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La política mexicana ha demostrado una y otra vez que las hegemonías no caen de golpe; se erosionan lentamente, elección tras elección, hasta que un día dejan de parecer inevitables.
Eder Mendoza / @ai.edcissce
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Las elecciones del pasado 7 de junio en Coahuila dejaron un mensaje que trasciende los límites de un estado y alcanza el tablero político nacional: ningún proyecto político es invencible.
Mientras desde el oficialismo se ha insistido durante años en construir una narrativa de hegemonía electoral, los resultados coahuilenses demostraron que el poder territorial no siempre se traduce en victorias electorales. El PRI y sus aliados lograron imponerse en los 16 distritos de mayoría relativa en disputa y conservar el control político del Congreso local.
Más allá de simpatías o antipatías partidistas, el resultado obliga a cuestionar una idea que se ha instalado en el imaginario político nacional: que Morena es una maquinaria electoral imparable.
No lo fue el PRI durante sus décadas de dominio absoluto. No lo es Morena hoy.
La historia política mexicana es, en buena medida, la historia de partidos que confundieron popularidad con permanencia. El PRI gobernó México durante más de siete décadas convencido de que su estructura territorial era suficiente para sostenerse eternamente. Cuando dejó de escuchar a la ciudadanía, cuando creyó que el poder era un derecho adquirido y no una responsabilidad renovable, comenzó su declive.
Morena corre el riesgo de cometer exactamente el mismo error.
Y si Coahuila envía una señal de alerta para Morena, esta no ocurre en el vacío. Llega en un momento particularmente complejo para el oficialismo. La administración de Clara Brugada ha enfrentado cuestionamientos relacionados con movilidad, seguridad, gestión urbana y una creciente percepción de descontento ciudadano. A ello se suman las tensiones generadas por los preparativos rumbo al FIFA World Cup 2026, que han abierto debates sobre prioridades gubernamentales, inversión pública y la capacidad institucional para atender simultáneamente los retos cotidianos de la capital.
El desgaste también se alimenta de conflictos que el gobierno federal no ha logrado resolver con claridad. Las movilizaciones y bloqueos protagonizados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación evidenciaron una contradicción difícil de ignorar: uno de los sectores históricamente más cercanos al obradorismo terminó convirtiéndose en uno de los principales focos de presión para la administración actual. Las imágenes de calles paralizadas, afectaciones económicas y una ciudadanía cada vez más frustrada proyectaron la sensación de un gobierno que, en ocasiones, parece más reactivo que resolutivo.
A esto se suma otro elemento que comienza a pesar en la conversación pública: la percepción de que ciertos temas incómodos son abordados con cautela o simplemente desplazados de la agenda. Los señalamientos, investigaciones periodísticas y cuestionamientos sobre posibles vínculos entre actores políticos y grupos del crimen organizado en distintos estados han colocado bajo escrutinio a figuras relevantes del sistema político mexicano, incluyendo a gobernadores y liderazgos locales cercanos al oficialismo. Más allá de la veracidad o del desenlace jurídico de cada caso, el problema político radica en que una parte de la ciudadanía percibe una diferencia entre el discurso de combate a la corrupción y la disposición para investigar a personajes cercanos al poder con la misma intensidad con la que se investiga a los adversarios.
Quizá ahí se encuentre uno de los mayores desafíos para la presidenta Claudia Sheinbaum. No necesariamente convencer a quienes ya respaldan a su movimiento, sino responder a una ciudadanía cada vez más exigente, más informada y menos dispuesta a aceptar respuestas automáticas. Porque cuando un gobierno concentra tanto poder, la exigencia pública deja de ser una opción y se convierte en una obligación.
Lo ocurrido en Coahuila se suma al desempeño observado meses atrás en Durango y expone problemas que ya no pueden explicarse únicamente por las condiciones locales. Aunque Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán ya no encabezan formalmente la dirigencia nacional, ambos tuvieron un papel relevante en la estrategia política y electoral que condujo a estos procesos. Los resultados obligan a preguntarse si las decisiones tomadas durante su conducción lograron fortalecer realmente la estructura territorial del movimiento o si, por el contrario, contribuyeron a evidenciar las limitaciones de un partido que, pese a su enorme poder institucional, ha comenzado a mostrar dificultades para expandirse en territorios donde enfrenta resistencias locales consolidadas.
La pregunta es inevitable: ¿cómo el partido que gobierna la Presidencia, la mayoría de los estados del país y cuenta con una estructura territorial sin precedentes en la historia reciente fue incapaz de conquistar uno de los pocos bastiones opositores que aún permanecen fuera de su órbita?
La respuesta quizá sea más sencilla de lo que parece.
El poder genera confianza; demasiado poder genera soberbia.
Y la soberbia suele ser el primer paso hacia la desconexión.
Para el PRI, sin embargo, la victoria tampoco debería interpretarse como una restauración nacional. Coahuila sigue siendo una excepción en el mapa político mexicano, no la regla. El reto para el priismo es demostrar que este triunfo responde a resultados de gobierno, capacidad organizativa y cercanía ciudadana, y no únicamente a una estructura local históricamente consolidada.
Porque ganar un Congreso es una cosa.
Construir una alternativa nacional es otra completamente distinta.
Si algo mostró esta elección es que la oposición todavía tiene espacios para competir, pero también enormes desafíos para sobrevivir.
El caso más dramático es Acción Nacional. Obtener apenas alrededor del 2% de la votación en Coahuila representa algo más grave que una derrota electoral: es una crisis de identidad.
Durante décadas, el PAN fue la principal fuerza opositora frente al PRI. Hoy parece incapaz de consolidarse como oposición frente a Morena. La falta de narrativa, liderazgos frescos y conexión con las nuevas generaciones amenaza seriamente su viabilidad electoral futura. Si el panismo no redefine quién es y para quién existe, corre el riesgo de convertirse en una fuerza testimonial.
Más preocupante aún es el mensaje que esto envía hacia los procesos venideros. Un partido que apenas logra conectar con el electorado difícilmente podrá construir candidaturas competitivas rumbo a 2027. El problema del PAN ya no parece ser únicamente electoral; es existencial.
Movimiento Ciudadano tampoco sale particularmente fortalecido. A pesar de dominar buena parte de la conversación digital y proyectarse como una opción atractiva para votantes jóvenes, sus resultados vuelven a evidenciar una realidad incómoda: los likes no sustituyen las estructuras territoriales. La política digital genera conversación; la política de tierra genera votos.
Sin embargo, Movimiento Ciudadano conserva una oportunidad que otros partidos han perdido: la posibilidad de conectar con sectores jóvenes que no se sienten representados ni por Morena ni por los partidos tradicionales. La pregunta es si podrá convertir esa oportunidad en una organización política competitiva o si seguirá siendo una fuerza más fuerte en redes que en las urnas.
Los partidos minoritarios y las expresiones locales también dejan una lectura relevante. La fragmentación del voto demuestra que existe una parte importante de la ciudadanía que continúa buscando alternativas fuera de los grandes bloques políticos. Esa búsqueda habla tanto del desgaste de los partidos tradicionales como de la creciente exigencia de un electorado menos dispuesto a otorgar cheques en blanco.
Pero quizás la lección más importante no es para los partidos.
Es para los ciudadanos.
Durante años hemos escuchado que México avanza hacia un sistema dominado por una sola fuerza política. Coahuila demuestra que la democracia sigue teniendo mecanismos para equilibrar el poder cuando existen liderazgos competitivos, estructuras eficientes y ciudadanos dispuestos a participar.
Más allá de quién ganó o perdió, el resultado envía una señal saludable para la democracia mexicana: ningún partido debería asumir que el respaldo ciudadano es permanente.
Y ahí radica el verdadero mensaje.
La democracia no funciona porque existan partidos. Funciona porque existen ciudadanos capaces de premiar, castigar y corregir.
De cara a 2027, Coahuila será analizado como un laboratorio político. Morena deberá decidir si interpreta estos resultados como simples tropiezos locales o como señales de advertencia sobre la necesidad de renovar liderazgos, fortalecer sus estructuras regionales y abandonar la idea de que la popularidad nacional es suficiente para garantizar victorias automáticas.
El PRI deberá demostrar que todavía puede ser competitivo fuera de sus fortalezas históricas.
El PAN tendrá que redefinirse o enfrentar la irrelevancia.
Movimiento Ciudadano deberá comprobar que puede transformar conversación en representación.
Mientras tanto, la ciudadanía tiene una tarea aún más importante: evitar enamorarse de las hegemonías.
Mi generación creció viendo caer la hegemonía del PRI. Hoy presencia el ascenso de Morena. Quizá la lección más importante sea entender que la democracia no consiste en cambiar una hegemonía por otra, sino en impedir que cualquiera de ellas se vuelva permanente.
Porque la historia política mexicana nos ha enseñado algo una y otra vez.
Los partidos cambian.
Los colores cambian.
Los discursos cambian.
Pero cuando cualquier fuerza política comienza a sentirse intocable, es precisamente cuando empieza a perder contacto con la realidad.
Y la realidad, tarde o temprano, siempre termina llegando a las urnas.
