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La Consejería señala que el derecho de todas las personas para gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones debe ser garantizado por el Estado.
Con información de EL UNIVERSAL
Ante la SCJN, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) argumentó la validez de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias y Tecnologías e Innovación (LGHCTI), pues “cumple” con garantizar el derecho humano a la ciencia y su orientación para la resolución de los problemas nacionales, como establece la reforma constitucional de 2019.
Ello ante las acciones de inconstitucionalidad que presentaron diversos diputados y senadores de oposición en contra de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias y Tecnologías e Innovación (LGHCTI).
La CJEF aseguró que con la nueva ley del Conahcyt se salvaguardan las libertades de investigación, de cátedra y de expresión, necesarias para el desarrollo democrático de las humanidades, las ciencias, la tecnología y la innovación.
“Esta ley general vincula la producción científica con la solución de las necesidades sociales, como la pobreza extrema, la salud o la inseguridad, entre otras. Se implementan Programas Nacionales Estratégicos orientados a diagnosticar, prospectar y proponer acciones y medidas para la prevención, atención y solución de las problemáticas nacionales”.
Explicó que al reasignar miles de millones de pesos —”que eran dilapidados en empresas privadas, incluso trasnacionales como Monsanto o Coca Cola, o mediante subsidios a pequeñas élites oligárquicas que vivían del erario”— se evita el dispendio de recursos públicos, como ocurría en gobiernos anteriores.
La Consejería dijo que través de 91 fideicomisos se entregaron, a fondo perdido y sin justificación, alrededor de 42 mil millones de pesos a la iniciativa privada.
Recordó que cuando ahora diputado Juan Carlos Romero Hicks (PAN) encabezó Conacyt de 2006 a 2011, mediante el programa Innovatec, entregó recursos por 36 millones de pesos a la empresa Kimberly Clark de México, SAB de CV, para supuestamente desarrollar programas de investigación con el fin de mejorar la calidad de pañales y el papel higiénico. “¿Cuál fue el beneficio social para la población?”.
Cuestionó que el diputado Santiago Creel (PAN), su último día como presidente de la Cámara de Diputados, haya solicitado a la SCJN dar atención prioritaria a las acciones de inconstitucionalidad 126/2023 y 128/2023, con la finalidad de revertir una reforma que permite que todos los estudiantes de posgrado en escuelas públicas cuenten con un tipo de beca.
La Consejería señala que el derecho de todas las personas para gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones debe ser garantizado por el Estado.
Por ello –agregó- la SCJN debe confirmar la validez de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias y Tecnologías e Innovación, en respeto a la libertad del Congreso de la Unión consagrada en la Constitución.