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La propuesta de reformar el Poder Judicial en México ha generado preocupación dentro y fuera del país debido a su posible impacto en la independencia judicial.
Con información de CNN
La propuesta de reformar el Poder Judicial en México ha generado preocupación dentro y fuera del país debido a su posible impacto en la independencia judicial, punto importante para el cumplimiento del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El partido oficialista Morena y sus aliados, PT y PVEM, se perfilan como la mayoría en el Congreso mexicano por los próximos tres años. Esta mayoría les permitiría modificar la Constitución y realizar reformas sin necesitar apoyo de la oposición, entre ellas la reforma judicial.
Estados Unidos ha hecho pública su preocupación por lo que podría representar para las inversiones extranjeras y el T-MEC, pero también ha puesto distancia en el tema y dejado la decisión de los cambios a los mexicanos.
En junio, el legislador demócrata por Arizona Greg Stanton preguntó en una comparecencia ante el Congreso a Brian Nichols, titular del Departamento de Estado para América Latina, sobre la reforma judicial propuesta por López Obrador y cómo su aprobación afectaría a los inversionistas de EE.UU. en México.
Nichols respondió que México es soberano y puede reformar sus leyes, pero destacó que en la reforma al Poder Judicial “creemos que la transparencia judicial es vital para todos los inversionistas, ya sean nacionales o internacionales, particularmente los de Estados Unidos y Canadá como socios del T-MEC”.
“Continuaremos insistiendo, cualquiera que sea el futuro régimen legal en México, que todos los firmantes del T-MEC respeten las disposiciones de protección de inversión extranjera contenidas en ese acuerdo”, dijo Nichols.
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, también se refirió a la propuesta de reforma. Señaló que los cambios al Poder Judicial son decisión de los mexicanos y que EE.UU. debe respetarlos, pero lo ideal es que haya un poder judicial fuerte.
“Nosotros, Estados Unidos, no podemos imponer nuestras opiniones, ni nuestros sistemas”, dijo Salazar en una conferencia de prensa en junio. “Eso es decisión de los mexicanos. Ustedes tienen que definir las instituciones que ustedes van a vivir, el poder judicial es una de esas instituciones muy importantes. La meta de todos es tener un poder judicial que sea fortalecido, que pueda hacer su trabajo muy bien, porque sin un poder judicial bueno, pues no podemos avanzar en muchos de los temas, incluso la seguridad”, dijo en la conferencia de prensa.
CNN contactó a la Embajada de EE.UU. en México para conocer su posicionamiento sobre la reforma judicial, pero hasta el momento no hemos obtenido respuesta.
Canadá, el otro socio del T-MEC también ha hablado de la reforma judicial manteniendo distancia. En junio visitó México la canciller canadiense, Mélanie Joly, para reunirse con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, con el fin de felicitarla por su triunfo y hablar de la importancia del trabajo conjunto.
Durante la visita, Joly habló sobre la reforma judicial al diario El Universal. En la entrevista dijo que lo que Canadá busca es estabilidad y predictibilidad para que los empresarios puedan hacer negocios, “porque es difícil invertir en un ambiente de negocios donde hay demasiados riesgos”.
Al ser interrogada sobre si les preocupa la reforma judicial, la canciller canadiense señaló: “En cuanto a la reforma judicial es una decisión que depende del gobierno de México, pero al mismo tiempo esperamos que un país como México respete el estado de derecho y que sea capaz de atender el tema de la predictibilidad y la seguridad económica”.
Independencia judicial necesaria
El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, expuso durante un foro en la Cámara de Diputados, que los posibles cambios –que incluyen la selección de jueces mediante el voto popular y no por una carrera judicial, como se hace actualmente– pondrían en riesgo la estabilidad, el Estado de Derecho y la transparencia necesaria para atraer inversiones y garantizar que las disputas comerciales se resuelvan de manera imparcial y conforme a la ley.
“La independencia judicial es fundamental para lograr una cancha pareja en los tribunales, garantizando que las personas sean escuchadas en igualdad de condiciones, independientemente de su poder político o económico. La independencia judicial es la venda que le tapa los ojos a la justicia”, dijo.
La reforma al Poder Judicial propone modificar el artículo 95 de la Constitución para elegir a los jueces por voto directo y secreto por un periodo de 12 años, y no 15 como es actualmente.
También busca reducir de 11 a 9 los ministros de la Suprema Corte, eliminar salas y crear un tribunal de Disciplina Judicial integrado por cinco personas que serviría para vigilar y sancionar la actuación de los jueces.
La Ley de Carrera Judicial de México establece un sistema meritocrático con concursos y cursos obligatorios para acceder y ascender en los diferentes niveles de la carrera judicial. Los concursos de oposición se realizan en tres fases: cuestionarios, admisión al curso de formación para jueces y una evaluación final por un jurado a través de diversos métodos establecidos por la Escuela Federal de Formación Judicial. (pág 10)
En la mayoría de los estados, las personas llegan a ser magistradas tras ser designadas por los congresos locales, excepto en el Estado de México, donde el Consejo de la Judicatura local tiene la responsabilidad de aprobar y designar a los jueces.
De acuerdo con el artículo 97 de la propuesta de reforma, para competir por un puesto de juez o magistrado se debe ser ciudadano mexicano por nacimiento, tener al menos 35 años, y 30 años para juez de Distrito.
Debe contar además con un título en derecho con una antigüedad mínima de cinco años, cinco años de experiencia en un área jurídica, tener buena reputación, no haber sido condenado por delito doloso, haber residido en el país durante el último año y no haber ocupado ciertos cargos públicos en el año previo a la elección.
El impacto en el T-MEC
Durante un foro organizado el lunes por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Mariana Campos, directora general de la organización México Evalúa, detalló uno de los riesgos que ve en esta reforma, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y también por su sucesora, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum.
“La independencia del Poder Judicial es un pilar fundamental de la democracia, pero también protege nuestra libertad y nuestros derechos. Hoy, todas estas garantías están bajo amenaza”.
De acuerdo con un análisis de México Evalúa, los cambios en el Poder Judicial infringirían algunos puntos del Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).
Uno de ellos es el Artículo 14.6 que habla del “trato justo y equitativo” y la garantía de “un acceso a la justicia para los inversionistas y la celeridad en la resolución de conflictos mediante tribunales capaces e imparciales”.
Mariana Campos también señaló que se pondría “en tela de juicio” la cláusula que tiene que ver “con el tema anticorrupción, y la de las obligaciones en materia laboral, en donde también se cita que tenemos que tener un un tribunal independiente”.
La independencia, necesaria para la inversión
Durante la conferencia, la titular de México Evalúa explicó que elegir a los jueces por voto popular politizará su nombramiento.
“Lleva a que los jueces tengan que hacer compromisos que no deben hacer para ser elegidos y eso hace que no tengamos jueces imparciales y que se debilite la capacidad de un tribunal para emitir sentencias justas, eso tiene un costo económico en las empresas en el capital de los inversionistas”, dijo.
Recordó que ya se tuvo un primer vistazo de lo que podría provocar este cambio: la desestabilización del sistema financiero.
El pasado 11 de junio, varios medios mexicanos reportaron que el peso cerró con pérdidas por el anuncio de un parlamento abierto en el Congreso mexicano para discutir la reforma judicial y eventualmente votarla este septiembre, cuando se inicia la nueva legislatura.
Un día después, la virtual mandataria electa trató de tranquilizar a los mercados. Aseguró que México tiene estabilidad económica y certidumbre para la inversión.
“Decirle a todos los que van a invertir en México que el Estado de Derecho, que la certidumbre sí existe, la tienen las leyes y además cada vez es más en nuestro país, que no hay ningún problema para la inversión”, dijo en su conferencia del 12 de junio.
Y agregó: “Lo importante es que sepa quien va a invertir en México que hay certidumbre de la inversión en nuestro país porque hay estabilidad económica, social, política en el marco del cumplimiento de las normas en nuestro país. Esta relación comercial que hay con el mundo entero y en particular con empresas de EE.UU., eso va a continuar, pero al mismo tiempo hay una agenda del pueblo de México y ese también tiene que continuar, y no tiene por qué haber preocupación de los inversionistas”.
El presidente nacional de Coparmex, José Medina Mora Icaza, dijo en conferencia el lunes que inversionistas les han expresado que hay tres elementos que ellos toman para decidir invertir en el país: la seguridad, que haya suficiente energía limpia disponible y “la incertidumbre jurídica para la inversión”.
“El hecho de que se elijan a jueces magistrados por voto popular aumenta esa incertidumbre y esto hace que se detengan los proyectos”, expresó Medina Mora.
Cómo es la elección de jueces en otros países
Más allá de México, otros países eligen a algunos de sus jueces por voto popular, aunque no a todos, explicó el abogado Luis Pásara en entrevista con Carmen Aristegui para CNN en Español.
Pásara señaló que en Estados Unidos solo se eligen a jueces y fiscales de algunos estados, pero no de la Corte federal. En Suiza, la elección es cantonal, que es el nivel más pequeño de la organización política suiza.
Agregó que en América Latina solo en Bolivia se ha dado la elección de jueces, pero nada más una parte de ellos.
En México, la reforma plantea elegir a todos los jueces del país, tanto los estatales como los federales, la Suprema Corte y el Tribunal Electoral.
El informe “Una amenaza a la independencia judicial. Análisis de la iniciativa de reformas constitucionales en México”, realizado por Diálogo Interamericano, el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford y la Barra Mexicana de Abogados expone los problemas que consideran tiene la elección de jueces.
Toman los casos de Bolivia y Estados Unidos. Sobre el primero señalan que “la politización del proceso de selección ha llevado a una falta de transparencia y a la selección de candidatos y candidatas que pueden no ser los más adecuados para el cargo judicial”. Destacan también la baja participación en la votación, que reflejó “la desconfianza e incluso el desinterés de la ciudadanía en el sistema de elección por voto popular”.
En tanto, sobre EE.UU. el informe señala que casi un 90% de los jueces y juezas de los tribunales estatales se enfrentan a la votación popular. Sin embargo, consideran que en las elecciones judiciales hay presión de los grupos de interés y los partidos políticos.