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La ATDT: el nuevo ministerio de la obediencia digital.
Miguel Angel Millán Cancino / @MiAngel_Millan
miangel.millan@inperfecto.com.mx
Apenas han pasado nueve meses desde que Claudia Sheinbaum asumió la presidencia de México, y hoy, 2 de julio de 2025, el país amanece con un golpe demoledor a uno de los avances institucionales más importantes de las últimas décadas: la autonomía regulatoria en telecomunicaciones. El Congreso, obediente como siempre, ha aprobado una nueva Ley de Telecomunicaciones que desaparece al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y crea en su lugar la llamada Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).
¿Su novedad principal? No es técnica ni modernizadora: es política. La ATDT dependerá directamente de la Presidencia de la República, acabando así con la independencia que permitía al IFT operar como contrapeso real frente a los intereses del poder político y económico. Es decir, un subordinado del Ejecutivo federal tomará ahora las decisiones clave sobre espectro radioeléctrico, concesiones, internet, medios, contenidos y conectividad.
Lo que esto significa en términos simples es que el árbitro ya no es imparcial: ahora reporta al jugador más poderoso del campo.
Un regreso al viejo PRI… pero con WiFi
Para entender la gravedad de lo que acaba de ocurrir, hay que recordar qué significó el IFT. Creado en 2013 como parte de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia económica, el Instituto fue dotado de autonomía constitucional con el fin de garantizar que la regulación del espectro radioeléctrico, la televisión, la radio, la telefonía y el internet no estuviera sujeta a intereses políticos o de coyuntura.
Esto permitió, por ejemplo, que el IFT pudiera sancionar prácticas monopólicas, revisar concentraciones mediáticas, establecer reglas de preponderancia, impulsar la portabilidad numérica, bajar costos de interconexión, exigir calidad de servicios y obligar a gigantes como Telmex, Televisa, AT&T y América Móvil a rendir cuentas.
Gracias al IFT se establecieron reglas que permitieron abrir espacios a medios comunitarios, regular las concesiones sociales, y, aunque aún con pendientes, mejorar gradualmente el acceso a internet en regiones marginadas. Fue una institución que, si bien no era perfecta, tenía dientes y estaba diseñada para servir al interés público y no al capricho presidencial.
Hoy, todo eso ha sido destruido.
La ATDT: el nuevo ministerio de la obediencia digital
La nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones tendrá como principal virtud, según el discurso oficial, la “eficiencia” y el “alineamiento estratégico con la política de transformación digital del Estado mexicano”. Pero detrás de ese lenguaje tecnocrático lo que se esconde es una clara intención de control político.
La ATDT tendrá entre sus funciones el control del espectro, la regulación de internet, el otorgamiento de concesiones y la supervisión de contenidos digitales. Pero no tendrá autonomía constitucional, ni independencia presupuestaria, ni contrapesos reales. Todo dependerá, en última instancia, de la voluntad de la Presidencia de la República.
¿Y qué dice el gobierno? Que no se preocupen los inversionistas, que para “cumplir” con el T-MEC se ha creado un apéndice: la llamada Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), un “órgano desconcentrado” con autonomía técnica, operativa y de gestión.
Pero no nos engañemos: un órgano desconcentrado no es un órgano autónomo. La CRT será parte de la ATDT, y por tanto, una dependencia más del Ejecutivo, sin facultades constitucionales plenas ni dientes suficientes para enfrentar decisiones presidenciales o empresariales.
La libertad de expresión en la mira
¿Y qué tiene que ver todo esto con la libertad de expresión? Todo.
En un país donde más del 70% de la población se informa por medios digitales o televisión, el control del espectro, de las concesiones y de los contenidos equivale a controlar la conversación pública. Si el gobierno tiene en sus manos el poder de decidir qué medio recibe una concesión, cuál se renueva, a quién se sanciona, qué contenido es “regulado” y qué empresa puede ofrecer servicios de internet, entonces también puede premiar la obediencia y castigar la disidencia.
Hoy, México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, entre enero de 2020 y julio de 2025 han sido asesinados más de 75 periodistas en territorio mexicano, la mayoría en absoluta impunidad. Y ahora, con el nuevo modelo regulador, los medios críticos enfrentarán no sólo amenazas criminales, sino también obstáculos legales, bloqueos administrativos y censura disfrazada de política digital.
A esto se suma el hecho de que México ha caído 15 posiciones en el Índice Mundial de Libertad de Prensa desde 2018, ubicándose en el lugar 145 de 180. El riesgo no es sólo para los medios tradicionales, sino también para plataformas independientes, medios comunitarios, activistas digitales, periodistas ciudadanos y usuarios comunes de redes sociales.
Un golpe a la democracia digital
Además del impacto en la libertad de expresión, lo ocurrido representa un retroceso brutal en materia de gobernanza digital, competencia económica y derechos digitales. La concentración del poder regulador en manos del Ejecutivo aumenta el riesgo de espionaje, vigilancia política, manipulación del tráfico de datos, uso clientelar de los programas de conectividad y censura tecnológica.
Hoy más que nunca dependemos de internet para trabajar, estudiar, informarnos y participar en la vida pública. Quitarle independencia al órgano que regula esa infraestructura equivale a permitir que el gobierno controle la carretera por la que circula la democracia.
Esto afecta además la competitividad del país. El IFT fue clave para generar condiciones mínimas de competencia en un sector históricamente dominado por monopolios. Eliminarlo sin una reforma constitucional legítima y sin un debate público amplio genera incertidumbre jurídica, mina la confianza de inversionistas y deja desprotegidos a millones de consumidores.
De órganos autónomos a subordinados presidenciales
La eliminación del IFT no es un caso aislado. Forma parte de una estrategia más amplia del régimen actual para desmantelar los órganos autónomos que representan contrapesos al poder presidencial. Ya se había intentado con el INAI, se ha debilitado a la COFECE, se ha intervenido al INE y se ha reducido a un instrumento político a la CNDH.
Hoy podemos decirlo con claridad: la Cuarta Transformación ha declarado la guerra a los contrapesos constitucionales.
Y lo ha hecho con el aplauso de una mayoría legislativa sometida, sin debate público, sin consulta ciudadana, sin transparencia. Se ha impuesto el modelo de poder absoluto, centralizado, vertical. Un modelo que recuerda más a las peores épocas del PRI autoritario que a una república moderna.
Un llamado urgente
Lo que está en juego no es sólo la existencia del IFT. Está en juego el futuro de la regulación democrática, de la libertad de expresión, de la competencia, del acceso igualitario a la información. Está en juego la posibilidad de vivir en un país donde el internet no sea un brazo del gobierno, donde las concesiones no se negocien en lo oscurito y donde los medios no tengan que escoger entre callar o desaparecer.
La historia recordará este 2 de julio como un día oscuro para la democracia mexicana. Un día en que se sacrificó la autonomía reguladora en nombre de una supuesta eficiencia digital. Un día en que se silenció a un vigilante incómodo para que el poder pudiera hablar sin interrupciones.
Pero aún estamos a tiempo. La sociedad civil, los medios, la academia, las organizaciones internacionales, los usuarios de internet, los periodistas, los consumidores, todos tenemos que alzar la voz y exigir la restitución plena de la autonomía del órgano regulador en telecomunicaciones.
Porque sin autonomía no hay imparcialidad.
Y sin imparcialidad no hay democracia.
Y sin democracia, la libertad de expresión es sólo una promesa vacía.