#InPerfecciones
Entre una prensa que puede equivocarse y un poder que puede decidir qué decir, el verdadero peligro está en darle al Estado la última palabra.
Eder Mendoza / @ar.edcissce
editorial@inperfecto.com.mx
Hay palabras que en política tienen una habilidad casi mágica: suenan tan bonitas que uno podría olvidar preguntarse qué significan realmente. “Protección”, “derechos”, “democracia”, “bienestar”. Son palabras que nadie quiere discutir porque, en teoría, ¿quién estaría en contra?
El problema aparece cuando detrás de ellas se construyen reglas que dejan demasiado espacio para interpretar, sancionar o decidir qué es correcto dependiendo de quién tenga el poder para hacerlo.
Y ahí es donde la llamada “Ley Censura” debería preocuparnos.
Aclaremos algo desde el principio: “Ley Censura” no es su nombre oficial. Es la etiqueta que han utilizado críticos y distintos medios para referirse a los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, actualmente en consulta pública. Incluso desde el propio discurso oficial se reconoce que así la ha bautizado la oposición.
Pero quizá el nombre sea lo menos importante.
Lo verdaderamente importante es qué facultades se están creando, qué criterios se utilizarán y, sobre todo, quién tendrá la capacidad de interpretarlos.
Porque seamos honestos: si una regulación pretende proteger a las audiencias, bienvenida sea. Las personas tenemos derecho a información veraz, plural y responsable. El problema empieza cuando la protección de la audiencia puede convertirse, por la vía de la interpretación, en una herramienta para intervenir en lo que se dice, cómo se dice o qué puede considerarse aceptable.
Y ese pequeño detalle no es menor.
En política, los vicios más peligrosos no siempre están escritos en letras grandes. Muchas veces viven en las frases que parecen inofensivas: “cuando se considere necesario”, “podrá determinarse”, “conforme a los criterios establecidos”, “información que pueda afectar”, “contenidos que vulneren”.
¿Vulneren qué?
¿Quién lo determina?
¿Con qué criterio?
¿Qué autoridad decide cuándo una crítica deja de ser crítica y se convierte en una afectación?
¿Qué sucede cuando el criterio cambia dependiendo de quién está frente al micrófono?
Ahí está el verdadero problema.
Porque una democracia no se mide únicamente por aquello que el gobierno permite decir. También se mide por aquello que no puede impedir que digamos.
Y antes de que alguien convierta esto en otro pleito de partidos, vale la pena hacer una pausa.
No, la defensa de la libertad de expresión no significa defender a Morena. Pero tampoco significa defender al PAN, al PRI, a Movimiento Ciudadano o a cualquier otra fuerza política que mañana pueda ocupar el poder.
De hecho, sería bastante ingenuo pensar que la oposición tiene un certificado de pureza democrática.
No lo tiene.
El PRI, por ejemplo, tiene su propia historia de tensiones con la prensa y la libertad de expresión. En 2022, un audio atribuido a Alejandro Moreno generó una fuerte polémica por sus expresiones contra periodistas; el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas condenó públicamente los comentarios atribuidos al entonces dirigente priista por considerar que podían menoscabar la dignidad y el trabajo de quienes ejercen el periodismo. El PRI, por su parte, sostuvo que las grabaciones habían sido manipuladas.
Es decir: tampoco podemos caer en la comodidad de pensar que la libertad de prensa está segura simplemente porque cambie el color del gobierno.
Porque no.
La historia mexicana nos ha enseñado demasiadas veces que los políticos suelen amar la libertad de expresión cuando están en la oposición y descubrir sus límites cuando llegan al poder.
Y justo ahora tenemos un ejemplo perfecto.
Mientras se discuten reglas para proteger los derechos de las audiencias frente a los medios, el PAN está proponiendo que el derecho de réplica también alcance a las conferencias mañaneras. La propuesta plantea mecanismos para responder cuando desde esos espacios se difunda información que alguien considere falsa o inexacta.
Y aquí hay algo que sí debemos reconocer:
si vamos a hablar de responsabilidad sobre la información pública, el poder tampoco puede quedar fuera de la conversación.
Una mañanera no es una charla privada.
Lo que se dice desde una conferencia presidencial tiene una capacidad de amplificación enorme. Puede convertirse en titular, tendencia, clip, meme y narrativa nacional en cuestión de minutos.
Entonces sí: el poder también debe rendir cuentas sobre lo que comunica.
Pero tampoco deberíamos celebrar automáticamente la propuesta solamente porque viene de la oposición.
Porque si nuestra defensa de la libertad depende de quién presenta la iniciativa, seguimos teniendo exactamente el mismo problema.
Hoy el PAN dice: “regulemos las mañaneras”.
Mañana podría ser otro partido el que diga: “regulemos a los medios”.
Y pasado mañana podría ser el gobierno quien diga: “regulemos las redes”.
¿Ven el problema?
El debate no debería ser quién tiene permitido regular a quién.
Debería ser hasta dónde puede llegar cualquier autoridad cuando se trata de discurso público.
Porque una cosa es exigir que el gobierno corrija información falsa.
Y otra muy distinta es darle a cualquier gobierno la capacidad de convertirse en árbitro de lo que es verdad, opinión, crítica o información aceptable.
La primera puede fortalecer el derecho de réplica.
La segunda puede convertirse en una puerta peligrosísima.
Por eso tampoco podemos dejar fuera a la prensa.
La prensa tampoco es inocente.
Y decirlo no significa justificar al poder.
Significa exigirle más a quienes tienen la responsabilidad de informarnos.
Porque sí: existen periodistas y medios que han defendido la libertad de expresión incluso cuando hacerlo les ha costado contratos, audiencias, prestigio o tranquilidad.
Pero también existen medios que han aprendido a doblar las manos.
Medios que descubrieron que una relación conveniente con el poder puede ser mucho más rentable que una investigación incómoda.
Medios que suavizan una noticia, esconden otra, magnifican una tercera o deciden que determinada información simplemente no merece espacio.
No todos.
Pero sí algunos.
Y fingir que no existe sería tan ingenuo como pensar que todos los políticos son corruptos.
La prensa tiene una responsabilidad enorme porque posee algo que el ciudadano común no tiene: la capacidad de decidir qué entra a la conversación pública y qué se queda afuera.
Un medio no solamente informa.
También selecciona.
Jerarquiza.
Titula.
Edita.
Contextualiza.
Y, a veces, omite.
Cada una de esas decisiones puede construir una percepción distinta de la realidad.
Por eso también debemos cuestionar a los medios cuando fallan.
Pero aquí está la línea que no debemos cruzar:
que algunos medios hayan vendido su credibilidad no significa que el gobierno deba comprar el derecho a decidir qué prensa es legítima.
Una cosa no justifica la otra.
Si un periodista miente, debe responder.
Si un medio difama, debe enfrentar mecanismos legales.
Si una información es falsa, debe poder ser desmentida.
Si existe un conflicto de interés, debe hacerse público.
Si alguien recibe dinero para favorecer una narrativa, debe poder ser cuestionado.
Pero ninguna de esas respuestas debería convertirse en una licencia para que una autoridad determine qué opiniones son aceptables.
Porque entonces pasamos de una prensa capturada por intereses privados a una conversación pública condicionada por el Estado.
Y eso no es progreso.
Es cambiar de dueño.
Quizá necesitamos algo mucho más incómodo que una nueva ley.
Necesitamos responsabilidad.
Responsabilidad de los periodistas.
Responsabilidad de los medios.
Responsabilidad de los gobiernos.
Responsabilidad de los partidos.
Responsabilidad de las audiencias.
Y, sobre todo, responsabilidad de quienes tienen el privilegio de hablarle a millones de personas.
Porque el ciudadano también tiene una tarea: dejar de consumir información únicamente porque confirma lo que ya piensa.
Si solamente buscamos al periodista que piensa como nosotros, no estamos informándonos.
Estamos buscando validación.
Y eso también es peligroso.
La libertad de expresión no significa que todo lo que se diga sea verdad.
Significa que la sociedad tenga la posibilidad de contrastarlo.
Ahí está la diferencia.
Una democracia sana no necesita que exista una autoridad que determine cuál es la versión correcta de la realidad.
Necesita suficientes voces para que podamos descubrir las contradicciones entre ellas.
Y eso incluye voces incómodas.
Voces equivocadas.
Voces críticas.
Voces que cuestionan al gobierno.
Voces que cuestionan a la oposición.
Voces que cuestionan a los propios medios.
Porque cuando una sociedad deja de tolerar la incomodidad, empieza a confundir la tranquilidad con libertad.
Y quizá eso es lo que deberíamos estar discutiendo cuando hablamos de proteger a las audiencias.
No solamente cómo protegerlas de los contenidos que les molestan.
Sino cómo protegerlas de la manipulación, la propaganda, el silencio conveniente y la información incompleta, venga de donde venga.
Porque sí: hay medios que han fallado.
Hay periodistas que han fallado.
Hay empresarios que han comprado espacios.
Hay gobiernos que han presionado.
Hay políticos que han amenazado.
Hay intereses económicos que han condicionado coberturas.
Todo eso existe.
Pero precisamente porque existe necesitamos una prensa más fuerte, no una prensa más controlada.
Necesitamos periodistas con libertad para investigar y también con la obligación de sostener sus investigaciones con evidencia.
Necesitamos medios capaces de reconocer un error sin sentir que admitirlo los hace débiles.
Necesitamos gobiernos capaces de corregir lo que dicen cuando se equivocan.
Y necesitamos audiencias capaces de cuestionar lo que consumen.
Porque quizá el verdadero problema no es que existan medios sesgados.
El verdadero problema sería que solamente pudiéramos tener medios que no incomoden al poder.
Y aquí es donde la discusión se vuelve todavía más incómoda.
Porque Morena puede decir que no existe censura y que los lineamientos buscan proteger a las audiencias. Esa es su posición.
La oposición puede decir que existen ambigüedades y riesgos para la libertad de expresión. También es parte del debate.
El PAN puede pedir que el derecho de réplica llegue a las mañaneras.
Y Morena puede responder que las conferencias no deben someterse a ese mecanismo.
Pero entonces tenemos que hacernos una pregunta que ninguno de los dos lados debería poder esquivar:
¿Las mismas reglas que queremos para el otro también las aceptaríamos para nosotros?
Porque si queremos que un medio responda por información falsa, también debemos exigir responsabilidad al poder cuando comunica información falsa.
Si queremos derecho de réplica para un ciudadano frente a un medio, también debemos preguntarnos si ese derecho debe existir frente al gobierno.
Si queremos medios responsables, necesitamos gobiernos responsables.
Y si queremos libertad para criticar al gobierno, tenemos que aceptar también la crítica a los medios y a la oposición.
La libertad no puede funcionar por conveniencia.
No puede ser una herramienta que sacamos del cajón cuando nos atacan y guardamos cuando el golpe beneficia a los nuestros.
Porque entonces no estamos defendiendo libertades.
Estamos defendiendo intereses.
Y ahí es donde todos tenemos que hacer autocrítica.
Morena no debería tener el poder de decidir qué podemos decir.
Pero tampoco debería tenerlo el PRI.
Ni el PAN.
Ni Movimiento Ciudadano.
Ni ningún gobierno, presente o futuro.
Tampoco los medios deberían tener un cheque en blanco para mentir, manipular o vender una narrativa.
La solución no es entregarles el poder de decidir qué es verdad.
La solución es exigirles credibilidad, transparencia, evidencia y responsabilidad.
Porque una prensa imperfecta sigue siendo preferible a una prensa controlada.
Y un gobierno que se equivoca puede ser cuestionado.
Una mañanera que difunde información inexacta puede ser corregida.
Un periodista que miente puede ser confrontado.
Un medio que manipula puede perder credibilidad.
Eso es democracia.
Lo que no necesitamos es que alguien tenga la última palabra sobre qué podemos decir, qué podemos publicar o qué podemos pensar.
Porque cuando los medios se equivocan, podemos exigirles que rectifiquen.
Cuando un periodista miente, podemos cuestionarlo.
Cuando una investigación es sesgada, podemos contrastarla.
Pero cuando el poder obtiene la facultad de decidir qué puede decirse, la discusión deja de ser sobre periodismo.
Se convierte en una discusión sobre libertad.
Y ahí sí, perdón, pero no hay discurso de “protección”, “progreso” o “derechos de las audiencias” que alcance para disfrazarlo.
La libertad no necesita que el poder prometa portarse bien.
Necesita que el poder tenga límites incluso cuando creemos que está de nuestro lado.
Porque quizá la pregunta más importante no es quién tiene razón hoy.
Es qué herramientas estamos dejando disponibles para quien tenga el poder mañana.
Y si no estamos dispuestos a darle esas herramientas al político que más nos preocupa, tampoco deberíamos dárselas al político que hoy nos cae bien.
Eso no es ser de izquierda.
No es ser de derecha.
No es ser oposición.
Es entender, finalmente, para qué sirven las libertades.
Porque una democracia de verdad no debería preguntarnos quién queremos que controle el micrófono.
Debería asegurarse de que nadie pueda controlar la conversación completa.
