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Los críticos dicen que la estrategia de AMLO de tratar de contener la violencia reduciendo la confrontación directa con los grupos criminales ha alimentado el problema.
Reuters
La reciente muerte a machetazos de presuntos miembros de un cartel de la droga a manos de granjeros de una pequeña población de México a los que estaban exigiendo dinero a cambio del llamado “derecho de piso” arrojó una dura luz sobre uno de los mayores problemas de seguridad del país: la extorsión.
Si bien el Gobierno ha reducido los asesinatos, la extorsión es mucho mayor ahora que cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo en diciembre de 2018, lo que la convierte en un riesgo importante para la economía que ha sido objeto de relativamente poco escrutinio.
Los críticos dicen que la estrategia del mandatario de tratar de contener la violencia reduciendo la confrontación directa con los grupos criminales ha alimentado el problema porque les ha dado más espacio para aprovecharse de las empresas.
“La creciente extorsión no ha acaparado los titulares, pero ha sido la consecuencia aún más corrosiva de una estrategia de seguridad que nunca mereció esa etiqueta”, dijo Falko Ernst, analista senior del International Crisis Group.
López Obrador niega que su estrategia haya alimentado la impunidad, pero dijo después de un sangriento choque entre extorsionadores y aldeanos en Texcapilla, a unos 120 kilómetros al suroeste de la capital, que México debe luchar contra el problema. Su oficina no respondió a una solicitud de comentarios sobre esta historia.
Las víctimas registradas de extorsión aumentaron casi un 60%, de 6,895 en 2018 a 10,971 en 2023, período durante el cual los homicidios cayeron un 12%, según muestran datos oficiales.
Los empresarios que se niegan a pagar generalmente son amenazados con violencia contra ellos mismos, sus familiares o trabajadores, o con la destrucción de sus propiedades.
Siguiendo un enfoque que él llama “abrazos, no balazos”, López Obrador sostiene que la violencia no se resuelve con más violencia y que la respuesta está en mejorar los niveles de vida con programas de bienestar y mejores salarios para erradicar la pobreza crónica y desigualdad que alimentan el crimen.
La seguridad frecuentemente encabeza las encuestas entre las principales preocupaciones de los votantes antes de las elecciones presidenciales del 2 de junio para suceder al gobernante, quien según la ley mexicana no puede volver a postularse al cargo.
Incluso algunos aliados cercanos de la sucesora elegida por López Obrador, la exalcaldesa de Ciudad de México Claudia Sheinbaum, la gran favorita para ganar, dicen que los criminales se han sentido envalentonados bajo su mandato.
“Este ha sido el sexenio en donde el ‘otro lado’ ha estado mas cómodo en los ultimos 25 años. Así o peor”, dijo un asesor de Sheinbaum.
La candidata presidencial ha defendido a la administración, al tiempo que prometió “impunidad cero” y destacó su propio historial en materia de seguridad en la capital, donde los asesinatos disminuyeron mucho más.
Ernst, que monitorea de cerca el crimen organizado en algunos de los estados más ingobernables de México, dijo que la política de López Obrador había al menos implícitamente indicado a los grupos delictivos que tenían libertad para actuar siempre que no descarrilaran la narrativa oficial de que “las cosas están mejorando”.
La mayoría de las extorsiones no se denuncian por temor a represalias. Un estudio reciente realizado por un grupo de expertos del Senado mexicano dijo que México sufre unos 13,000 actos de extorsión diariamente.
La impunidad ha alentado a los cárteles a involucrarse en una creciente cartera de “extractivismo” que afecta cada vez más a los alimentos básicos, amenazando la estabilidad económica, argumentó Ernst.
Un alto ejecutivo mexicano, que habló bajo condición de anonimato, dijo que sus negocios estaban siendo atacados mucho más por el crimen organizado que bajo cualquier gobierno anterior y que en sus negocios tenían que hacer pagos regulares para seguir funcionando en algunos estados.
Otro relató cómo su compañía simplemente cerró sus operaciones en un estado en lugar de acceder a las demandas de los extorsionadores.
Al mismo tiempo, López Obrador ha puesto miles de millones de dólares en infraestructura pública y oficinas tradicionalmente civiles en manos militares, lo que genera preocupaciones de que las Fuerzas Armadas estén siendo politizadas y distraídas de sus deberes principales.
“La gente esta harta de sentirse indefensa”, dijo Carlos Heredia, analista político del centro de estudios CIDE de México. “Objetivamente hay un retroceso profundo en la afirmación de la autoridad del estado”.
El Ejército no respondió a una solicitud de comentarios.