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El magistrado José Alfonso Montalvo Martínez, secretario ejecutivo del pleno del CJF, aseguró que la partida para bonos de riesgo que el Poder Judicial solicitó en el proyecto de Presupuesto para el año 2024
Con Información de EL UNIVERSAL
El magistrado José Alfonso Montalvo Martínez, secretario ejecutivo del pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), aseguró que la partida para bonos de riesgo que el Poder Judicial solicitó en el proyecto de Presupuesto para el año 2024, está plenamente justificada, pues la vida de los jueces y magistrados peligra 24 horas al día los siete días de la semana.
Lo anterior al responder un cuestionamiento del diputado de Morena, Hamlet García Almaguer, como parte de una reunión de trabajo entre autoridades del Poder Judicial con integrantes de la Comisión de Presupuesto.
“No están pidiendo, por concepto de bono de riesgo, mil 177 millones de pesos, y yo esperaría que estos pagos de riesgo fueran compartidos con ese personal que tanto importa y que tanto vale, con los actuarios o los secretarios, sin embargo, me llevé una sorpresa muy dolorosa porque aplica solo para jueces y magistrados, para el resto del personal ese bono es igual a cero”, cuestionó el legislador guinda.
En respuesta, el magistrado señaló que se trata de una contraprestación al riesgo que los jueces y magistrados asumen por su labor.
“Asumimos en una sobreexposición a nuestra vida, nuestra vida está en riesgo asunto por asunto, y no solamente se limita a los asuntos penales, tenemos casos emblemáticos, en 2020 ocurrió un artero asesinado de un juez y su esposa en Colima derivado de su función, pero constantemente hay asesinatos, secuestros, y muchos casos en los que nuestra vida está en riesgo momento a momento”, respondió.
El magistrado agregó que para el personal operativo y medio existe otro concepto que no tienen jueces y magistrados para equilibrar esa prestación.
Durante el encuentro, Hamlet García también cuestionó la partida por casi 4 millones de pesos para jardinería, y mostró fotos de diversas sedes de la corte que no tienen jardines ni áreas verdes.
Al respecto, Gisela Morales González, Oficial Mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), recordó que el Poder Judicial tiene cerca de una centena de edificios, y no unos cuantos como los que mostró el legislador, y agregó que los servicios de Jardinería incluyen labores de control y exterminación de plagas y fumigación, toda vez que los expedientes generan mucho papel el cual se almacena en archivos, lo que hace necesaria la realización de campañas permanentes de fumigación.
Otro cuestionamiento fue el salario bruto de jueces y magistrados, que aunado a sus prestaciones, superan los 5 millones de pesos anuales.
Al respecto, Morales González reconoció que es correcta la información, y recordó que “es la misma que ustedes aprobaron el año pasado y los anteriores, los mismos conceptos y los mismos montos, y se trata de derechos adquiridos”.
En su oportunidad, el diputado del PT, Reginaldo Sandoval cuestionó que en el Presupuesto, el Poder Judicial haya solicitado cero pesos para infraestructura, y aprovechó para hablar de los fideicomisos del poder judicial recién extintos.
“La Auditoría Superior de la Federación observó que estos fideicomisos se rigen por acuerdos que “no se ajustan a los criterios de austeridad y racionalidad””, acusó.
En respuesta, la oficial mayor aclaró que los fideicomisos que ya no están, estaban vinculados a los derechos de los trabajadores del Poder Judicial, los cuales “están contenidos en las condiciones generales de trabajo del personal”, y advirtió que “de no existir los fideicomisos y mantenerse la obligación”, “pues tendrían que incorporarse estos recursos en el presupuesto”.
Puntualizó que en el PEF solicitaron cero pesos para infraestructura y creación de órganos, “justamente porque teníamos un fideicomiso destinado en infraestructura y teníamos pensado tomar los mil millones de pesos que se necesitan de ese fideicomiso”.
Finalmente, la funcionaria del Poder Judicial recordó que para el año 2024 solicitaron 84 mil 792.4 millones de pesos, “lo que representa en términos reales un incremento de 4 por ciento”, y aseguró que en los últimos años “el Poder Judicial y sus diferentes órganos han estado implementando diversas medidas de racionalidad y de austeridad”, generando ahorros, solo en 2022 por mil 337.8 millones de pesos.