#InPerfecto
“La caída del Mayo no limpia a México; solo expone que mientras el narco siga mezclado con la política, el Estado seguirá siendo un espectador de su propio país”.
Eder Mendoza / @ai.edcissce
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Desde que Ismael “El Mayo” Zambada se consolidó como líder del Cártel de Sinaloa, la historia del narcotráfico en México se escribió en paralelo con la corrupción política. Durante más de cincuenta años, Zambada utilizó al país a su antojo: movió drogas, dinero y poder, mientras el Estado lanzaba discursos de esperanza que prometían reducir la violencia priorizando programas sociales, polarizando así la realidad en suelo mexicano. La corrupción y la colusión de las autoridades le permitieron operar con impunidad.
Con los años, las disputas internas en el Cártel de Sinaloa se hicieron evidentes. Los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, conocidos como “Los Chapitos”, buscaban consolidar el control frente a la facción liderada por el Mayo. El 24 de julio de 2024, en una operación presuntamente orquestada por Joaquín Guzmán López, Zambada habría sido traicionado y llevado en un avión privado que aterrizó en El Paso, Texas, donde autoridades estadounidenses lo esperaban para su detención. Esta acción no solo movió las fichas dentro del cártel, sino que evidenció la incapacidad del Estado mexicano para controlar a uno de sus criminales más poderosos.
Las consecuencias de esta traición y captura fueron inmediatas: conflictos internos por el control de rutas y territorios, un aumento de la violencia en Sinaloa, Chihuahua y otras regiones, y un golpe a la percepción de seguridad ciudadana. La narrativa oficial de “abrazos, no balazos” quedó en evidencia: los grandes capos no cayeron por la acción del Estado, sino por la intervención extranjera.
El impacto no fue solo interno. A nivel internacional, México volvió a colocarse bajo la lupa: un país que, pese a su poder político y económico, depende de la acción extranjera para detener a los criminales que operan desde su territorio. La captura del Mayo reforzó la imagen de un Estado débil ante el crimen organizado y subordinado a la estrategia de seguridad de Estados Unidos, dejando a México en una posición incómoda frente a la comunidad internacional: visto más como un territorio controlado por cárteles que como un socio confiable en la lucha global contra las drogas.
La declaración de culpabilidad del Mayo en Nueva York no es un capítulo más en la historia del narcotráfico: admitió tráfico de drogas, asesinatos y corrupción. Pero también evidencia que la política mexicana ha sido parte del problema, generando daños estructurales.
La confesión de Zambada golpea directamente la narrativa del obradorismo y exhibe los vínculos de sus cuadros con el crimen organizado, desde candidaturas respaldadas por grupos locales hasta denuncias de financiamiento irregular en campañas. La admisión del capo confirma que el narco no solo corrompió gobiernos del pasado, sino que sigue filtrándose en la política del presente. Así, el discurso oficial de transformación choca con una realidad incómoda: los narcopolíticos han encontrado cobijo en estructuras partidistas que hoy dominan el poder.
Para México, la confesión del Mayo no es solo la caída de un capo; es una advertencia política. El país deberá decidir si sigue administrando el problema con discursos y pactos de conveniencia, o si se atreve a enfrentar la raíz: la corrupción política que ha hecho del crimen organizado un actor más dentro del sistema.
El Mayo aceptó su culpa. Ahora falta que lo haga el Estado mexicano.
