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Sheinbaum ha tenido que realizar algunas piruetas verbales para no desligarse completamente de esa política de “Abrazos no balazos”.
AP
En los últimos seis años, México se jactó de su cuestionada estrategia de “abrazos, no balazos”, en la que sus líderes evitaban confrontar a los cárteles de la droga que, gradualmente, tomaban el control de grandes partes del país. La idea era que los programas sociales, y no los tiroteos, acabarían poco a poco con la reserva de pistoleros de esos grupos.
Ahora, a un mes de iniciado el mandato de la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, una serie de sangrientas confrontaciones sugiere que el gobierno abandona discretamente la parte de “no balazos” de la estrategia y está mucho más dispuesto a usar toda la fuerza del ejército y de la militarizada Guardia Nacional.
Pero el desafío que México enfrenta ahora es distinto al de la guerra contra el narco, emprendida en el país entre 2006 y 2012. Actualmente, los cárteles están más diversificados, más profundamente arraigados en el contrabando de migrantes y más dispuestos a usar reclutas extranjeros y adolescentes para llenar sus filas.
Todo esto ha generado una serie de enfrentamientos violentos en los que las fuerzas de seguridad que disparan a convoyes sospechosos de pertenecer a los cárteles terminan matando a transeúntes y migrantes y reportando cifras desproporcionadas de muertos, en las que los soldados resultan ilesos mientras que la mayoría de los sospechosos son eliminados.
Sheinbaum ha evitado cuidadosamente usar el eslogan “abrazos, no balazos” popularizado por su predecesor y mentor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien dejó el cargo el 30 de septiembre. Después de todo, ella prometió continuar con todas y cada una de las políticas del exmandatario. Su oficina no respondió a una solicitud de comentarios.
Pero la presidenta mexicana ha tenido que realizar algunas piruetas verbales para no desligarse completamente de esa política.
“Pues claro que no se trata de dar abrazos a los delincuentes, nadie nunca ha dicho eso”, señaló Sheinbaum poco después de asumir el cargo. Los abrazos, dijo, estaban destinados a los jóvenes empobrecidos, para evitar que fueran reclutados como pistoleros de los cárteles.
“Hay indicios de un cambio de tono hacia el crimen organizado, pero es demasiado pronto para decirlo”, dijo Falko Ernst, analista de seguridad. “Parece poco probable que el gobierno de Sheinbaum se arriesgue a enfrentar una corriente constante de imágenes violentas políticamente inconvenientes apostando por una estrategia solo de balazos”, pero puede haber más disposición para enfrentar “las manifestaciones más descaradas y atrevidas de poder” por parte de los cárteles.
Sin embargo, es difícil imaginar a Sheinbaum emitiendo elogios públicos a los capos de la droga por comportarse bien, o diciendo —como lo hizo López Obrador— que “los voy a acusar con sus papás y con sus abuelos” si causan demasiada violencia.
También ha sido reacia a tolerar que los criminales tomen como rehenes a policías y soldados, o a jactarse de reducciones en el ”índice de letalidad” de México —la medida de sospechosos muertos, heridos o detenidos, frente a las bajas del lado de las fuerzas del orden— de la manera en que lo hizo su predecesor.
En 2019, en un hecho famoso, López Obrador ordenó la liberación del capo Ovidio Guzmán después de que su cártel de Sinaloa amenazara con sumir en el caos a la ciudad de Culiacán, en el norte del país, para obtener su libertad. López Obrador dijo que tomó la decisión para evitar un derramamiento de sangre.
El gobierno de Sheinbaum ha sido un poco diferente. En su primer día en el cargo, soldados en el estado sureño de Chiapas abrieron fuego contra una camioneta “como las que usan grupos delincuenciales en esa región”. Pero después de disparar, solo encontraron migrantes, seis de los cuales murieron y 10 resultaron heridos.
Diez días después, tropas del ejército y de la Guardia Nacional mataron a tres transeúntes inocentes mientras perseguían a sospechosos armados. Y este fin de semana, la Guardia Nacional abrió fuego contra un camión que transportaba migrantes, matando a dos colombianos e hiriendo al menos a cuatro.
Luego están las cifras desproporcionadas de muertos: López Obrador siempre criticó a los gobiernos anteriores por tiroteos en los que todos los sospechosos eran asesinados, y muy pocos eran capturados vivos. Pero en la tercera semana de Sheinbaum en el cargo, varios soldados mataron en Sinaloa a 19 sospechosos de pertenecer a los cárteles y arrestaron a uno en un enfrentamiento, pero no sufrieron ni un rasguño.
Y hacia el final de su primer mes en el cargo, soldados que perseguían a sicarios que habían matado a dos policías locales abatieron a 17 de ellos, pero no perdieron a ningún soldado. La mayoría de los muertos, y 10 de los 15 pistoleros arrestados en el enfrentamiento, eran guatemaltecos.
“Desde hace tiempo terminó la estrategia de abrazos y no balazos”, dijo el analista de seguridad David Saucedo, señalando un aumento en el número de arrestos de alto nivel relacionados con drogas y extradiciones de sospechosos. “El gobierno de los Estados Unidos presionó a Andrés Manuel López Obrador para reactivar la captura de narcotraficantes de alto perfil”.
Una de las principales diferencias que enfrenta Sheinbaum es que los cárteles mexicanos se han involucrado en el lucrativo negocio del contrabando de migrantes de países lejanos.
En los viejos tiempos, los cárteles cobraban una comisión a los contrabandistas que transportaban centroamericanos, quienes solían constituir la gran mayoría de los que cruzaban México para llegar a Estados Unidos. Esos migrantes pagaban cientos o unos pocos miles de dólares cada uno.
Desde que los contrabandistas abrieron una nueva ruta a través del Tapón del Darién, personas de lugares más lejanos han cruzado México, y pueden pagar tarifas de contrabando mucho más altas.
Simultáneamente, las estrictas medidas tomadas contra la migración en Estados Unidos y México han hecho que un número importante de centro y sudamericanos no tengan forma de entrar a Estados Unidos, dijo el analista militar Juan Ibarrola, señalando que ” es un gran negocio y es, por mucho, más negocio que la droga”.
Ibarrola afirma que los cárteles ahora usan a los migrantes como escudos humanos, y a veces, como carne de cañón para sus escuadrones de sicarios.
“El reclutamiento de más combatientes extranjeros es otra señal de la gradual profundización de los conflictos armados de México”, dijo Ernst. “Se ha dejado sin control —al igual que el empleo de explosivos caseros— es una tendencia cuya expansión se ha permitido”.
Expandirse es exactamente lo que hicieron los cárteles durante el mandato de seis años de López Obrador, desde finales de 2018 hasta 2024.
“Estuvimos seis años bajo una política de un presidente que no entendía o no entendió que lo peor que pudo haber hecho, entre las cosas malas que hizo, los errores tan graves que tuvo, fue el no enfrentar con el uso legal de la fuerza y la violencia a los criminales”, dijo Ibarrola, quien está convencido de que la política ahora ha cambiado.
El otro problema que enfrenta Sheinbaum es el resultado de su determinación de continuar con la estrategia de López Obrador de militarizar a los organismos del orden público en México, esencialmente, asignando a los soldados una tarea para la que no están entrenados.
Junto con la mezcla de migrantes y traficantes de drogas, esta parece una receta casi segura para más muertes de transeúntes inocentes.
“Es un hecho que la Guardia Nacional no aplica correctamente las reglas de enfrentamiento sobre el uso de la fuerza”, dijo Saucedo. “Suelen abrir fuego y disparar antes de investigar o tratar de someter a los presuntos delincuentes”.