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López Obrador retoma ideas del llamado “plan B”, como reducir el Congreso de la Unión, reemplazar al INE por el INEC y elegir a las consejerías y magistrados por voto popular.
Con Información de EL UNIVERSAL
En materia electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador retoma ideas del llamado “plan B”, como reducir el Congreso de la Unión, reemplazar al INE por el INEC y elegir a las consejerías y magistrados por voto popular.
La iniciativa del Ejecutivo retoma el intento de suprimir al Instituto Nacional Electoral (INE) y crear en su lugar el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) como autoridad electoral independiente, que asumiría la función de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
En los artículos transitorios brinda un plazo de un año para renovar las consejerías electorales del INEC y las magistraturas del TEPJF, a partir de la fecha de entrada en vigor del decreto.
La Cámara de Diputados y el Senado de la República contarán con un plazo de 30 días naturales posteriores a la entrada en vigor del decreto para que emitan la convocatoria respectiva.
“Para la integración del INEC, se elegirán siete consejeros y presidirá el organismo aquél que haya obtenido la mayor votación. En lo que respecta a la Sala Superior del TEPJF (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación), se elegirá también a las siete personas magistradas; la presidencia se definirá por elección de sus integrantes y se ocupará por un periodo de cuatro años”, expone.
Plantea reducir a los integrantes del Congreso, de manera que queden únicamente 300 integrantes en la Cámara de Diputados y 64 en el Senado de la República.
La elección se realizaría mediante el sistema de mayoría relativa uninominal, votados de manera directa y secreta por la ciudadanía en cada uno de los distritos electorales, y en el caso de la Cámara de Diputados la representación no puede ser menor a dos legisladores por estado.
Otro punto es la elección de consejerías del INE, magistrados del Tribunal Electoral, ministros y jueces para que sean elegidos mediante 50% del financiamiento público para campañas y prerrogativas de partidos políticos.
Además, propuso reducir de 40% a 30% la participación en las consultas populares y revocación de mandato, a fin de que los resultados sean vinculantes.
Amplía el catálogo de temas que no pueden ser sometidos a consulta popular, incluyendo el sistema fiscal (sus bases, tasas y tarifas), así como la organización, funcionamiento y disciplina de la Guardia Nacional.
En cambio, plantea que sí puedan ser objeto de discusión la materia electoral y las obras de infraestructura en ejecución.
Otros puntos incluyen la disminución de los regidores a nivel de gobierno municipal, así como reducir el “uso excesivo” de estructuras burocráticas electorales.
Asimismo, busca elevar a rango constitucional el uso de tecnologías de la información para impulsar el voto electrónico, aunque advierte que antes de implementarlo en su totalidad “se deberán ensayar tanto diversas tecnologías como mecanismos de certificación, autenticación y encriptación, así como modelos híbridos que combinen testigos documentales con tecnologías de la información y comunicación, hasta lograr mecanismos que brinden certeza a la ciudadanía en el respeto y conteo de cada uno de los votos“.
*Elecciones:
-Eliminar plurinominales para dejar 300 diputados y 64 miembros del Senado.
-Elección por voto popular de consejerías del INE, magistrados, ministros y jueces.
-Reducir el financiamiento para los partidos y las campañas electorales.
-Reducir a 40% la participación en consultas populares y revocación de mandato para que los resultados sean vinculantes.
-Disminuir el número de regidurías.