando hacerlo resulta inconveniente para quienes tienen el poder.
El problema no es quién ganó la elección
Aquí es donde creo que debemos abandonar una discusión bastante infantil.
¿Son los ministros de izquierda?
¿Son de derecha?
¿Son cercanos a Morena?
¿Son opositores?
¿Son conservadores?
¿Son progresistas?
Todo eso puede servir para entender sus trayectorias.
Pero no debería servir para decidir cuándo una resolución es buena.
Porque si durante años criticamos que la Corte fuera capturada por intereses políticos y ahora justificamos decisiones únicamente porque coinciden con nuestro proyecto político, no cambiamos nada.
Solamente cambiamos de equipo.
Y ese es precisamente el riesgo de esta nueva etapa.
Que confundamos democratización con sustitución.
Que pensemos que democratizar una institución consiste en sacar a unos y poner a otros.
Que creamos que la legitimidad de las urnas elimina la obligación de rendir cuentas.
Que asumamos que un ministro electo por el pueblo ya no necesita ser cuestionado por el pueblo.
No.
De hecho, debería ser al revés.
Si fueron elegidos por nosotros, deberíamos exigirles todavía más.
Porque ya no pueden esconderse detrás de la distancia institucional de la vieja Corte.
Ahora tienen legitimidad popular.
Y con la legitimidad popular viene una responsabilidad mucho mayor.
La nueva Suprema Corte todavía está escribiendo su historia.
Sería absurdo decir que fracasó.
Pero también sería ingenuo concederle un cheque en blanco.
Porque ya vimos egos.
Ya vimos contradicciones.
Ya vimos estructuras burocráticas enormes.
Ya vimos decisiones que pueden generar dudas legítimas sobre el espacio de participación política fuera de los partidos.
Y apenas estamos empezando.
La pregunta, entonces, no debería ser si esta Corte es de izquierda o de derecha.
Tampoco si sus ministros son “del pueblo” o si pertenecen a una nueva élite.
La pregunta verdaderamente democrática es mucho más sencilla:
¿Serán capaces de construir una institución que pueda ser cuestionada incluso por quienes la eligieron?
Porque el verdadero poder no se demuestra cuando alguien puede imponer su voluntad.
Se demuestra cuando acepta límites.
Y quizá esa sea la paradoja más incómoda de esta nueva etapa:
Nos prometieron una Corte del pueblo.
Ahora habrá que comprobar si también será una Corte capaz de soportar que el pueblo la critique.
