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El mensaje es claro: se acabaron los contrapesos. Se acabó el equilibrio entre poderes. Lo que hoy se consolida es un modelo de concentración de poder donde el Ejecutivo, ahora también controla la judicatura.
Miguel Angel Millán Cancino / @MiAngel_Millan
miangel.millan@inperfecto.com.mx
El 2024 no solo fue el año en que se renovó la Presidencia de la República. Fue, también, el año en que se consumó uno de los más grandes retrocesos democráticos en la historia reciente de México. La elección de jueces y ministros del Poder Judicial organizada por el gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación (4T) no fue un avance de la participación popular, como se ha intentado disfrazar, sino la estocada final a la autonomía judicial.
El mensaje es claro: se acabaron los contrapesos. Se acabó el equilibrio entre poderes. Lo que hoy se consolida es un modelo de concentración de poder donde el Ejecutivo, respaldado por su mayoría legislativa, ahora también controla la judicatura.
La destrucción de los órganos autónomos: una estrategia sistemática
Desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia en 2018, la narrativa fue clara: los órganos autónomos eran “onerosos, ineficientes y parte del viejo régimen”. Bajo ese discurso, comenzaron a desmantelarse instituciones diseñadas para vigilar, auditar y equilibrar el poder: el INAI, el IFT, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional Electoral, entre otros, fueron debilitados presupuestal y operativamente, o bien, capturados por perfiles afines al oficialismo.
El golpe al Poder Judicial no es una acción aislada. Es la culminación de una estrategia metódica. Las reformas impulsadas por Morena y sus aliados han rediseñado el mapa institucional del país con un solo objetivo: eliminar cualquier obstáculo que frene al Ejecutivo.
Comparativos internacionales: el mismo libreto autoritario
Lo que está ocurriendo en México no es nuevo ni exclusivo. En países como Hungría, Polonia o Venezuela, los liderazgos populistas han seguido un camino similar: primero desacreditan a los órganos autónomos, luego los desmantelan o subordinan, y finalmente reescriben las reglas del juego.
En Polonia, por ejemplo, el partido ultraconservador Ley y Justicia (PiS) reformó el sistema judicial para permitir al gobierno designar jueces y disciplinarlos a discreción. En Venezuela, Hugo Chávez inició una ola de reformas que acabó con la independencia de la Corte Suprema y cooptó todos los órganos del Estado. En ambos casos, el resultado fue el mismo: el debilitamiento de la democracia y el ascenso de regímenes autoritarios.
El papel del Poder Judicial en una democracia
El Poder Judicial no está para agradar al gobierno en turno. Su función esencial es garantizar la legalidad, proteger los derechos humanos y ser el último dique contra el abuso de poder. Cuando los jueces son electos por mecanismos partidistas o presionados por el poder Ejecutivo, se pierde esa función. Se convierte en una oficina de trámites al servicio del presidente, no de la ciudadanía.
La elección de jueces por voto popular no garantiza imparcialidad. Al contrario, los expone a intereses políticos, clientelares y mediáticos. En países con esta práctica, como algunos estados de EE.UU., se ha demostrado que los jueces endurecen sus sentencias en tiempos electorales para congraciarse con el electorado. La justicia no puede ni debe depender de la popularidad.
El silencio que cómplice: medios y sociedad civil
Parte de lo más preocupante de este proceso ha sido el silencio de muchos sectores. Una sociedad que normaliza el desmantelamiento de sus instituciones es una sociedad que se rinde. Y los medios de comunicación que prefieren callar, minimizar o justificar este tipo de acciones pierden su papel histórico de contrapeso.
Pero también hay responsabilidad en la ciudadanía. La democracia no se defiende sola. Requiere vigilancia, participación, denuncia. Hoy más que nunca, se necesita una opinión pública informada, una prensa libre y combativa, y una sociedad civil que no se conforme con las verdades oficiales.
Conclusión: hacia dónde vamos
La consolidación del poder en una sola fuerza política, sin contrapesos reales, es una receta peligrosa. La historia está llena de ejemplos donde los gobiernos comenzaron con altas expectativas y terminaron erosionando las libertades y derechos que prometieron defender.
No se trata de defender privilegios de jueces o burócratas. Se trata de defender principios. El principio de que nadie debe tener todo el poder. De que una democracia saludable necesita instituciones fuertes, independientes y vigilantes.
Si hoy no alzamos la voz, mañana podrá ser demasiado tarde. Porque lo que está en juego no es una institución. Es la república misma.
