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Estados Unidos logró detener al narcotraficante mexicano más buscado, pero la Fiscalía General de la Republica está considerando presentar cargos por traición contra quienes lo entregaron.
AP
Estados Unidos logró detener al narcotraficante mexicano más buscado, pero la Fiscalía General de México está considerando presentar cargos por traición contra quienes lo entregaron.
Eso parte del largo y extraño rastro del histórico líder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, quien apareció inesperadamente en una aeronave que aterrizó cerca de El Paso, Texas, el 25 de julio. El vuelo en avión privado fue organizado por otro capo que decidió entregarse.
Las autoridades estadounidenses afirman que Joaquín Guzmán López —hijo del encarcelado líder del cártel Joaquín “El Chapo” Guzmán— voló a Estados Unidos para entregarse pero secuestró a Zambada antes de salir de México y lo obligó a subir al avión.
En lugar de agradecer a Estados Unidos la captura de Zambada —cuyo cártel lleva décadas sembrando la violencia y el terror en México—, la Fiscalía General de la República está estudiando la posibilidad de presentar cargos por traición contra Guzmán López o cualquier otra persona implicada en el complot.
La Fiscalía General informó la tarde del domingo en un comunicado que abrió una investigación penal “por los posibles delitos de vuelo ilícito; uso ilícito de instalaciones áreas; violación a la legislación migratoria y aduanera; secuestro; traición a la patria y lo que resulte”.
La extraña respuesta a la captura de un narcotraficante por el que se ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares se basa en un artículo del código penal federal mexicano que establece penas de hasta 40 años de cárcel por traición a la patria.
El artículo incluye las definiciones tradicionales de traición —atacar a México en nombre de una potencia extranjera o servir a un ejército extranjero—, pero también establece que comete traición “quien prive ilegalmente de su libertad a una persona en el territorio nacional para entregarla a las autoridades de otro país o trasladarla fuera de México con tal propósito”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador considera una afrenta cualquier intervención estadounidense. De hecho el lunes cuestionó la política del país vecino de detener a los líderes de los cárteles de la droga. ”¿Por qué no cambian esa política?”, dijo.
Preguntado por el caso Zambada —y la posible implicación de un dirigente regional del partido gobernante en las negociaciones con los narcos—, el presidente describió todo el asunto como un posible complot de algunos sectores estadounidenses para desprestigiarlo vinculando a su organización con los capos de la droga.
Tras las revelaciones que realizó Zambada en una misiva que se difundió el fin de semana, en la que aseguró que fue traicionado por Guzmán López para ser llevado a Estados Unidos, López Obrador expresó su respaldo a la decisión la Fiscalía de asumir la investigación del proceso de detención de los dos capos.
Durante su habitual conferencia de prensa el mandatario recomendó a la Fiscalía mexicana que solicite al gobierno estadounidense que informe sobre el paradero y nacionalidad del piloto que trasladó a Zambada y Guzmán López.
“No se tiene todavía toda la información”, dijo López Obrador al quejarse de la opacidad de las autoridades estadounidenses en el caso, que consideró como un “asunto muy delicado”.
El gobernante recordó que la Fiscalía estadounidense admitió que estaba en comunicación con Guzmán López, hijo del ex capo preso Joaquín “El Chapo” Guzmán, pero indicó que se debe aclarar desde cuándo estaban en conversaciones, quiénes eran los intermediarios y con quién se concretó el acuerdo para el traslado del 25 de julio.
López Obrador reconoció el trato respetuoso del embajador estadounidense en México, Ken Salazar, quien el viernes declaró que Guzmán López entregó a Zambada en una operación en la que el gobierno de Estados Unidos no había participado, pero manifestó dudas sobre sus afirmaciones y dijo que en esos casos “intervienen muchos intereses”.
El proceso de la Fiscalía involucra a Guzmán López, miembro de una facción del Cártel de Sinaloa conocida como “Los Chapitos”, y otras personas que participaron en la entrega del capo, de 76 años, que durante décadas logró eludir a las autoridades y que nunca había pisado una cárcel y era conocido por su poder corruptor.
El sábado el abogado Frank Pérez dio a conocer un escrito de dos páginas, mecanografiado y sin rúbrica, en el que el capo afirmó que tras ser citado a una reunión por Guzmán López en un centro de eventos de las afueras de Culiacán, capital de Sinaloa, fue golpeado, maniatado y encapuchado antes de que ser subido a un avión privado que lo llevaría a Estados Unidos, donde fue entregado a las autoridades de ese país mientras Guzmán López se rendía.
Según “El Mayo”, actualmente encarcelado y acusado en cortes estadounidenses de diversos cargos por narcotráfico, en el encuentro participarían Iván Guzmán —otro hijo de “El Chapo”—, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y un congresista electo, que fue asesinado el día de la detención.
Rocha, quien es integrante del partido de gobierno, negó el fin de semana cualquier vínculo con los dos narcotraficantes y dijo que el día del arresto no estaba en Sinaloa.
López Obrador expresó el lunes su respaldo a Rocha y pidió que se aclare el asesinato del diputado electo, Héctor Melesio Cuén, quien según la Fiscalía estatal murió en un intento de robo.
Zambada está acusado en Estados Unidos de varios cargos, incluido el de asociación delictiva para fabricar y distribuir fentanilo. Las autoridades consideran que estaba más involucrado en las operaciones cotidianas del cártel que quien fuera su jefe más conocido, “El Chapo”, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos en 2019.