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En un comunicado difundido poco después del anuncio del presidente, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú expresó su “respeto del orden constitucional establecido”.
EFE
La decisión adoptada este miércoles por el presidente de Perú, Pedro Castillo, de cerrar el Parlamento y convocar un “Gobierno nacional de emergencia” recuerda inevitablemente lo ocurrido el 5 de abril de 1992, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori anunció en un mensaje a la nación la disolución del Congreso y la toma bajo su control de todos los poderes del Estado.
El denominado “autogolpe de Fujimori”, que estuvo avalado por las Fuerzas Armadas, supuso un quiebre en el orden constitucional del país, algo que se repite hoy, 30 años después, en opinión tanto de legisladores opositores como de parlamentarios que hasta ahora apoyaban al Gobierno de Castillo.
“Esta decisión configura un golpe de Estado y se aleja de todos los marcos constitucionales”, aseguró este miércoles la legisladora izquierdista Ruth Luque, cuya agrupación ha respaldado habitualmente la permanencia de Castillo en el poder.
“Es claramente un golpe al estilo del 92”, comentó en referencia a la acción de Fujimori, que gobernó Perú en el periodo 1990-2000 y actualmente cumple condena en prisión.
Pero a diferencia de lo que sucedió entonces, cuando los tanques de la División Blindada salieron a las calles de Lima y rodearon el Congreso de la República, el Palacio de Justicia y los principales edificios institucionales y los militares arrestaban a dirigentes opositores, en esta ocasión, las Fuerzas Armadas dieron la espalda a Castillo.
En un comunicado difundido poco después del anuncio del presidente, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú expresó su “respeto del orden constitucional establecido”.
El artículo 134 de la Constitución política establece que el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si este ha censurado o negado de su confianza a dos Consejos de Ministros.
Tras “invocar a la ciudadanía a mantener la calma y confiar en las instituciones del Estado legalmente establecidas”, militares y policías recalcaron hoy que cualquier acto contrario al orden constitucional establecido constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú”.
En 1992, Fujimori fundamentó su decisión de constituir un “Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional” en que el Congreso, donde carecía de mayoría, era “obstruccionista” y le impedía gobernar. En efecto, el partido del presidente sólo tenía 32 diputados (de un total de 180) y 14 senadores (de un total de 62).
“A la inoperancia del Parlamento y corrupción del Poder Judicial se suma la evidente actitud obstruccionista y conjura encubierta contra los esfuerzos del Gobierno por parte de algunas cúpulas partidarias (…) con el único interés de bloquear las medidas económicas que conduzcan al saneamiento de la situación de bancarrota que precisamente ellas dejaron”, dijo Fujimori aquella noche del 5 de abril.
Además de disolver el Parlamento, el “Fujimorazo” supuso la reorganización del Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público, instituciones todas ellas sumidas en la corrupción, a decir del entonces mandatario.
Los opositores arrestados presentaron tiempo después denuncias por secuestro, ya que sus detenciones se habían llevado a cabo al margen de lo que establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Aquel autogolpe contó con un gran apoyo popular, que una encuesta de la época cifró en el 80 %, pero los ciudadanos también pedían mayoritariamente elecciones parlamentarias anticipadas a fin de que se restituyera el sistema democrático cuanto antes.
La decisión de Alberto Fujimori se dio en un contexto político y social especialmente convulso, con las acciones violentas de Sendero Luminoso y la “guerra sucia” del aparato del Estado contra el movimiento guerrillero.
Hoy, Fujimori -durante cuyo mandato se produjo la crisis de los rehenes en la Embajada de Japón, entre 1996 y 1997- está condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad y delitos de corrupción.
Su hija, Keiko Fujimori, disputó la presidencia en segunda vuelta a Pedro Castillo, el profesor rural de 51 años que en junio del año pasado obtuvo el 50.12% de los sufragios frente al 49.88 % de su rival. El bloque de diputados afines a Fujimori ha sido uno de los más activos opositores al presidente Castillo, que este miércoles protagonizó un intento fallido de autogolpe de Estado.