#InPerfecciones
Hacer trampa para entrar a la universidad es una perversión de la máxima de que el fin justifica los medios.
Alejandro Animas Vargas / @alexanimas
animasalejandro@gmail.com
En Justicia local, Jon Elster sostiene que la economía se encarga de la distribución de bienes escasos, mientras que la política determina quién recibe qué, cómo y cuándo. Esa idea resulta particularmente útil para comprender uno de los debates que año con año reaparece en México: el ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México. La admisión universitaria constituye un claro ejemplo de justicia local, pues cada institución define los mecanismos mediante los cuales distribuye un bien escaso e indivisible: un lugar en sus aulas.
En cualquier sistema de educación superior, la existencia de un número limitado de espacios obliga a establecer mecanismos de selección. El examen de admisión es el más utilizado porque, con todas sus limitaciones, busca ofrecer condiciones de igualdad entre los aspirantes. No es un instrumento perfecto, pero hasta ahora sigue siendo el procedimiento más razonable para asignar un recurso que no puede multiplicarse indefinidamente.
Cada verano la escena se repite. Miles de jóvenes presentan el examen con la esperanza de ingresar a la universidad de sus sueños y, como no todos lo logran, la discusión pública suele centrarse entonces en los llamados “rechazados” y en la aparente falta de espacios. Sin embargo, los datos muestran una realidad distinta.
De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública en la XVIII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Coordinación para la Educación Superior, para el ciclo escolar 2024-2025 egresaron alrededor de 1.46 millones de estudiantes de bachillerato, mientras que las instituciones de educación superior del país (4,533 entre públicas y privadas) ofrecieron aproximadamente 1.93 millones de lugares. Las universidades públicas concentraron cerca del 76.8 por ciento de esa oferta. En términos nacionales, el problema no es la falta de espacios universitarios; el verdadero fenómeno es la enorme concentración de la demanda en unas cuantas instituciones, particularmente en la UNAM.
La Universidad Nacional continúa siendo la institución pública con mayor prestigio académico del país y, por ello, la más demandada. Para 2026 se ofertaron poco más de 50 mil lugares de nuevo ingreso. El 56% corresponden al pase reglamentario, dejando alrededor de 22 mil espacios para casi 160 mil aspirantes que participaron en el concurso de selección. La competencia, por tanto, no es producto de una decisión arbitraria de la Universidad, sino de una diferencia estructural entre la demanda social y la capacidad instalada de la institución.
La decisión del examen de ingreso en línea era acorde a las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Sin embargo, una vez procesados los resultados comenzaron a aparecer indicadores que rompían con el comportamiento estadístico observado durante años: un número inusualmente elevado de calificaciones perfectas y de resultados excepcionalmente altos despertó dudas razonables sobre la integridad del proceso. Frente a ello, la Universidad reaccionó decidiendo aplicar una prueba de control presencial.
Como ocurre después de cada proceso de admisión, surgieron nuevamente propuestas de toda naturaleza: aumentar indiscriminadamente la matrícula, eliminar el examen, aceptar únicamente a los mejores promedios de bachillerato, realizar un sorteo o, incluso, garantizar que no exista un solo aspirante rechazado. Todas ellas parten de una legítima preocupación por ampliar el acceso a la educación superior, pero pocas consideran que incrementar la capacidad de una universidad exige recursos, infraestructura, profesores, laboratorios, bibliotecas y financiamiento permanente (cabe señalar que durante el presente sexenio la UNAM presenta un incremento promedio del 3% anual en su presupuesto que está por debajo de la inflación). La calidad también tiene un costo y difícilmente puede sostenerse únicamente mediante decisiones voluntaristas.
Sin embargo, el debate más importante no radica en la modalidad del examen ni en el número de lugares disponibles. El verdadero problema a mi parecer es otro: la creciente normalización de la trampa como mecanismo para obtener ventajas. Hacer trampa para entrar a la universidad es una perversión de la máxima de que el fin justifica los medios.
Lo anterior no constituye únicamente una falta administrativa, sino que representa una ruptura con el principio de mérito que debería sustentar el acceso a la educación superior. Quien obtiene un lugar mediante el engaño no solamente viola las reglas del concurso, además de desplazar a otro aspirante que probablemente dedicó meses al estudio y confió en que su esfuerzo sería recompensado. En ese sentido, el fraude deja de ser un acto individual para convertirse en una injusticia frente a quienes sí respetaron las reglas.
Lo más preocupante, sin embargo, no fue descubrir que algunos aspirantes intentaron vulnerar el proceso. Estudiantes dispuestos a hacer trampa en las aulas siempre han existido (recordemos los acordeones). Lo verdaderamente alarmante fue observar que una parte de la opinión pública justificar esas conductas apelando a la supuesta “viveza”, a la “astucia” o defendiendo el recurso de amparo para evitar la evaluación presencial de control. Cuando el engaño deja de provocar rechazo social y comienza a celebrarse como una muestra de inteligencia, el problema ya no pertenece exclusivamente al ámbito universitario: se convierte en un problema cultural.
En las aulas universitarias es cada vez más frecuente encontrar estudiantes con importantes deficiencias en comprensión de lectura, escritura, razonamiento lógico y metodología de investigación. Buena parte de esas carencias proviene de problemas estructurales del sistema educativo mexicano. No obstante, en lugar de asumir el reto de compensarlas mediante mayor estudio y disciplina, algunos han encontrado en la inteligencia artificial un sustituto del aprendizaje y no una herramienta para fortalecerlo.
Los profesores identificamos con relativa facilidad trabajos elaborados mediante inteligencia artificial, aunque demostrarlo resulta mucho más complicado. Paradójicamente, en plena revolución tecnológica, numerosas universidades en el mundo empiezan a recuperar los viejos, pero confiables tiempos de “saquen un lápiz y una hoja que se aplicará un examen”. No se trata de un rechazo a la innovación, sino de la necesidad de preservar la autenticidad del aprendizaje.
Una universidad no sólo forma profesionistas, forma ciudadanos, y por eso lo ocurrido con el examen de ingreso a la UNAM debería preocuparnos, porque cuando el mérito deja de ser el criterio para distribuir oportunidades y la trampa comienza a verse como una muestra de ingenio, no sólo se debilita la credibilidad de las instituciones, también se erosiona uno de los principios esenciales de cualquier democracia: la confianza en que las reglas deben cumplirse para todos por igual.
#InPerfecto
