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México superó el año pasado la cifra histórica de más de 100,000 personas desaparecidas desde que hay registro.
EFE
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió este miércoles a las instituciones de seguridad mexicanas abrir su información para esclarecer las desapariciones del país, que padece una crisis de más de 110,000 personas no localizadas.
En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la ONU-DH llamó en un comunicado “a las instituciones de seguridad e inteligencia a garantizar el acceso a la información que permita esclarecer lo ocurrido”, encontrar a los desaparecidos y “sancionar a los responsables”.
“Los controles civiles y democráticos sobre los aparatos de seguridad e inteligencia deben asegurarse, más aún cuando hay evidencia de que sus funciones en ocasiones se han desviado. Dichos aparatos deben actuar conforme a la ley y perseguir fines legítimos” sostuvo Jesús Peña, representante adjunto en México de la ONU-DH.
México superó el año pasado la cifra histórica de más de 100,000 personas desaparecidas desde que hay registro, lo que refleja una persistente crisis relacionada con la violencia del crimen organizado.
Activistas y familiares han acusado a las Fuerzas Armadas e instituciones de seguridad de obstaculizar investigaciones para esclarecer los hechos, como en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotizapa en septiembre de 2014.
Además, la semana pasada renunció la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana, por presuntas presiones del presidente Andrés Manuel López Obrador para modificar el censo de desapariciones, algo que el Gobierno ha negado.
La ONU-DH reconoció que “México tiene avances normativos e institucionales”, pero consideró “necesario que los aparatos de seguridad e inteligencia se sumen plenamente a estos esfuerzos y superen las resistencias para colaborar con las instancias especializadas”.
“Las negativas y obstáculos en esta materia, además de socavar los derechos de las víctimas, trastocan el derecho a saber, debilitan la confianza en las instituciones y contradicen lo dispuesto por normas e instrucciones giradas incluso desde las más altas autoridades del Estado”, estableció el organismo en su pronunciamiento.
La agencia de las Naciones Unidas también solicitó “preservar la integridad de todos los archivos, registros y bases de datos indispensables para garantizar los derechos de las víctimas”, como lo resaltó el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada durante su visita a México en noviembre de 2021.