#InPerfecciones
Sólo entre 2019 y 2022, se registraron 2 510 quejas contra Sedena, Marina y Guardia Nacional; 2 236 de estas fueron por fungir en labores de seguridad pública.
Miguel A. Millán C. / @MiAngel_Millan
miangel.millan@inperfecto.com.mx
Se ha revelado en México una nueva iniciativa legislativa para otorgar más atribuciones a la Guardia Nacional, creada originalmente por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Esta fuerza nació con la promesa de ser una institución de seguridad civil, con adiestramiento militar, pero sin estar bajo mando castrense. Ahora, la propuesta pretende integrarla de lleno en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), consolidando un proceso de militarización que trae consigo graves riesgos en materia de democracia, derechos humanos y eficacia en el combate al crimen.
Hoy analizaremos, sin tapujos, los múltiples problemas que han acompañado a este proyecto desde su génesis, incluyendo quiénes y cómo han orquestado progresivamente su adscripción militar. Hablaremos de datos e instituciones de peso (como la CNDH, ONU-DH, WOLA, Amnistía, HRW), casos emblemáticos, cifras de violencia, el impacto en la impunidad y la creciente erosión del control civil. Y haremos una crítica dura, claro —porque el futuro de nuestra seguridad y democracia está en juego.
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1. De promesa civil a fuerza militarizada
a) El origen contradictorio
AMLO la presentó en 2019 como una Guardia civil, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con elementos de la extinta Policía Federal y fuerzas armadas .
Pero en los hechos, tres de cada cuatro elementos provienen de Sedena o Semar, solo el 20 % de la Policía Federal .
Esto refleja desde su nacimiento una fusión de estructuras civiles y militares, una lógica que favorece a los mandos castrenses.
b) La adscripción de facto
En 2020 AMLO ordenó la transferencia operativa-administrativa de la Guardia a Sedena mediante decreto, argumento que fue reprobado y revertido por la Suprema Corte por inconstitucional .
En febrero de 2024 se propuso cambiar la Constitución para consolidar esta adscripción, y en junio fue aprobado: una acción concertada de Morena, aliados y la mayoría legislativa; así, la Guardia se convirtió formalmente en una institución militarizada .
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2. Militarización en marcha: riesgos y derechos humanos
a) Violaciones graves y sistemáticas
Entre enero de 2007 y septiembre de 2019, la CNDH emitió 159 recomendaciones por violaciones perpetradas por el Ejército: tortura, ejecución extrajudicial, desapariciones forzadas .
Sólo entre 2019 y 2022, se registraron 2 510 quejas contra Sedena, Marina y Guardia Nacional; 2 236 de estas fueron por fungir en labores de seguridad pública .
Las investigaciones controladas por militares arrojan apenas 16 sentencias condenatorias de 505 indagaciones entre 2012 y 2016 .
Hasta noviembre de 2022, la GN acumuló 1 254 denuncias ante la CNDH por detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles y privación de la vida .
b) Abuso de fuerza e impunidad
Human Rights Watch señaló que las fuerzas armadas mexicanas han cometido ejecuciones arbitrarias, torturas y desapariciones, ante una impunidad casi total .
Entre 2018 y 2021, el Ejército reportó 640 enfrentamientos con civiles armados: 515 muertos, 381 detenidos, 89 heridos; las investigaciones son casi nulas .
c) Advertencias de organismos internacionales
Amnistía Internacional calificó la adscripción como “riesgosa e ilegal”, recordando que “México es más peligroso que hace 16 años cuando se decidió que militares salieran a las calles” .
WOLA, ONU-DH y CNDH han advertido que esta militarización no solo no disminuye violencia, sino la incrementa, y desmantela la confianza en instituciones civiles .
Human Rights Watch advierte que ampliarla legalmente sería una “grave amenaza a los derechos humanos y la transparencia” .
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3. Violencia a la alza: datos contundentes
Desde 2007, tras militarización intensa en la llamada “guerra contra el narco”, la violencia se triplicó. Los homicidios pasaron de ~10 000 a +35 000 anuales durante los primeros años de la GN .
En 2021, la GN acumuló 504 quejas ante la CNDH; Sedena por su parte alcanzó 436 .
Actualmente, México reporta 90 homicidios diarios en promedio, uno de los niveles más altos de su historia moderna .
En Michoacán, el operativo militar en Aguililla no redujo la violencia: las fuerzas federales patrullan, pero la crisis humanitaria persiste, con desplazamiento masivo y enfrentamientos frecuentes .
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4. Democracia y control civil en riesgo
a) Pérdida de mando civil
La nueva reforma constitucional permite al Congreso asignar funciones civiles a las fuerzas armadas en paz, eliminando la barrera entre roles civiles y militares .
México Unido Contra la Delincuencia advierte que esto “pone en riesgo nuestra seguridad” y debilita las instituciones civiles democráticas .
Intersecta explica que la GN es la séptima institución con más quejas en la CNDH (1 772 expedientes), por ilegalidad, detenciones arbitrarias, agresión a migrantes… .
b) El retroceso democrático
La militarización profundiza la opacidad y dificulta la fiscalización: Sedena tiene fuero militar y no está sujeta a mecanismos civiles de rendición de cuentas .
Catalina Pérez Correa (CIDE) critica que no hay control interno ni externo: no se investigan los enfrentamientos ni se identifican responsables .
Se normaliza el uso de militares en labores de inteligencia, investigación y detención, funciones que corren el riesgo de convertirse en herramientas de control político .
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5. ¿Daña más de lo que beneficia?
a) Estrategia fallida
Organizaciones como Animal Político, Causa en Común y Centro Pro han documentado que después de 12 años de militarización, la violencia no se redujo, sino que creció, y se promovió el subdesarrollo de policías civiles .
En Honduras, Guatemala, El Salvador, ejemplos reflejan que militarizar no disminuye homicidios, tasas de violencia o fortalecimiento institucional: agrava conflictos y aumenta abusos .
En México, la estrategia ha seguido la misma ruta: se fortalecen los operativos combativos, pero se abandona la formación policial, la prevención, la inteligencia situacional y proximidad social.
b) Falta de instituciones civiles
Se politizan las policías locales: gobernadores y alcaldes favorecen a la Guardia porque no incentiva la profesionalización de policías locales .
Menos del 30 % de la GN contaba con Certificado Único Policial (CUP) en 2022, un requisito esencial para legitimar funciones de policía .
CNPP y protocolos de primer respondiente no fueron modificados: la GN opera fuera del debido proceso, sin responsabilidad ante el Ministerio Público .
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6. Mirando hacia adelante: ¿qué debe hacer el país?
1. Detener la militarización legal: en lugar de adscribir la Guardia a Sedena, se debe fortalecer su carácter civil y el control democrático.
2. Invertir en policías locales: recursos estatales y federales deben enfocarse en profesionalización, inteligencia, supervisión civil y proximidad ciudadana.
3. Establecer mecanismos efectivos de rendición de cuentas: combate a la impunidad, supervisión civil y disuasión real del uso excesivo de la fuerza por militares.
4. Promover modelo de seguridad garantista: con énfasis en prevención, justicia, desarrollo social y derechos humanos.
5. Transparencia absoluta en operativos militares y policiales: no más oscuridad bajo fuero militar.
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Conclusión
México está frente a una encrucijada: profundizar la militarización y arriesgar la democracia, los derechos humanos y la eficacia en el combate a la violencia, o apostar por un sistema de seguridad moderna, civil y con control ciudadano.
Transformar la Guardia Nacional en cuerpo militar tiene costos sociales incuantificables: impunidad, violencia creciente, debilitamiento institucional y avance del autoritarismo de facto. Los datos están ahí: las quejas, las violaciones, los homicidios, y la voz de quienes han sufrido en carne propia esta estrategia.
Este es el momento de decir que no podemos seguir avanzando por el camino de la fuerza militar: necesitamos una reforma de fondo, con visión de Estado, no un parche constitucional que atrinchera a más soldados.
La próxima reforma debería revertir la militarización, reforzar las estructuras civiles, y garantizar que el uso de la fuerza esté al servicio de la ciudadanía, bajo el control de una democracia fuerte, transparente y con justicia, pero parece que no va a ser así.