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La reforma al Poder Judicial que impulsa el gobierno mexicano traerá riesgos para la economía, al desalentar las inversiones, sobrecargar las finanzas públicas e, incluso, poner en riesgo el T-MEC.
EFE
La reforma al Poder Judicial que impulsa el gobierno mexicano traerá riesgos para la economía, al desalentar las inversiones, sobrecargar las finanzas públicas e, incluso, poner en riesgo el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), coincidieron este martes especialistas y juristas.
Ana Lilia Moreno, coordinadora del Programa de Competencia y Regulación de la organización México Evalúa, mencionó que los procesos de elección popular en el Poder Judicial de la Federación (PJF), como plantea la reforma, retrasarían resoluciones en diversos ámbitos, lo que se traduciría en menor crecimiento económico.
“A menor tardanza de los juicios, mayor crecimiento económico. Está demostrado por investigadores del Banco de México que los estados de la república en promedio han crecido 0,6 % en aquellas entidades donde se ha facilitado más la resolución de conflictos”, comentó en el foro ‘Impacto económico, desafíos y recomendaciones de la Reforma Judicial’.
Agregó la importancia de contar con jueces especializados y con experiencia en energía, telecomunicaciones, propiedad intelectual, entre otras, pues la reforma planteada por el oficialismo en el Congreso supone que incluso un recién egresado pueda postularse como juez a través del voto popular en elecciones.
“Un juzgador incompetente fácilmente podría tomar en cuenta aspectos que requieren de la pericia de la experiencia de los juzgadores, en este sentido, las afectaciones podrían ser muy graves”, señaló.
Abundó que la propuesta también podría implicar que México sea considerado como una “economía de no mercado” ante la injerencia del Estado sobre aspectos de regulación y de control para el ecosistema de negocios.
Dijo que esto afectaría al T-MEC, que impide la relación con economías de no mercado en uno de sus capítulos.
Además, violenta tres capítulos del T-MEC, según indicó Mariana Campos, directora general de México Evalúa: el 14, sobre inversiones; el 23 sobre temas laborales; y el 27 sobre políticas anticorrupción.
Campos explicó que estos tres preceptos están en alerta porque requieren de tribunales independientes e imparciales, lo que no garantiza la actual iniciativa, que pretende elegir en las urnas a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Apuntó que este mecanismo podría abrir la puerta a otro tipo de injerencias e influencias, donde el crimen organizado podría presionar en las elecciones o aportar dinero para las campañas.
Campos citó que tan solo la elección de 41 jueces estatales en Estados Unidos en 2021 costó casi 100 millones de dólares, mientras que en México se plantean comicios para casi 7.000 juzgadores.
Jorge Sepúlveda, secretario de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, criticó que la propuesta de reforma no atienda la impunidad en poco más del 94 % de los casos e implique menor presupuesto para el PJF.
Apuntó que se requieren mayores ingresos a los poderes judiciales estatales, con 67 % más carga que los tribunales federales, pues el presupuesto del Poder Judicial federal asciende a los 77.000 millones de pesos (4.052 millones de dólares) y el de los estados suma unos 45.000 millones de pesos (2.368 millones de dólares).
Campos también alertó que podría reducirse aún más el número de juzgadores por cada 100.000 habitantes, y México ya está por debajo de las recomendaciones internacionales.
“Sabemos que contamos con cuatro jueces por cada 100.000 habitantes, pero el estándar recomendado a nivel internacional es de 18 por cada 100.000”, sostuvo.