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Las conclusiones del Segundo Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia refiere que la desaparición de los normalistas constituyó un crimen de Estado.
Con información de SIN EMBARGO
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, destacó que la desaparición de los 43 normalistas fue “un crimen de Estado” que se fraguó desde lo más alto: el expresidente Enrique Peña Nieto, quien presidió el momento en que se pactó la construcción de la llamada “verdad histórica”.
Las conclusiones del Segundo Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia refiere que la desaparición de los normalistas constituyó un crimen de Estado, las autoridades federales, estatales y municipales sabían de su movilización, acciones y omisiones de participación y que se permitió la desaparición y ejecución de los estudiantes y el homicidio de otras seis personas.
“Las autoridades federales, estatales y municipales del más alto nivel fueron omisas y negligentes, existen elementos suficientes para presumir que se alteraron hechos, evidencias y circunstancias para crear una conclusión ajena a la verdad”, expuso el informe.
Encinas indicó que todo apunta a que los estudiantes ya no se encuentran con vida, sino que fueron ultimados.
El funcionario federal también reconoció que el grupo criminal Guerreros Unidos, principal señalado por la desaparición de los 43 normalistas según la verdad histórica, operaba en el estado de Guerrero con vínculos con las corporaciones responsables de la seguridad pública y el combate al narcotráfico en la región, como incluso la DEA pudo corroborar por medio de intervenciones de vías de comunicación que realizó la agencia estadounidense.
Asimismo, reiteró que en ningún momento se identificó un vínculo de los normalistas con ningún grupo delictivo.
A partir de este informe, indicó Alejandro Encinas, se identificaron 434 actores relevantes que participaron tanto en la desaparición de los estudiantes en 2014 como en la construcción de la “verdad histórica”, de los cuales 109 pertenecían a la delincuencia organizada, 125 a policías municipales de la región, 35 del Gobierno estatal, 12 de Gobierno municipal, 39 de las Fuerzas Armadas, 36 del Gobierno federal y 78 otros. De ellos, 22 elementos de la Sedena, principalmente del 27 Batallón de Infantería.
Dijo que por la desaparición de los estudiantes hay 132 detenidos, de los cuales 41 son de Guerreros Unidos y 71 policías, y que el caso Ayotzinapa se trató de un crimen de Estado, en el que la omisión de las autoridades permitió la desaparición. Además de esto, hay 51 órdenes de aprehensión pendientes y tres solicitudes de extradición, entre las cuales se encuentra Tomás Zerón.