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El Centro Prodh anunció el lanzamiento de una guía práctica para familiares de personas desaparecidas, con el objetivo de brindar herramientas e información para el seguimiento a sus carpetas de investigación.
Con información de EL UNIVERSAL
A raíz de que hay 110 mil 745 personas desaparecidas y no localizadas, el Centro Prodh anunció el lanzamiento de una guía práctica para familiares de personas desaparecidas, con el objetivo de brindar herramientas e información para el seguimiento a sus carpetas de investigación.
De manera paralela, según el Diario Oficial de la Federación, ayer inició operaciones el Banco Nacional de Datos Forenses, el cual, dice el organismo no gubernamental, debe ser vigilado para una correcta operación.
El banco se integra por la interconexión gradual de las bases, registros y sistemas; Registro Nacional de Fosas Comunes y de Fosas Clandestinas; Registro Forense Federal; Base Nacional de Información Genética; Registro Nacional de Detenciones; Registro Nacional del Delito de Tortura; Registros de Antecedentes Criminales; Sistema Nacional de Información Nominal (SININ); Sistema Automático de Identificación de Locutores (ASIS) y Sistema de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS).
Por su lado, el Centro Prodh en defensa de los derechos humanos subraya que aún falta mucho por hacer y que es necesario vigilar que el banco funcione. También, que se dediquen todos los esfuerzos para revertir la crisis forense y que la Fiscalía General de la República (FGR) cumpla con la demanda en la identificación de cuerpos, recalca.
El Centro Prodh puso a disposición La guía práctica para familiares en búsqueda de personas desaparecidas, con el objetivo de brindar herramientas e información para el seguimiento de las carpetas de investigación.
Como ejemplo de la problemática, Abigail Cruz, hija de Federico Cruz, quien fungía como segundo secretario del Consejo de Vigilancia en la comunidad de San Miguel Cajonos, Oaxaca, indicó que su padre lleva desaparecido más de cinco años. El 7 de agosto de 2022, familias de personas desaparecidas y el colectivo de San Miguel Cajonos participaron en la clausura simbólica de la Fiscalía General de la República, en Insurgentes 20, ya que exigían que se definiera el Banco Nacional de Datos Forenses.
Al no tener una respuesta favorable, el 22 de octubre realizaron una conferencia de prensa y también interpusieron un amparo en el que el juez resolvió a favor de la creación del Banco Forense, otorgando a la FGR 40 días para cumplir dicha resolución.
Pese al fallo, Cruz reflexiona que “los familiares de personas que tenemos un desaparecido podemos decir que esto es por la lucha, el esfuerzo de las más de 110 mil 745 desaparecidos”. Reitera la felicidad que tiene, aunque se esté cumpliendo tarde, pues no se asegura que puedan cumplir su función con el banco, ya que la mayoría de las instituciones no tienen empatía con las familias, “la mayor parte nos ha fallado”, recalca Abigail.
Federico Cruz Morales y Álvaro Bernardo Reyes Cruz, autoridades de San Miguel Cajonos, llevan asimismo más de cinco años desaparecidos tras un conflicto comunitario y una disputa por el uso de recursos naturales de la zona con la comunidad vecina de San Pedro Cajonos, ambas pertenecientes a la Sierra Norte.
Ambos desaparecieron el 27 de diciembre de 2017. “Es un desgaste físico, sicológico y económico. Muchas familias por cuestiones económicas desisten en la búsqueda, ya que es endeudarse y perder el trabajo, pero la vida de un familiar no tiene precio”, reitera Abigail Cruz.
Las familias de estos desaparecidos han participado en el Informe de trabajo del Sistema Nacional de Búsqueda que se llevó a cabo en Palacio Nacional.
Hasta 2021 Oaxaca era uno de los estados sin comisión de búsqueda; en junio de ese año se designó a Edilberta Cruz Regino como presidenta de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, quien tomó protesta en el congreso local.
En estos años, los familiares de Cruz Morales y Reyes Cruz han recorrido varias instancias locales, federales e internacionales, ya que participaron en las mesas de trabajo durante la visita de la misión de Naciones Unidas sobre los casos de desaparición forzada antes de la recomendación emitida por la ONU en abril de 2021. “Solo nos falta ir a la Corte Interamericana” de la OEA, comenta uno de los familiares.